De frente a las elecciones más importantes y numerosas en la historia de México, el asesinato de políticos, candidatos, precandidatos y funcionarios públicos se convierte en noticia diaria, para llegar al 6 de junio con las urnas manchadas de sangre.
En diferentes estados de la República la sangre de gente relacionada con la política ha corrido como si fueran ríos, atentando no sólo contra la vida de quienes fueron asesinados sino contra la democracia y contra el país. Matar a un candidato o inhabilitarlo para concursar, atenta contra la libertad de la población para elegir a quienes consideran deben gobernar.
Impedir que llegue a la candidatura o a la jornada electoral acusa falta de convicción democrática y convierte en delincuentes a quienes sabotean la competencia electoral libre.
Apenas el 31 de marzo, la excandidata a la presidencia municipal de Astacinga. Veracruz, por el PAN, María Guadalupe Reyes Raygoza, fue asesinada a balazos por dos sujetos. Fue trasladada a un hospital de Tlaquilpa en la sierra de Zongolica, donde perdió la vida.
Un día antes, el 30 de marzo, en Apaseo el Grande, Guanajuato, fue asesinado el candidato perredista a regidor en el ayuntamiento de ese municipio, Alejandro Galicia Juárez, estaba acompañado del delegado del Comité Estatal del PRD, Juan Ignacio de la Cruz Ávila, quien también murió en el atentado.
Días antes, el 25 de marzo, el candidato a diputado local de Fuerza por México por Nuevo León, Mayco Fabián Tapia Quiñones, fue asesinado de cuatro balazos, aparentemente por defender a una mujer de ser asaltada.
Todavía está fresca en la memoria de los mexicanos el asesinato de dos mujeres en Veracruz, ocurrido el 15 de febrero del presente año. La exalcaldesa y exdiputada local del PRI, Gladys Merlín Castro, y su hija de 27 años, Carla Enríquez, fueron asesinadas en Cosoleacaque, al sur de Veracruz.
Ni siquiera en tiempos de la Revolución Mexicana, cuando la legalidad empezaba a imponerse a partir de la nueva Constitución, había tantas muertes de candidatos y personas vinculadas a la vida política del país.
Pero éstas no son las únicas formas de deshacerse de los contrincantes políticos peligrosos, el 13 de marzo fue ilegalmente detenido por policías estatales, el precandidato a una diputación federal del PRD por el norte de Veracruz, Rogelio Franco Castán. Lo primero que dijo su familia es que “antes no lo mataron”, pero sí tratan de asesinarlo políticamente al impedirle que compita en las urnas por estar encarcelado a causa de un delito que prácticamente fue inventado para él exclusivamente. A grado tal que ya le nombran la Ley Franco el Factor Franco a toda detención arbitraria en el estado y en el país.
Porque la noticia dio la vuelta al mundo ante la prepotencia y arbitrariedad de las autoridades responsables de su detención. El delito que se inventó en el momento de la detención lo llamaron “ultrajes a la autoridad”, que es una especie de resistencia a la aprehensión, lo cual no sucedió porque Franco Castán estaba amparado contra un delito del orden familiar, por ello en ningún momento mostró resistencia a ser detenido.
Como estos casos hay muchos en los que impiden que líderes naturales lleguen a puestos de elección popular porque en muchos de estos casos saben que los candidatos impuestos serán rebasados por quienes conocen la verdadera problemática de los habitantes que representarán en las Cámaras o bien al frente de alguna alcaldía.
Es urgente que se detengan estos atentados a la sociedad mexicana y que se castigue de manera ejemplar a quienes resulten responsables de asesinar a los candidatos, lo mismo que a los autores intelectuales.
Recordemos que hace 27 años fue asesinado Luis Donaldo Colosio, por esas mismas causas. No querían que llegara a la Presidencia de la República por intereses que no convenían seguramente a quienes tenían privilegios que defender.
La política mexicana no debe seguir manchándose de sangre y menos aún en tiempos electorales, donde cada asesinato tiene intenciones que defienden intereses ilícitos. No podemos regresar al pasado salvaje.
No podemos llegar a un enfrentamiento entre mexicanos ante la presencia de una ola de asesinatos que tardan mucho tiempo en ser esclarecidos. PEGA Y CORRE. – Nada bueno se espera en el futuro de los consejeros electorales después de las elecciones del 6 de junio. El partido en el poder, los medios, la oposición y la población no sólo quieren que se vayan del INE sino juicio político y cárcel para los consejeros electorales… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.