Ni en tiempos de mayor represión del Porfiriato se habían visto acciones contra la oposición de la dimensión que ahora suceden. Toda la fuerza del Estado contra opositores que le significan un peligro y que pueden abollarle la corona al gobernador Cuitláhuac, quien usa a su servidumbre para no tener contrincantes de peso; en primer lugar, la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández, y la otra es la jueza Alejandra Castellanos Priego, que está a las órdenes del dictador de la entidad, quien le pidió crearle delitos a Rogelio Franco Castán para impedir que compitiera por una diputación federal.
El gobernador dejó como niño de pecho a Porfirio Díaz y le creó delitos a un hombre recto, de honestidad a toda prueba, con ideales firmes y sin más proyectos que servir a los ciudadanos. Se trata de una persona que conoce bien la gente dentro y fuera de Veracruz, desde que inició en su carrera política como diputado local, siempre dentro del PRD, partido donde inicia su vocación de servicio.
Pero esto no sucedería si no hubiera una orden de más arriba, es decir, del propio presidente de la República, quien selecciona no sólo a los candidatos de su partido, sino que limita la actividad política de los contrincantes, y este es un caso evidente. De otra manera ni la jueza, ni la fiscal ni el niño consentido del presidente actuarían arbitrariamente contra la ley.
Alejandra Castellanos Priego, de manera arbitraria, negó la libertad con un delito que se sacó de la manga ante la debilidad de las acusaciones anteriores de violencia familiar. Así, con el pretexto de “ultrajes a la autoridad”, dio su fallo para que el exdirigente estatal del PRD pase ocho meses en la cárcel sin derecho a fianza, como si se tratara de un delito grave. Pero la saña no termina ahí, porque Rogelio Franco estaba amparado en el momento de su aprehensión y dicho documento no fue respetado.
La población bautizó esta normatividad como la Ley Rogelio Franco, por ser la primera víctima de este delito convertido en ley por necesidades electorales, hecha a la medida de las necesidades políticas de Morena, del presidente y del gobernador, donde la jueza arremete ilegalmente contra el exsecretario de gobierno del estado de Veracruz.
Alejandra Castellanos contradice el impulso de las mujeres que en Veracruz han sido ejemplo de claridad y profesionalismo. Tentada por el servilismo y los intereses de grupo prefiere torcer la ley antes que cumplirla.
Ahora, para dificultar el trabajo de los defensores y hacer más complejo el problema para los familiares, Franco Castán fue trasladado de Tuxpan -donde fue detenido- hasta Amatlán de los Reyes, CERESO llamado de La Toma, ubicado en la región montañosa del estado, donde se violentan continuamente los derechos humanos de los reclusos, como una prueba más de la saña con la que es tratado este preso político a quien violaron todos sus derechos.
Los abogados defensores de Rogelio Franco insistieron en que el castigo es excesivo para el delito que le imputan.
Esta desproporción sólo ocurre cuando hay línea desde arriba del poder y no hay fuerza humana que pueda lograr que por lo menos obtenga el arraigo domiciliario y firma periódica en juzgados, porque la juez se negó contundentemente, como si se tratara de un delito grave. Además, señalan que la juez violó los derechos del imputado al desechar datos de prueba que pudieron servir para fijar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
Ante tales injusticias cometidas a la vista de toda la sociedad veracruzana, miles de ciudadanos encabezados por dirigentes estatales del PRD y del PAN se movilizaron en más de 100 municipios de la zona norte, centro y sur del estado, exigiendo la libertad inmediata del inculpado. Acción que seguirán realizado hasta que liberen a Rogelio Franco y se haga justicia con legalidad.
En Tuxpan el apoyo social superó los tres mil manifestantes durante la marcha del pasado 17 de marzo para exigir su liberación, la cual partió del puente Tuxpan hasta llegar al CERESO. La movilización estuvo encabezada por Luisa y Viviana, hijas de Franco Castán; Jesús Zambrano, líder nacional del PRD; Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Boca del Río y excandidato del PAN a la gubernatura de Veracruz; Sergio Cadena, líder estatal del PRD; José de Jesús Mancha Alarcón, exdirigente estatal del PAN y precandidato a alcalde de Tuxpan. También participaron presidentes municipales y diputados perredistas, entre ellos la diputada federal Norma Azucena Rodríguez.
Para los partidos de oposición y la sociedad veracruzana se trata de una persecución política; sin embargo, estas personas agradecen a Andrés Manuel López Obrador y a Cuitláhuac García Jiménez que no lo hayan asesinado, como ha sucedido con otros candidatos de la oposición que, al ver que pueden ganar en las elecciones y ser una piedra en el zapato para los intereses del poder y de la 4T, desaparecen o simplemente son asesinados, como sucedió con la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, quien tenía la intención de competir en las elecciones del 6 de junio por el PRI.
Entre otras de las víctimas mortales de la violencia electoral en el estado está el homicidio del diputado del PRI, Juan Carlos Molina Palacios, quien fue ejecutado cuando salía de su rancho en Jamapa.
Es decir, en lugar de competir limpiamente por una curul o un cargo en el gobierno, asesinan a los contrincantes con más arraigo, tratando de cortar de raíz su liderazgo natural para seguir manteniendo el poder en la entidad y en el país.
El gobernador Cuitláhuac García, como carece de iniciativa propia, sólo obedece a quien cada vez que va a Veracruz le dice piropos y eso lo hace creer intocable.
La figura legal del delito inventado como “ultraje a la autoridad”, que no existió según consta en video y testimonios de los presentes, recuerda aquella vieja consigna de Díaz Ordaz de “Disolución social”, cuando no podían reunirse más de tres jóvenes porque eran acusados de conspirar contra el orden y la legalidad.
Estamos regresando a los tiempos más represivos de la historia de México con la bandera de la Cuarta Transformación, y no hay nadie que pueda evitar tanta arbitrariedad.
El presidente de la República no vive sus mejores momentos, y se ha peleado con todos dentro y fuera del territorio nacional, creando un grave desprestigio a su administración y a la 4T.
Se peleó con Canadá con el pretexto de las compañías mineras, con España por estar en su país Iberdrola, que se dedica a la distribución de energía, pero cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde y se peleó con los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los empresarios de Bimbo, de Femsa, de Walmart y los que se acumulen esta semana.
El presidente, el gobernador y la servil jueza Alejandra Castellanos Priego, no se han dado cuenta que están haciendo un mártir de la ilegalidad y la represión, que puede convertirse en una bandera que en tiempos de elecciones puede ser muy dañino a Morena, a la Cuarta Transformación y al propio presidente de la República. PEGA Y CORRE. – La mañana del sábado fue encontrado el cadáver de la exdiputada y funcionaria del gobierno de Alejandro Murat, Ivonne Gallegos Carreño, hechos ocurridos sobre la carretera que conduce a Ocotlán de Morelos. También era precandidata a la Alcaldía de Ocotlán por la coalición “Va Por Oaxaca” … Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes