No es una frase más la de que las crisis no vienen solas.
Hace un año en México empezamos a vivir la de la pandemia por el entonces casi desconocido y nuevo virus nombrado por los expertos como SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2), aunque un mes antes, el 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había bautizado la enfermedad como Covid-19, este último número por el año en el que había comenzado a propagarse el mal en la ciudad de Wuhan, China.
A partir de la aparición de la nueva enfermedad, la historia de la humanidad comenzó a cambiar. Como consecuencia, derivaron otras crisis, como la económica, que a su vez produjo la del desempleo, y algunas más, que desde entonces venimos viviendo y padeciendo.
En Veracruz también apareció otro virus, igualmente desconocido hasta entonces, pero del que se creía que se controlaría y que, incluso, no sería maligno, o que, como en el viroma humano, sería asintomático, incluso, que podría llegar a tener efectos positivos, como los que existen en algunos organismos humanos y pueden mantener el sistema inmunológico preparado para responder a patógenos peligrosos: el virus del Morenismo, o no sé si los expertos terminen por llamarlo del Cuitlahuismo-18 (C-18), porque se inició en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, en diciembre de 2018).
Como creímos que sucedería con la del Covid-19, pensamos que la del C-18 también pasaría en pocos meses (tan pronto se superara. la curva de aprendizaje), pero no. Como con la otra, empezamos a ver pasar el tiempo y a recrudecerse. Luego de la inicial, vino una segunda oleada, que tuvo su pico con una Reforma Electoral, que finalmente se supo superar sin que alcanzara a causar mayor daño. Se pensó entonces que los fracasos, marcados por rechazos de tribunales superiores federales, servirían de vacuna, primera y segunda dosis juntas, y que Veracruz entraría en una fase de recuperación.
Pero, ¡oh desencanto!, de pronto apareció una tercera oleada de la pandemia del C-18, todavía más fuerte y más peligrosa, marcada por una ley de “ultrajes a la autoridad” y que los expertos de los medios han terminado por llamar de “ley garrote”, crisis que, a su vez, ha producido otra: la de “la letra chiquita” que, otra vez, los expertos mediáticos han bautizado como “se les chispoteó”.
En 2019 me ocupé suficientemente de la primera oleada de C-18; en 2020, de la segunda; la semana pasada empecé a comentar la tercera, la de la “ley garrote”. Abro la semana con la colateral a la tercera, la de la “letra chiquita” o “se les chispoteó”.
Con una… no sé si llamarle sinceridad, honestidad o ingenuidad, o un cinismo, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Solidario (antes Encuentro Social, la misma gata revolcada, pues), que está al servicio de Morena en el Congreso local, declaró que la “ley garrote” (o también “ley Franco”, porque se la aplicaron violando la ley y los derechos humanos del exsecretario de Gobierno) la aprobaron porque se les “chispoteó”, chespirianamente, ya que no leyeron la “letra chiquita” (Noemí Valdez, Notiver, 21-03-2021).
Con la propiedad de las buenas maneras que le es característica, con su voz de no mato ni una mosca, le dijo a la compañera reportera: “Lamentablemente el tema del ultraje a la autoridad no fue analizado a fondo, pero quiero decirles una cosa: de lo que he estado escuchando y analizando del tema, considero que hay un exceso de las funciones de la Fiscalía General en acato a lo que se aprobó. Yo siento que la ley no es para privar la libertad”.
Le pegó, y muy fuerte, casi al grado de intubación, la pandemia del C-18. Y ya contaminó, por lo pronto, a Rogelio Franco, a Eduardo Mario Casares y a una pareja joven que fue “intervenida” el sábado en el centro de Xalapa, siendo detenida ella y golpeado él, ambos por “ultrajes a la autoridad”, según una imagen que circuló en las redes sociales con datos precisos de los hechos.
O sea, ¡oh triste realidad!, que los señores diputados, presuntos representantes populares, aplican la máxima de mi general Francisco Villa: “Fusílenlo, después averiguamos” o “Primero fusilo después viriguo”, que con el tiempo el pueblo, el pueblo sabio, diría López Orador, tradujo en “denles en la madre (a los veracruzanos, obvio está, a los mismos que votaron por ellos) y después averiguamos”. Ni más ni menos.
¿¡Cómo que no leyeron el contenido del Decreto Número 848 que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 11 de marzo de 2021, que aumentó la severidad del castigo al delito de ultrajes a la autoridad!?
Ahora el señor, muy digno, nos sale con que la Fiscalía General del Estado está “sobreinterpretando” la ley y que por ello “se han cometido excesos” ¡No me diga usted! ¡Válgame Dios!
Otro cinicazo de marca, consumado chapulín y traidor de los que fueron sus partidos, que le valió que lo expulsaran de la bancada del PAN, y que anda de infiltrado en las reuniones de las diputaciones de oposición con sus dirigentes para ver cómo echan abajo la “ley garrote”, Rodrigo García Escalante, se excusó –publicó Noemí Valdez– y señaló que no leyeron el dictamen de la reforma debido a que no se los circularon con anticipación.
Con una gran desfachatez reconoció que fueron “exhibidos” por alzar las manos sin conocer los contenidos.
Digiere esto, valorado y sufrido lector y potencial víctima de esta bola de vendidos: “Nos faltó leer la letra chiquita, nos faltó tiempo, asumo la responsabilidad, y si se debe de corregir algo para no permitir el abuso de autoridad, lo haremos. Lamentablemente hemos caído en un círculo vicioso de sacar las cosas al cuarto para las doce. Asumo mi responsabilidad, y si se tiene que corregir algo, estamos en la disposición de hacerlo”.
Nunca en mi vida de reportero, de periodista, de columnista (más de 50 años, ya), leí algo más abominable. Durante muchos año fui reportero y cronista parlamentario en el Congreso local, pero nunca se llegó al nivel de alcantarilla de aguas negras en que la diputación de Morena y de casi de la mayoría de la oposición tiene convertida al Congreso local. Nunca.
Erikita Ayala, supuestamente del PRI (en los corrillos del Congreso las versiones dicen que está al servicio de Morena), salió también ahora con que: “no podemos permitir que haya vacíos que al momento de interpretarla (la “ley garrote”) se permitan abusos. Entonces, lo que hay que cuidar es que no se generen interpretaciones”.
No me cuente, señora diputada. ¿No podemos permitir… que se permitan abusos, que no se generen? Pero lo permitió. En los casos de los atropellos que se han cometido y que tuvieron amplia difusión, de tal forma que todo mundo se enteró, tal vez salvo usted, no vi ni escuché que alzara la voz para protestar por los “vacíos” que malinterpretaron la Fiscalía y la policía estatal y que se tradujeron en abusos, al Estado de derecho y a pacíficos ciudadanos.
De acuerdo a la reportera de Notiver, finalmente todos los diputados aceptaron que se “les fue” y no leyeron correctamente el dictamen, ¡ah!, y además, no me quedó claro si Guízar Valladares o García Escalante, o ambos, deslindaron al Congreso local de las críticas por el uso político que se le está dando a la reforma, aunque dijeron que “lo van a corregir”.
Pero mientras, todos estamos en peligro. El fin de la semana pasada, invitado por amigos, al llegar a una comida les dije que la iba a disfrutar al máximo porque tal vez sería la última en libertad en un bueno tiempo, pues por mi línea crítica, por lo que publico, la próxima podría ser un plato de gazpacho del que sirven en Pacho Viejo. Todo porque los diputados no leyeron “la letra chiquita”.
Pues cómo la van a poder leer, con los fogonazos que les disparan. ¿Sabías, lector, que cada diputado recibe mensualmente la nada despreciable cantidad de 233 mil pesos, 175 mil de “dieta” para realizar su “trabajo” (aprobar todo lo que les ordenan sin dárselos a leer; a ciegas, pues) más 58 mil pesos de su sueldo?
¿Verdad que está grave la pandemia por el C-18 y las crisis que ha desatado?