Parece que las aguas toman otro cauce. A ver si no se salen de control.
La mañana de este miércoles llegarán a Tuxpan las dirigencias nacional y estatal del PRD, diputados federales del sol azteca y militantes de ese partido para protestar por lo que consideran una arbitraria detención de su precandidato a diputado federal Rogelio Franco Castán.
El problema ya escaló a nivel nacional. A ver si no termina resolviéndose en la Secretaría de Gobernación. Aparte de que ofrecerán una conferencia de prensa, los dirigentes podrían encabezar una movilización, de la que habría que estar atentos.
La prensa nacional se hizo eco ayer de una declaración de Jesús Zambrano, líder nacional perredista, quien afirmó que el gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado manipularon la ley para poder detener a Franco.
El PRD señaló que tenía una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, pero que lo acusaron de ultrajes a la autoridad, figura legal para la que el Congreso local aprobó el jueves pasado sanciones más severas.
“Ultrajes a la autoridad”, pretexto para detener a inconformes
En pocos días luego de que se incrementaron las penas al delito de “ultraje a la autoridad” que, a juicio de los legisladores, representa un “hecho criminal”, ayer fue detenido con el mismo pretexto un empresario por salir a manifestarse y sin haber cometido ninguna falta contra ningún policía.
Frente a las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente, en Xalapa, fue detenido con lujo de fuerza y violencia el señor Eduardo Mario Casares, una de las voces más críticas contra la administración estatal y concesionario de un centro de verificación vehicular. Su intención era denunciar presuntos actos de corrupción en la dependencia.
Los testimonios no muestran que en algún momento el empresario haya intentado alguna acción contra los uniformados, unos 15 según compañeros del detenido.
La “grave” agresión a policías
La abogada Diana Armenta Rodríguez, una de las defensoras del exsecretario de Gobierno Rogelio Franco, dijo que la Fiscalía lo acusó de haberle roto la playera a un policía, prenda cuyo costo tasaron en 350 pesos.
Por su parte, José de Jesús Jiménez, otro abogado defensor, informó: “Es un supuesto daño irrisorio de 350 pesos; además de que el elemento policiaco refiere tener ahora mucho miedo y que requiere tres sesiones de psicología, cada una de 400 pesos, por lo que estamos hablando del monto de daños de aproximadamente mil 500 pesos…” (Claudia Montero, alcalorpolitico.com). El presunto delito no amerita prisión preventiva oficiosa pero le podrían imponer una pena de hasta dos años de prisión.
Ahora van por expresidenta del Tribunal Superior de Justicia
La siguiente detenida podría ser la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta. El pleno de la 65 Legislatura está citado para el viernes. El único punto a desahogar es la petición de juicio político en su contra.
La Comisión Instructora del Congreso dictaminó como procedente la solicitud para someterla a juicio político. Si procede, la destituirán y la inhabilitarán hasta diez años para ejercer un cargo público. Con el pretexto de “ultrajes a la autoridad”, podría también ser detenida.
La población, expuesta a cualquier atropello
En mis dos anteriores columnas comenté que la detención de Rogelio Franco obedecía a una acusación de presunta violencia familiar, pero que cuando lo iban a prender mostró un amparo. Entonces lo acusaron de “ultrajes a la autoridad”. Preventivamente le han impuesto ocho meses de cárcel (dejo claro, no defiendo su inocencia ni lo señalo de algún delito, eso corresponde determinarlo a un juez, conforme a Derecho).
De tal forma que si, por algún motivo, el gobierno nos quiere dañar, pueden intentar detenernos y si nos oponemos porque nos sabemos limpios de cualquier delito, entonces nos acusarán de “ultrajes a la autoridad” y de causarle “daño psicológico” a los cuicos.
Me preocupa como columnista que ejerce la crítica. ¿No le ha pasado que cuando ve que los policías están cometiendo un atropello contra alguien no se puede contener y les reclama? Ahora, con la mano en la cintura, lo podrán acusar de “ultrajes a la autoridad”.
Pero también me preocupan nuestros jóvenes, que siempre reaccionan con rebeldía frente a cualquier arbitrariedad. Ahora se los podrán llevar a prisión acusados de “ultrajes a la autoridad” (aparte de que los policías roban a los que detienen todo lo que traen encima).
Ayer comenté que con la complicidad de la diputación de Morena y de algunos de “oposición”, el pasado 11 de marzo el Congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado de Veracruz.
Incrementaron las penas a las conductas de ultraje a la autoridad, “con el objeto de que sean acordes con el hecho criminal que representa, ya que trastoca, en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana”.
Las reformas convierten en intocables a los policías
O sea, en pocas palabras (qué farragosa redacción la de la reforma), a partir del jueves pasado todo policía o agente, de cualquier corporación, se volvió intocable. Puede actuar con todo abuso contra la población sabiendo que nadie le puede decir nada porque si no, entonces, la acusaría de “ultrajes a la autoridad”.
Imagine que algún policía de Tránsito lo detiene y lo acusa (le inventa) que cometió una infracción, le pide una mordida, usted se molesta, reclama, se opone, entonces puede ir a parar al Cuartel San José o al reclusorio de Pacho Viejo acusado de “ultrajes a la autoridad”.
¿Por qué diputados de la “oposición” aprobaron esta reforma? Porque no piensan y no pensaron que es una espada de Damocles también para ellos. Escupieron para arriba. Cuando ya no tengan fuero y quienes los sucedan quieran actuar en su contra, les podrán acusar del “hecho criminal” de haber cometido “ultrajes a la autoridad”.
Tampoco nadie del gobierno cuitlahuista escapa a este abuso de autoridad que legalizaron. Ya lo veremos en el futuro. Construyeron una horca para colgar a sus enemigos, sin pensar en que un día también pueden pender de la misma soga. Se les olvidó que existe un efecto llamado bumerang.
De modo que si ahora alguien sospecha que intentan detenerlo, por el motivo que sea, y se ampara, de nada valdrá si de todos modos se lo quieren llevar a la cárcel. Dirán que se opuso y que “ultrajó” a la “autoridad”. No es suposición. Acaba de ocurrir un hecho que ha quedado expuesto a la luz pública.
Estamos expuestos, qué duda cabe, no solo a la delincuencia común y organizada, sino a la arbitrariedad y el abuso de la propia policía.
Me llama la atención que la reforma al Código Penal se aprobó en pleno proceso electoral, no sé si para intimidar a la oposición, pero hay de aquel que reclame por alguna anomalía, manden traer a la “autoridad” para que lo someta, se oponga y lo acusen de haber ultrajado a la señora (delicada y finísima persona) “autoridad”. Les pusieron el cañón de una pistola en la sien.
Diputados dejan desamparada a la población
La única voz que podría reclamar contra los abusos, como el que cometieron ayer contra el empresario de verificentros, es la de los diputados, pero todos guardan silencio. Le han dado la espalda a su electorado, lo han dejado solo.
Me vacuné y no, no veo color Morena
Bajo el entendido de que cada quien hace sus comentarios según le va en la fiesta, debo registrar que en mi caso no tuve mayores problemas para recibir la vacuna antiCovid-19.
Y no. Después de recibir la dosis no veía todo color guinda-Morena (después de todo, las vacunas las compran con nuestro dinero, el que pagamos con nuestros impuestos; no nos están regalando nada). Sí debo reconocer a los chicos de Manuel Huerta, a los llamados “servidores de la nación”, y, en mi caso, a las médicas que nos estuvieron orientando posvacuna.
En esta tarea, que tiene que ver con la salud de la población en general, le deseo todo el éxito al delegado de Bienestar y al equipo que lo acompaña en la tarea. Puedo estar o no de acuerdo con Manuel en muchas cosas, pero ahora está haciendo bien su trabajo por una causa de un gran sentido humano.