¿Una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera en manos de la estructura de Seguridad Pública? ¿Por qué actos de molestia previos a una histórica elección? ¿No hay un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) donde se observa, revisa, controla y sanciona cualquier acto contrario a lo que la norma permite? ¿Buscan Morena y la 4T utensilios y herramientas que incomoden, lastimen y dañen a sus adversarios?
El dictamen con proyecto de ley que la semana pasada se presentó en sesión extraordinaria del Congreso para modificar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública enviada por el Gobernador, curiosamente no se dirige a combatir la inseguridad, más bien es persecutoria.
Ahora resulta que, por encima de toda condición humana, nos quieren anclar una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica que parece convertir a Veracruz en un rehén y hasta con rasgos de esclavitud, contrario a nuestra Carta Magna.
Incluso transgreden otras normas como la legislación laboral vigente, al establecer la remoción libre del personal administrativo cuando que se debe privilegiar el servicio profesional de carrera.
Si quieren filtros en materia de recursos humanos deberían empezar haciéndo a un lado a tanto NO VERACRUZANO que hoy ocupa puestos en las estructuras de los poderes del estado, así como, en entidades públicas y organismos autónomos, y ni qué decir de las áreas de staff donde hasta extranjeros tienen. Deberían mejorar las condiciones de los policías y sus familias con salarios dignos, compensaciones y prestaciones, y no vulnerar derechos humanos y patrimoniales de las personas.
Afectan preceptos como el 115 constitucional (sobre el municipio libre), dado que ahora buscan que en la Conferencia de Seguridad Pública Municipal se conforme por 2 alcaldes y no los 212 o sea, ¿”quieren un club de cuates” para sesionar o creen que la inseguridad no es en todo Veracruz?
Peor aún, que los alcaldes informen al titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública sobre el ejercicio de sus recursos, no sólo es absurdo también es insólito y asombroso, contrario a la legalidad y hasta peligroso pues, la rendición de cuentas es al ORFIS y la ASF según el origen de los recursos a través del Congreso y su comisión de vigilancia, pero jamás al titular de la SESCESP (Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública) que no deja de ser un personaje administrativo y muy diferente a quien y quienes resultaron electos como lo son los alcaldes.
Hay otras prioridades qué atender. Valdría la pena revisar ahora en mayo en el periodo de la DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL el crecimiento de los servidores públicos morenos de 2018 a la fecha y seguro ahí veremos quién es quién, salvo que haya tapaderas oficiales.
¡ES CUÁNTO!