Quienes han ocupado algún cargo administrativo relacionado con el manejo de recursos en el Congreso del Estado saben muy bien que el Tesorero no expide el cheque de un nuevo pago si antes no le comprueban los gastos de uno previo que expidió.
Por eso llama la atención que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les detectó un gasto de más de 118 millones de pesos que no han podido justificar ni comprobar, de la Cuenta Pública 2019 (previamente al informe de la ASF a mí me habían dado la cifra de 300 millones de pesos, tal vez porque mis fuentes incluyeron la Cuenta Pública 2020).
En versiones manejadas en algunas columnas políticas, se ha comentado que la auditoría realizada en febrero pasado al Congreso local fue por petición del mismo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, para transparentar el uso de los recursos públicos asignados al Poder Legislativo, concretamente a los cincuenta diputados locales, treinta uninominales y veinte plurinominales.
Según, del total solo siete habrían comprobado plenamente sus gastos y otros siete estarían intentado hacerlo. Independientemente de la responsabilidad individual de cada diputado, para la ASF el responsable como ente es el Congreso, que tiene un cuerpo administrativo, además de que hay un Contralor, que es quien debe fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público.
¿Cómo es posible, pues, que se cayó en la irregularidad? ¿Por qué la Tesorera (en la actual Legislatura es mujer) Diana Leydi Zacarías Carrasco no puso un alto y entregó los recursos sin que antes le comprobaran el dinero ejercido que les había entregado previamente? ¿Dónde estaba el Contralor que no detectó nada y no actuó en consecuencia?
Cada diputado recibe mensualmente la nada despreciable cantidad de 233 mil pesos, 175 mil de “dieta” para realizar su trabajo (¿cuál?) más 58 mil pesos de su sueldo. El monto de las “dietas” proviene del llamado Capítulo 4000, referente a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros, cuyos recursos son federales.
De acuerdo a la información que se tiene, la mayoría de los diputados no ha podido comprobar en qué se gastó esos 175 mil pesos mensuales desde 2019.
Si, como se ha publicado, fue el propio presidente de la Jucopo quien pidió la intervención de la ASF, se supone que es porque ha pedido a sus compañeros que se regularicen y no lo han hecho, y no le quedó de otra, además para tratar de salvar cualquier responsabilidad. Y es que aparte falta lo que se detecte de irregularidades de la Cuenta Pública 2020.
Lo cierto es que el Congreso local, que debiera ser ejemplo de transparencia, está en entredicho y lo preocupante es cómo ese órgano legislativo puede pedir cuentas a los ayuntamientos, por ejemplo, si no cumple él mismo, si no tiene autoridad moral para hacerlo.
Finalmente se trata de recursos públicos, esto es, del dinero que todos los contribuyentes pagamos, y no es justo que mientras que a nosotros nos aprietan si no cumplimos con el pago de nuestros impuestos, otros, una verdadera clase privilegiada, gozan de la nada despreciable cantidad de 175 mil pesos mensuales para sus “gastos”, aparte de su sueldo, y no se preocupan por comprobar en qué o para qué usaron ese dinero.
Entonces, bien por Gómez Cazarín que apriete y que quiera cuentas claras, pero todavía será mejor si la ASF esclarece, con la autoridad que tiene, qué hicieron los diputados con nuestro dinero o, en todo caso, que aplique las sanciones correspondientes.