Como si no bastasen los problemas y desgracias, en México se viven momentos de mal fario ante la magnitud de lo que estaría por venir.
Este lunes y martes se registró una jornada inédita de apagones –que eufemísticamente el gobierno federal prefiere llamar “cortes programados de energía eléctrica”- en más de la mitad de los estados de la República. Veracruz incluido, con todo y que es productor de electricidad y hasta opera una planta nuclear para ese propósito.
El discurso ideologizado y el reparto de culpas a terceros no se hizo esperar: desde el neoliberalismo hasta el frío invernal fueron las causas de lo que en los hechos se terminó convirtiendo en un primer racionamiento nacional de la energía eléctrica, algo no visto en México nunca desde que se tendió el sistema eléctrico de nuestro país.
Si bien es cierto que una severa tormenta invernal provocó este fin de semana un corte en el abasto de gas natural proveniente del estado de Texas, con el cual se produce electricidad para las entidades del norte de México, lo que quedó al descubierto fue la vulnerabilidad del país en materia de generación de energía y la desmedida dependencia de Estados Unidos que, con todo y las peroratas nacionalistas del régimen, ha permanecido intacta los últimos dos años.
Y es que como resultaba obvio, de inmediato salieron a relucir las justificaciones ideológicas –que si la defensa de la soberanía, que si la culpa es de los gobiernos neoliberales anteriores y la reforma energética- para buscar ocultar las deficiencias técnicas de una administración empecinada en retroceder en todos los sentidos. El común, entre éstos.
Porque si a ésas vamos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en las condiciones en las que opera en la actualidad y que contemplan sendos acuerdos de cooperación bilateral en materia de abasto de energía. Mismos que, por cierto, podrían provocar un conflicto con nuestros socios comerciales si el régimen de la “4t” saca adelante la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica con la que, en lugar de avanzar hacia las energías renovables no contaminantes, se entierre al país en una fosa de carbón.
Pero regresando al punto de este texto, el problema que se vive sería mucho más grave de lo que el gobierno está dispuesto a reconocer. Los apagones han afectado a unos cinco millones de usuarios de norte a sur del país solamente en dos días. Y a pesar de que tanto el director de la Comisión Federal de Electricidad, el impresentable Manuel Bartlett, como el vocero presidencial Jesús Ramírez juran que los cortes de electricidad son controlados, rotativos, aleatorios y no duran más de media hora, la realidad es que desde varias regiones del territorio nacional se alzan quejas porque familias, negocios e instituciones se han quedado sin energía durante varias horas, lo que representa cuantiosas pérdidas de las, que por supuesto, absolutamente nadie se hace responsable.
Los efectos han sido inmediatos. El precio del gas para consumo doméstico se disparó en las últimas horas y empresas distribuidoras de gas natural como Engie pidieron a sus clientes “reducir al máximo” el consumo para “contribuir a mitigar la baja disponibilidad” del fluido en el sistema. Esto, mientras el propio Centro Nacional para el Control de la Energía (Cenace) solicitó a la población y al sector industrial su apoyo para “la reducción en el consumo de energía eléctrica no esencial”.
En medio de una pandemia que ha obligado al confinamiento, al trabajo desde el hogar, a la educación en línea, y que hace vital el funcionamiento de aparatos electrónicos para atender a los miles de enfermos que los necesitan para sobrevivir, ¿cuál de estas actividades encuadraría entre las que consumen la “energía eléctrica no esencial” que el gobierno pide racionar, al estilo de lo que sucede en los países bajo las dictaduras que admira?
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