Mariana Sánchez se suma a la lista de nombres de los feminicidios en el país, los cuáles han aumentado 137.6% desde el 2015. Su caso conmueve a la nación, porque al igual que muchos otros, evidencia las consecuencias de minimizar el abuso sexual y los estragos de los trámites burocráticos ante verdaderas situaciones de emergencia.
Mariana fue una joven de 24 años, estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Chiapas. Realizaba su servicio social en Ocosingo, Chiapas, en una clínica donde su cuerpo fue encontrado sin vida, donde la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue “asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento, no se encontraron huellas de violencia ni de agresión sexual”. Ante estos datos las primeras especulaciones apuntaban a un suicidio. Mariana también sufría de depresión. Sin embargo, actualmente se investiga el caso como un feminicidio.
Sin tener aún elementos suficientes para determinar qué fue lo realmente ocurrido con Mariana, si existen antecedentes que nos obligan a repensar el entorno. Meses atrás la joven denunció agresión sexual, de acuerdo a un texto publicado en redes sociales por su mejor amiga, un médico de base del centro de salud en el que trabajaba intentó abusar de ella. La joven pidió apoyo a su jurisdicción, a las autoridades de la Secretaría de Salud y a su universidad. Sus llamadas de auxilio no procedieron debidamente y he ahí las consecuencias.
El caso estremece al pensar en una joven que por miedo y la minimización de su situación pudo quitarse la vida, pero sigue siendo igual de complejo pensar que alguien atentó contra su vida, pues distintas versiones apuntan al acoso de pobladores o compañeros de su centro de trabajo. En ambos casos la variante en común es la omisión. Distintas autoridades tenían conocimiento de los hechos y la única solución propuesta fueron vacaciones, cuando lo ideal era alejarla de su acosador. Quizás la intención de ayuda estuvo, pero los trámites no la concretaron.
Además de ser un caso adicional de violencia de género, este evento también muestra la vulnerabilidad de los estudiantes, pues no existen garantías de su seguridad mientras son enviados a múltiples comunidades a retribuir con su conocimiento a la sociedad. Este no es el primer suceso de acoso sexual sin la atención oportuna, pero tampoco es el primero en el que alguien ve en peligro su vida mientras cubre el servicio social, un requisito forzoso de las instituciones de educación superior y el gobierno, por lo cuál deberían recibir todas las garantías de integridad y seguridad mientras lo desempeñan.
Aunado a lo anterior, los sucesos también nos invitan a contar con personas aptas al frente de los cargos, con los perfiles profesionales y la formación adecuada sin importar si se trata de un puesto público o privado. El atraso en la resolución de conflictos está estrechamente ligado a la incapacidad y el desconocimiento de quienes se encargan de dar seguimiento a los hechos.
Actualmente el caso se encuentra en manos de la fiscalía, la población ha sido clave para que más personas conozcan de él y para que la indignación sea la presión necesaria para el pronto esclarecimiento de la situación, sin embargo, en estos eventos la falta de acción oportuna es lo que ha llevado al incremento de decesos y la impunidad. Hoy hablamos de Mariana como lo hicimos ayer de otros nombres, pero es momento de verdaderamente comenzar a trabajar para que esta lista no incremente, para que el miedo sea por situaciones fuera del control humano y no contra la misma humanidad. #JusticiaParaTodas.