El hecho de ayer no es más que el reflejo del grave estado de descomposición que vive Veracruz, que pinta un panorama cada vez más sombrío ante la evidente falta de gobierno, que no de autoridades legalmente constituidas, pero que no son garantía de nada.
Florisel Ríos Delfín, presidenta municipal de Jamapa, transmitió un testimonio grabado que difundió ayer el diario Reforma en el que dejó constancia de la desprotección de seguridad en que la dejó el propio gobierno estatal y el mal trato que le dio el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, cuando buscó su ayuda.
Su crimen a temprana hora, luego de que había sido “levantada” a las afueras de su domicilio, cerca de la cabecera municipal, desmiente las reiteradas declaraciones oficiales de que han bajado los índices delictivos y que hay resultados tangibles, pues el de ayer fue uno más de tantos casos que pronto han quedado en el olvido y en la impunidad. En abril de 2019 fue asesinada también a balazos la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo.
Además de las implicaciones políticas del nuevo crimen, los de las presidentas municipales, una del PRD y la otra del PAN, respectivamente, son evidencia del lacerante rosario de homicidios dolosos de mujeres en el Estado, que junto con los feminicidios colocan a Veracruz en el deshonroso primer lugar en número de casos.
De acuerdo al estudio “Feminicidios y asesinatos dolosos de mujeres y niñas en México en 2019”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el año pasado fueron asesinadas 163 mujeres en Veracruz. Apenas el martes pasado el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, reportó que de enero a septiembre de este año habían ocurrido 74 feminicidios y 71 homicidios culposos.
El caso de Florisel tiene particularidades que exhiben no solo la falta de coordinación entre el Ejecutivo y las autoridades municipales, con base en el diálogo y el respeto, sino el acoso agravado por amenazas a los alcaldes hombres y mujeres, pues al asesinato de ayer lo antecedió una serie de denuncias públicas de los dirigentes nacional y estatal de su partido, el PRD, de que el secretario de Gobierno los estaba amenazando.
El pasado 25 de octubre, durante una conferencia de prensa en Zongolica, Jesús Zambrano, líder nacional del partido del sol azteca, denunció que 38 alcaldes veracruzanos le habían externado que había amenazas para que no hicieran obra pública y para que operaran a favor de Morena de cara a las elecciones de 2021, o de lo contrario no habría recursos para ellos en lo que restaba del año.
Señaló directamente como responsable a Eric Cisneros y acusó que a través del ORFIS estaban haciendo acusaciones sin pruebas contra los ediles para tratar de presionarlos, además de que estaban haciendo uso de las policías municipales y estatal para hostigarlos, como había ocurrido recientemente con el de Espinal, en la Sierra de Papantla.
Dos días después, el dirigente estatal perredista, Sergio Cadena Martínez, acudió a denunciar los hechos ante legisladores de la Cámara de Diputados y luego ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que denunció al gobierno cuitlahuista y señaló de nuevo en forma directa al secretario de Gobierno. Cadena ya había hecho una denuncia en Xalapa desde el día 23 de octubre.
El caso también llegó al Senado la semana pasada, cuando Miguel Ángel Mancera, Juan Manuel Fócil Pérez y Antonio García Conejo, senadores perredistas, aseguraron que Cisneros amenazaba a alcaldes para que apoyaran a Morena en las elecciones de 2021.
En un punto de acuerdo que firmaron en la Cámara alta, los senadores afirmaron que las amenazas con reducción de presupuesto y acoso policial estaban dirigidas a los ediles en Papantla, San Rafael, Apazapan, Espinal, Ixhuatlán y Coatzintla.
Ella inició las denuncias
Fue la malograda alcaldesa, Ríos Delfín, quien dio por primera vez la voz de alerta de que estaban siendo acosados y amenazados por el gobierno estatal, a través de Eric Cisneros, durante una reunión que sostuvieron todos los alcaldes perredistas del Estado y su dirigencia estatal la mañana del 26 de septiembre en el puerto de Veracruz.
En esa reunión, en la que se trataron asuntos generales internos, ella fue la que puso en la mesa de trabajo el tema, lo que animó entonces a que otros la secundaran y confirmaran su dicho. Ahí fue cuando se tomó el acuerdo de cerrar filas y hacer las denuncias públicas para tratar de frenar las amenazas.
La respuesta del gobierno fue el silencio. Pero tampoco hubo algún intento por dialogar, ofrecer garantías de seguridad a los alcaldes y sentar las bases para un clima de paz ante el inicio del proceso electoral, que será el más grande en la historia del país y en el que se prevén conflictos que involucrarán a las autoridades y a todos los partidos.
Mancha de sangre el II Informe
El “levantón” y el crimen se dieron faltando solo cuatro días para que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presente su II Informe de Gobierno, que ha despertado poco interés entre los veracruzanos.
La respuesta oficial ayer fue la misma de siempre: se acelerarán las investigaciones, se castigará a los responsables, no habrá impunidad, se desplegó un amplio operativo para ubicar a los responsables. No hubo una sola alusión a la denuncia perredista. En un mensaje que dirigió después de los hechos el gobernador se hizo acompañar por el propio Eric Cisneros, así como por la fiscal Verónica Hernández Giadáns.
Cuitláhuac sostiene contra viento y marea a Cisneros
Lo ocurrido ayer era un motivo justificado para que el gobernador solicitara su renuncia al secretario de Gobierno, nombrara a un político profesional que iniciara de inmediato el restablecimiento del tejido social y abriera las puertas del gobierno a todos los partidos y organizaciones políticas con el propósito de crear el mejor escenario con motivo del proceso electoral en puerta, que se espera muy complicado.
Un negociador que se sentara a dialogar con todos y cada uno de los presidentes municipales sin distinción de partidos, que sentara las bases para un trabajo coordinado, y que se condujera con respeto a la autonomía municipal y a quienes la representan en los 212 municipios.
El actual secretario no solo no es político, no tiene oficio, no tiene sensibilidad, no es negociador, refleja muy bajo nivel con sus faenas de chapeo y su presentación de bailables en las terminales de autobuses y además está señalado por maltrato a mujeres, pues además de la denuncia que dejó la víctima de ayer, apenas hace unas semanas otro señalamiento parecido la expresó públicamente la depuesta presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, quien además lo acusó de amenazas y lo responsabilizó de lo que le pase a ella o a su familia.
Los señalamientos de autoridades legalmente constituidas contra el segundo funcionario en importancia, crea al gobierno cuitlahuista un clima de desconfianza e inseguridad, pues se razona que si eso hace con quienes tienen una representación que les dio el pueblo veracruzano, entonces cualquier ciudadano puede esperar lo peor.
El inicio en 19 días más del tercer año de gobierno de Morena, con funcionarios así, no permiten vislumbrar que las cosas serán mejores.