Los señalamientos de los gobernadores de la llamada “Alianza Federalista” sobre la intención de quitarles una enorme tajada de recursos presupuestales para el año entrante no eran descabellados ni falaces. Y están por hacerse realidad.
Este martes, fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación en el que, entre otras cosas, se incluye un recorte de 9 por ciento para los estados y municipios del país.
El dictamen –aprobado con los votos de Morena, PVEM, PT y PES- pasó en los mismos términos en los que fue enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y será discutido y votado esta misma semana, pues el plazo legal para tener aprobado el presupuesto federal para el ejercicio fiscal de 2021 vence el próximo 15 de noviembre.
El recorte implica quitarle a estados y municipios un monto total de 182 mil 937 millones de pesos el año entrante, que sin duda impactará en la operación y el funcionamiento de las administraciones locales, que quedarían prácticamente supeditadas a lo que el Gobierno Federal decida invertir a través de sus programas y que, ya se sabe, tienen como prioridad las obras faraónicas del régimen y el gasto clientelar.
De concretarse en el pleno de la Cámara de Diputados y en el Senado de la República este recorte, se podría llegar a la situación límite en la que los estados afectados y gobernados por la oposición decidan abandonar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como ya han amagado. O por lo menos intentarlo ya que, en los hechos, no hay un precepto constitucional que obligue a las entidades a formar parte de lo que en realidad es solo un acuerdo entre los gobiernos federal y estatales.
La Ley de Coordinación Fiscal que sustenta el arreglo también conocido como “pacto fiscal” viene de los años de hegemonía priista –entró en vigor en la década de los 50 del siglo pasado- y lo que implica es la renuncia “voluntaria” de los estados de la República a recaudar por sí mismos los principales impuestos, para en su lugar dejar esa facultad en manos de la Federación que, a su vez, se compromete a distribuir los recursos entre las entidades de manera “equitativa” y “uniforme”. Aunque siempre se ha cuestionado que hay estados que reciben menos dinero en proporción con lo que producen, como ha sido tradicionalmente el caso de Veracruz.
Como mencionábamos, la Ley de Coordinación Fiscal comenzó a operar en una época en la que la Presidencia de la República decidía de manera completamente unilateral y omnímoda todos los aspectos de la vida pública, pues la división de poderes y la autonomía de los estados eran meras entelequias legales, sin asidero en la realidad.
Pero en la actualidad, la situación política es –aún- diferente a la de hace 70 años y los estados sí tendrían la posibilidad de decidir no adherirse a los convenios de coordinación fiscal para, a su vez, recaudar y gastar sus propios impuestos si es que sus congresos locales así lo aprueban, con lo cual no solamente habría un serio riesgo de cisma en el país, sino que la situación financiera de la Federación se vería seriamente comprometida.
¿Se atreverán los gobernadores “rebeldes” a ir más allá? Viene año electoral, así que es probable. Y si a eso le añadimos la total negación del lopezobradorismo gobernante a dialogar y negociar, el escenario está listo para una ruptura, cuyas consecuencias son todavía inimaginables.
El costo de la soberbia y la cerrazón.
Se configura alianza opositora
Mientras el régimen de la “4t” los minimiza y ridiculiza, los principales partidos opositores – PAN, PRI y PRD- dieron un primer paso hacia una alianza político-electoral al unirse a la agenda de trabajo de la organización “Sí por México” durante su Convención Nacional Ciudadana celebrada este mismo martes.
Y el objetivo es claro: las elecciones federales intermedias de 2021 y la mayoría en la Cámara de Diputados.
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