- Han presentado 47 denuncias en la FGR en tres meses
- En esta administración ha tenido ya tres directores
- Es para darle al gobierno más recursos para programas sociales
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Para quienes opinan que en la actual administración de la Cuatro T no se está combatiendo la corrupción como se debiera, porque hasta la fecha no ha sido encarcelado ningún funcionario de la federación, luego de los múltiples casos que se han hecho públicos, hay que destacar que en el mal llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ya han sido presentadas 47 denuncias en la Fiscalía General de la República por actos indebidos detectados en tan solo en los últimos ocho meses.
Lo anterior significa que en promedio el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado presentó seis denuncias cada mes.
El mismísimo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó que “La Dirección Ejecutiva ha presentado desde el 23 de enero al 23 de septiembre de 2020, 47 querellas y/o denuncias de hechos ante la FGR, por probables actos y omisiones que son sancionados por las leyes penales y que deberá calificar el Agente del Ministerio Público”.
Aunque hasta el día de hoy, no se sabe que algunos responsables hayan sido detenidos y sometidos a proceso por actos de corrupción.
Decimos que es el mal llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, porque en realidad no se trata de una dependencia de nueva creación, ya que antes se llamaba Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) dentro de la estructura de la secretaría de Hacienda y lo que en realidad se hizo en la nueva administración federal, fue renombrarla con la responsabilidad principal de transformar los recursos decomisados a la delincuencia organizada y por corrupción en dinero para la política social del presidente López Obrador.
Aunque es considerada una institución emblemática por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) ha sido golpeado por la corrupción, saqueos, subastas a modo, que lo han llevado a interponer en solo ocho meses 47 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero aunque cuando el también mal llamado presidente de la república anunció en sus conferencias mañaneras la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se tuvo la esperanza de que ahora sí, se iba a recuperar al menos, parte de los muchos que se han robado los políticos corruptos.
No hay que olvidar que nada más en la administración estatal del gobernador Javier Duarte de Ochoa, la Auditoría de la Función Pública detectó y dio a conocer el desvío de 54 mil millones de pesos y de eso nunca más se ha vuelto a hablar por la actual administración, tan afecta a hablar de la corrupción en el pasado reciente.
Además de que en sus poco más de nueve meses de vida, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha tenido tres directores, Ricardo Rodríguez Vargas, Jaime Cárdenas Gracia y Ernesto Prieto. El segundo fue quien hizo públicos los malos manejos al interior.
“La idea es acelerar los procesos para que el Estado mexicano cuente con recursos que pueda emplear con política social, para beneficio de las comunidades más pobres, más abandonadas del país”.
“El Indep va a darle más recursos al gobierno para la justicia social”
Sin embargo, tres meses después, Cárdenas decidió renunciar a causa de la corrupción que encontró dentro del instituto que es clave para la política social del presidente.
Solo unos días le bastaron en esa institución para percatarse de las múltiples irregularidades que efectuaban los mismos empleados y contratistas.
“Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas –procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas”, denunció en su misiva de cinco cuartillas.
Cárdenas Gracia informó que en su administración frente al Indep, además de las denuncias penales, presentó 10 denuncias administrativas del órgano interno de control.
“Vamos a poner por ejemplo que un collar o cualquier joya tenía un peso 400 gramos, cuando regresa el perito a principios de junio –antes de que yo llegara–, la joya ya no tenía el peso de 400 gramos, sino que pesaba 200 gramos”, describió en una de las 23 modificaciones que detectaron en joyas que fueron decomisadas pero que ya no pudieron ser subastadas.
En resumidas cuentas, que lo que se pretendía con el mal llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se convirtió en lo que en la realidad se debería llamar el Instituto para Seguir Robando lo Robado.
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