Preventiva de SSP en Veracruz controlada por la extorsión y crimen organizado

El 26 de octubre, publicamos sobre la detención de un joven mecánico en Banderilla, de nombre Gustavo Ortiz Hernández, quien fue detenido el pasado fin de semana, por la Policía Estatal de Seguridad Pública de Veracruz y asesinado a golpes en el Cuartel de San José, con base al peritaje de la Fiscalía General del Estado. En el parte oficial y manipulado por la SSP, asegura sin pruebas, ser extorsionador y viajaba o tenía un auto con reporte de robo. La viuda asegura poseer documentos que amparan la compra del vehículo y exige justicia por el abuso policiaco. No es la primera vez, que detenidos en estado de ebriedad, orinar en la vía pública u otra sanción administrativa, son ingresados a la preventiva y ahí, ser extorsionados y golpeados, muriendo los detenidos por las patadas y golpes perpetrados por elementos policiacos. Y mientras, Hugo Gutiérrez Maldonado sin atender el tema y sólo limitarse a negarlo o revictimizar al fallecido.

Luego, se publicaron tres videos, el mismo 26 de octubre, sobre las palabras de la madre de la víctima, quien durante el funeral pide justicia, denunció abuso de autoridad y muerte por golpes avalado por peritos de la FGE. Los familiares exigen justicia y el Secretario de Seguridad Pública sin dar la cara, pues nuevamente, un abuso policiaco impune. Los videos fueron grabados durante el sepelio, la tarde de este pasado lunes.

Se realizó una llamada, la mañana de este pasado miércoles 28 de octubre, para externarle al  titular de una de las dependencias más sensibles e importantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, expresándole la grave situación que prevalece en esta dependencia estatal, por el asesinato a golpes de un mecánico radicado en Banderilla, dentro de los llamados “separos” o preventiva, ubicada en el Cuartel de San José, en Xalapa. Y no ser la primera vez que esto ocurre, en la administración de Cuitláhuac García. Con mucha atención, la persona escuchó nuestro relato y además, puntualizarle ser bajo y ruin, el difundir una fotografía  editada y manipulada, yuxtaponiendo la cara de la víctima Gustavo Ortiz Hernández, con una presunta arma y escenificar un ambiente delincuencial. Esta persona aseguró que la institución no realiza esas acciones, cuando columnistas a sueldo, de poca monta y sin ética la divulgan y hacen referencia en sus entregas, como lo externé en un chat de periodistas. El mismo funcionario  se comprometió a que habría acciones rápidas para atender a los familiares, después de casi una semana de omisión. Al colgar, pensé que habría la intención de un Secretario de SSP de hacer lo ético, lo congruente y habría intención de darles respuestas a la afligida madre y familiares. Al escribir esta columna, nos dimos cuenta que todo siguió igual. No hay intención de investigar, ni remitir a los culpables.

En la misma llamada, le hicimos saber sobre varias denuncias ciudadanas, que expresan la grave situación prevaleciente en los “separos” del Cuartel de San José, en Xalapa, en donde caen personas violentas, borrachos o haber orinado en la vía pública, para sufrir primero el abuso y acoso policiaco; luego, les cobran piso, con la negociación de pagar una cuota, si no quieren ser golpeados o literalmente torturados. Algunos han pagado. Otros, no aceptan la imposición y son golpeados, con patadas en el estómago o palazos en las pompas. Y mientras, todos los policías de SSP, Fuerza Civil y administrativos, simulan no escuchar los lamentos y gritos. No debemos olvidar, que entre los elementos, se ha permeado células delictivas, quienes pertenecen a enormes grupos delincuenciales, que tienen el control del estado.

La falta de liderazgo por parte de Hugo Gutiérrez Maldonado se hace patente, cuando policías de Fuerza Civil abren  cortinas de negocios y  vacían los productos, como ocurrió en Acayucan y en Sayula de Alemán, con base a videos publicados en redes sociales. Además, cientos de denuncias por abuso policiaco en todo el estado, así como el acoso a la ciudadanía, por el presunto criterio de verlos sospechosos. Y los policías estatales y la Guardia Nacional han realizado abusos de poder en contra de policías municipales, bajo las órdenes de Cárteles del narcotráfico, como ocurrió en Álamo Tamapache, Altotonga, Perote, El Espinal, Tlapacoyan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan, Isla, Sayula de Alemán, entre otros.

Durante la llamada, este alto funcionario presuntamente tomó nota y aseguró que Asuntos Internos investigaría estos hechos, cuando sabemos, bajo testimonios de fuentes, que los mismos administrativos y jurídicos están involucrados en omisiones legales y ser señalados de cobrar sobornos a policías, para no darle seguimiento a las quejas por abusos de autoridad.

Y parece ser que alguien de otra dependencia quiere poner en jaque al titular de SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, al filtrar a los familiares  el peritaje de la Fiscalía General del Estado, en donde se determina que Gustavo Ortiz Hernández fue brutalmente golpeado dentro de la celda y sufrió muerte mecánica o asfixia.

Finalmente, la familia llevó el féretro a la Plaza Lerdo, para exigir justicia y luego, llevarlo frente al Cuartel de San José, sin ser atendidos, lo que provocó la furia de algunos familiares, golpeando el portón y tratando de entrar a las instalaciones, siendo recibidos con extintores. Otros aseguran ser gases lacrimógenos, motivando a la furia de los dolientes y ser ya una nota nacional, mostrando que la Secretaría de Seguridad Pública criminaliza a fallecidos y asesinan a detenidos por sanciones administrativas o menores. Y se lo advertimos a Hugo Gutiérrez Maldonado, que el no atender este caso a tiempo, desencadenó la violencia innecesaria y no hubo un parte oficial, callando de forma cómplice. Y lo más lamentable, que la fotografía editada con la presunta cara de Gustavo salió de la misma SSP y algo que no debemos omitir es por qué lo llevaron a los separos en el Cuartel de San José, si legalmente tenía que ser remitido de inmediato

 al Ministerio Público, junto con el vehículo, para ser presentado ante la autoridad competente. Ellos mismos evidencian haber violentado los derechos legales de la víctima.

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