Los primeros días de enero del 2013, ocho policías del municipio de Úrsulo Galván desaparecen y el resto de los miembros de la corporación desertan por miedo a correr la misma suerte. Durante el Gobierno del hoy preso Javier Duarte, los levantones estaban a la orden del día y el Ejército se vio en la necesidad de asumir el rol de cuidar a este municipio. Durante las investigaciones, sólo se encontró una patrulla calcinada en el municipio de Vega de Alatorre y hasta hoy, no hay pistas para encontrar a estos elementos de la Policía Municipal.
Las familias han bloqueado carreteras, manifestaciones en varias dependencias y hasta señalar a los Gobiernos Estatales de simular investigaciones para tratar de localizar a sus seres queridos. Y en el parte ministerial, se afirma ser seis y no ocho como expresan los dolientes, quienes presentaron los nombres oficiales de las víctimas: Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Guillermo Torres Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Javier Araus Molina, Luis Alberto Valenzuela González y Aureliano Sánchez Tonil, interponiendo la denuncia 27/2013 en la Agencia del Ministerio Público de Cardel.
Ante la lucha de los familiares por tener justicia y encontrar a los policías desaparecidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resolvió emitir una recomendación, el 25 de octubre del 2019 con el número 24VG/2019 al Gobierno de Veracruz por violaciones graves a derechos humanos, en la desaparición forzada de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, ocurrido el 11 de enero del 2013, atribuible a 15 agentes del entonces denominado “Grupo Tajín”, de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, así como a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, por la “inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de los familiares de las víctimas”, como puntualiza el documento.
Esta Recomendación de la CNDH acreditó haber sido una desaparición forzada y la SSP no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del “Grupo Tajín”, aun cuando había elementos comprobatorios que los involucran en el caso. Por eso, la CNDH recomendó al Gobierno de Veracruz de reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación o indemnización, así como ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada en este caso.
Además, la CNDH recomienda a la SSP de Veracruz concluir el Procedimiento Disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en el 2017. Respecto a la responsabilidad de la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy FGE, la CNDH acreditó que la referida institución no realizó de manera inmediata las diligencias de búsqueda y localización, además de omisiones y dilación en la investigación ministerial de los hechos, toda vez que a más de siete años, no se tiene el paradero de los policías municipales de Úrsulo Galván.
Esta resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un logro de las familias de los ocho policías desaparecidos de Úrsulo Galván y después de un año de esta recomendación, alguien quiere sacar raja política y electoral. Nos referimos a Mayra Ledesma Arronte, actual directora general de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, quien pretende usar este caso como estandarte, para lograr que el Gobernador Cuitláhuac García la tome en cuenta para una aspiración a una candidatura por MORENA a una curul o alcaldía.
Recordemos que Eric Cisneros Burgos le creó a Mayra Ledesma una dirección general de derechos humanos y no ha hecho nada en 2 años. Sólo estar inmersa en escándalos de corrupción y poner tensión entre los Colectivos de Desaparecidos. Vergonzoso, que Mayra Ledesma Arronte se anda candidateando para ser la presunta sucesora de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Doctora Namiko Matzumoto Benítez.
Este miércoles, el Gobierno de Veracruz, bajo la Comisión de Búsqueda de la SEGOB, comandado por Mayra Ledesma Arronte realizará un evento a las 11 del día, en medio de la epidemia, para una presunta disculpa a los familiares de los ocho policías desaparecidos y además, la entrega de ocho casas a familias de las víctimas. Este evento será en el Salón Silvestre Moreno Cora, en Xalapa.
Indignante, que el mismo Cuitláhuac García también pretenda sacar raja política, mostrando los horrores de la administración de Javier Duarte, pero al inicio de su gestión, tres días después de haber tomado protesta, Arturo Bermúdez Zurita salió libre del Penal de Pacho Viejo y no se le investiga al exprocurador de Veracruz, Amadeo Flores Espinoza, quien era titular en ese entonces.
Increíble, que ante la desgracia, quieran reflectores y no investiguen este caso, cuando las autoridades responsables son la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Este Gobierno de MORENA y la misma incompetente Mayra Ledesma Arronte, pretenden pagar la desaparición de ochos policías municipales de Úrsulo Galván con el mismo número de casas, ubicadas en el Puerto de Veracruz, con el fin de que ya se callen y dejen de molestar.
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