El fenómeno de la violencia institucional hacia las mujeres sobrepasa con mucho el actual conflicto por la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se trata de una violencia endémica, sistemática, que si bien no fue originada ni es exclusiva del régimen que actualmente gobierna el país, sí ha sido prolongada por éste, por obra y omisión.
Ni a nivel federal ni en estados como el de Veracruz existe una verdadera política pública de género. Tan no la hay, que las instituciones que ya existían para dar cauce y atender las demandas en la materia, están neutralizadas por la decisión, para mayor ironía y escarnio, de hombres.
Vayamos al caso particular de Veracruz. El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se jacta de haber impulsado el nombramiento de un buen número de mujeres en diversos cargos de alta responsabilidad, como lo son la titularidad de la Fiscalía General del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior, así como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Tres organismos estratégicos y, en teoría, autónomos.
En los hechos, sin embargo, Verónica Hernández Giadáns, Delia González Cobos y Sofía Martínez Huerta, respectivamente, fueron impuestas en esos cargos para cumplir un rol de sujeción a los intereses de los distintos grupos políticos que dentro de Morena se disputan las diferentes posiciones de poder. Por añadidura, no solo no defienden la autonomía de los organismos que encabezan legalmente, sino que aceptaron cumplir con el triste papel de títeres de los hombres que toman las decisiones por ellas.
Lo que hay entonces en Veracruz es la simulación de una aparente inclusión. Lo cual también queda corroborado con el hecho de que, tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Poder Judicial estatal, entre las primeras acciones emprendidas por sus titulares estuvo el despido abrupto e incluso injustificado de las mujeres que encabezaban las unidades de género de estas instancias, ambas profesionales de la administración pública con conocimientos en la materia.
Una administración pública sensible en materia de género no consiste en el mero hecho de imponer mujeres al frente de dependencias públicas para que funjan como meros adornos –“floreros”, como está de moda decir-, sino en impulsar y aplicar un diseño de política pública transversal, la cual tendría que ejecutarse desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).
Solo que en el Gobierno de Veracruz lo que en realidad quisieran es desaparecer ese organismo –no por nada el propio gobernador descalificó su labor este mismo lunes- y lo mantienen intencionalmente sin una titular formal, que por esa razón no cuenta con la jerarquía para hacerse escuchar y “nada de muertito” en el limbo jurídico. Amén de que hay una reforma en puerta para arrebatarle legalmente –que no legítimamente- su autonomía.
Lo que sucede en Veracruz no es más que el reflejo de la misma actitud que pervive desde el ámbito federal, en donde también hay varias mujeres en cargos de primer nivel, pero que son usadas para lavarle la cara a un régimen de corte machista, centralista y conservador, en el que la única voz que cuenta es la de un “machín” que ignora y soslaya esa violencia que todos los días cobra la vida de diez mujeres en promedio en México. Y lo peor: que arenga a sus simpatizantes “feministas” a justificar sus descalificaciones hacia quienes sí se atreven a exigir y a no cerrar los ojos ante la realidad.
Pero “con las pinturas de los ‘héroes’ no”.
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