Pese al triunfalismo del discurso oficial que alcanzó tintes teatrales durante el mensaje presidencial con motivo de la presentación del segundo informe de gobierno, la realidad de la economía del país es muy diferente al mundo de caramelo que Andrés Manuel López Obrador esbozó la mañana de este martes en Palacio Nacional.
Días antes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, declaró que este año se acabarán los “guardaditos” del gobierno, que no son otra cosa que los fondos de reserva con que cuenta –o más bien, contaba- la administración federal y que le sirvieron, entre otras cosas, para evitar que el derrumbe de las finanzas llevara al país al colapso total.
Dichos “guardaditos” son los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), cuya función es “aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos”.
Dicho en otras palabras, representa una suerte de fondo de ahorro cuyo objetivo es compensar los desajustes que puedan registrarse en los ingresos gubernamentales durante el año fiscal en vigencia y así cubrir el gasto planeado originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
A inicios de 2019, los recursos del FEIP ascendían a unos 290 mil millones de pesos, que en ese momento representaban aproximadamente un punto porcentual del Producto Interno Bruto del país. Pero para finales de ese mismo año, su saldo era de 158.4 mil millones. Había perdido cerca de la mitad de sus fondos, tomados por el gobierno para fines poco o nada transparentes.
Otro de los “guardaditos” a los que se refirió el secretario de Hacienda son las coberturas petroleras, mismas que consisten en “una serie de operaciones que protegen las finanzas públicas en caso de una caída abrupta del valor del crudo”.
Las coberturas petroleras contratadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador para 2020 buscaban garantizar ingresos por un precio en el mercado de 49 dólares por barril de petróleo mexicano. Y como es bien sabido, durante el segundo trimestre del año el crudo mexicano llegó a valer nada –al grado que salía menos caro tirarlo que almacenarlo- tras desplomarse los precios internacionales a causa de la paralización de las actividades económicas provocada por la pandemia. Y debido en buena medida también a la pésima conducción de la política energética por parte de la secretaria del ramo, Rocío Nahle García, quien se creyó la broma de que podía “agarrarse a las patadas” en una negociación con los jeques árabes y con Rusia. Amén del desastre en Petróleos Mexicanos, que en el primer semestre de este año perdió más de 600 mil millones de pesos.
El resultado es que entre ambos fondos, el gobierno mexicano gastará en números cerrados unos 289 mil millones de pesos, dinero con el que busca cubrir el boquete en los ingresos presupuestarios del país de 297 mil millones que dejó la caída de la economía nacional durante el confinamiento por la emergencia sanitaria.
No es gratuito pues que en el discurso presidencial se aluda constantemente a las remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que han sido la verdadera tabla de salvación de la economía del país que, hacia finales de 2020, se prevé tenga una caída de 10.02 por ciento en total.
Ante este escenario de precariedad financiera del país –que entre otras consecuencias significará una reducción en las participaciones federales a estados y municipios en 2021, y que en el caso de Veracruz se estima sea de un tres por ciento- llama la atención que en su informe, el presidente López Obrador presuma “ahorros” por la “austeridad republicana” y por “no permitir la corrupción” del orden de 560 mil millones de pesos durante lo que va de su administración.
¿Por qué, si estamos tan “bien”, estamos tan mal entonces? ¿Dónde quedó ese dinero?
Quizás la respuesta la encontremos en las campañas de 2021.
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