Me ha sorprendido la acción penal a la que han sometido a un médico en Chiapas debido a la muerte de un paciente por Covid 19 complicado.
Los antecedentes refieren que el Dr. Grajales, encargado del servicio de terapia y medicina interna, ha tratado a muchos pacientes con ese virus que ha causado miles de muertes en nuestro país y en todo el mundo, atacando gravemente a personas de la tercera edad, y con comorbilidades como hipertensión, sobrepeso, diabetes, inmunocomprometidos y otras. Se menciona que incluso salvo a un familiar del actual gobernador y de otros personajes de la política en su entidad.
Resulta que llegó un ex político de esos salidos de la nada, que durante su gestión milagrosamente se enriquecen y que aprovechan el cargo para incrustar en las ubres del gobierno a sus hijos y demás parentela a más de amigos y compadres. Y ahí empezó el tráfico de influencias, sin ser derechohabiente del ISSSTE, lo internaron en el hospital de esa dependencia, con diversas comorbilidades y ya en estado avanzado de la enfermedad, por lo que requería medicamentos para su tratamiento que no había en existencia –como ya es habitual- y que además al no tener derecho a los servicios de la institución, le solicitó a los familiares que surtieran los medicamentos necesarios. No se dice si los compraron, lo cierto es que el no elaboró las recetas, pues al menos en el IMSS, el recetar medicamentos fuera del cuadro básico está prohibido y si un médico lo hace se le escinde el contrato. Además de no haber medicamentos, también hay una carencia de insumos de protección para el personal, y a pesar de los esfuerzos para sacar adelante al susodicho, este falleció habiendo previo aviso de la posibilidad ante la gravedad del caso. Indudablemente que una pérdida es un fuerte golpe a la familia, pero no se justifica la venganza como lo hiciera la hija, también funcionaria pública, que acusara en principio al médico, de abuso de autoridad, que no siendo delito grave no encaja en la ley penal y menos si ese abuso fue por solicitar medicamentos para el padre moribundo. Aun así, sin tardanza llegó la policía a detener al doctor y encerrarlo en tanto se esclarecían las cosas, pero ante la posibilidad de que no se justificara el encarcelamiento, luego la hija argumentó acoso y después enriquecimiento ilícito al cobrar a los pacientes la atención en un hospital oficial.
Nada de eso se ha comprobado y aun así, un juez corrupto, doblegado a la influencia de la funcionaria y probablemente tras una sobada de mano, dictó prisión preventiva por ser un personaje peligroso. El martes y tras la presión del gremio médico estatal y nacional, se le permitió arresto domiciliario aunque el proceso penal sigue su curso. Si no hay comprobación de los hechos de los que se le acusa, deberá quedar en total libertad y habrán de reivindicar su nombre y puesto en el hospital, pero mientras tanto seguimos estando en manos de gente que sin méritos llega al poder y con ello hacer lo que se le venga en gana sin importar a quien dañen con sus acciones y falsos testimonios.
Y los verdaderos ampones, ni siquiera pisan el reclusorio y hasta son cuidados.
