El Subsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno yunista Bernardo Segura Molina ganó un amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva, dentro del proceso judicial 318/2019, el cual, bajo violaciones a sus derechos y pésimos criterios en la conformación mal realizada en la Carpeta de Investigación, así como en su detención, le fue otorgada la protección federal para que su proceso lo lleve fuera del Penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec.
Recordemos, con base a los limitados criterios de la propia Verónica Hernández Giadans y su staff de incompetentes asesores, bajo las órdenes del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, se le libró orden de aprehensión en contra de la extitular de la Secretaría de Finanzas Clementina “N”; el extesorero de SEFIPLAN Adrián “N” y el exsubdirector de Operación Financiera José Francisco “N”, siendo acusados por presuntos actos de corrupción en el manejo de recursos públicos, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, delitos que se tipifican como no graves y su proceso lo pueden llevar en libertad, según el Catálogo de delitos en el nuevo Código Penal Acusatorio.
Con base a informes confiables, nos aseguran que los abogados de Bernardo Segura Molina están pidiendo fijar la fecha de la Audiencia para que el Juez de Control cambie la medida cautelar y lo dejen en libertad, para continuar su proceso libre, como era desde un principio. Cabe mencionar, la existencia de anomalías en la orden de aprehensión, pues no se había presentado la acusación por parte de la FGE para la defensa y los amparos les fueron negados, alegando que la denuncia estaba en carácter de “Reservada”.
Y no sólo había anomalías en esta detención, bajo criterios mal conformados en Carpetas de Investigación pésimamente elaboradas… El 18 de abril fueron detenidos exfuncionarios del DIF Estatal durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, entre ellos Julián “N”, Pedro Francisco “N”, Francisco “N”, César “N”, Teodocio “N”, Claudia “N”, Víctor Manuel “N” y Emilia Yasbel “N”, en diferentes operativos, siendo presuntamente ocho detenidos por elementos de la Policía Ministerial y trasladados a la Sala de Juicios Orales, en el Penal de Pacho Viejo, en Coatepec.
Y las acusaciones van desde presuntos delitos contra el servicio público, ejercicio indebido de funciones, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y hasta fraude. Y durante el operativo, se detuvo a Julián “N”, quien fungió como director de Atención a Población Vulnerable y área Solicitante en el DIF Estatal, durante la época en que Karime Macías de Duarte era Presidenta y hoy enfrenta un proceso de extradición a México, acusada por varios delitos por más de 112 millones de pesos. Recordemos que Julián “N” sustituyó a Astrid Elías Mansur al final del sexenio malogrado de Javier Duarte, hoy preso en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.
Con base a testimonios, advertimos que la detención de los presuntos involucrados en el caso de corrupción en el DIF Estatal de Veracruz, desde abril del 2020, hubo personas que prestaron sus credenciales de elector y comprobantes de domicilio, con la promesa de entrar a programas asistenciales para personas vulnerables, pero en realidad, sus datos fueron utilizados para la fundación de empresas fantasmas o inexistentes, con el fin de desviar recursos públicos durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa y bajo la complicidad de su entonces esposa Karime Macías Tubilla, quien sabía de la realización de estos fraudes al SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la detención, existen testimonios de vulnerar los derechos de los detenidos, las audiencias eran a puerta cerrada y les colocaban bolsas de tela en las cabezas, para evitar ser fotografiados por reporteros y los medios de comunicación, con la finalidad de no ser reconocidos pero lo más vergonzoso, muchos de estos detenidos, se dedican a ser albañiles, empleadas domésticas o mujeres en situación vulnerable, quienes nunca supieron que sus datos fueron utilizados para ser dueños de grandes empresas inexistentes y proveedores del Gobierno del Estado.
Esto explica que nadie tenga fotografías oficiales de los detenidos, con la excusa de la presunta inocencia, pero además, evitar ser reconocidos como personas engañadas, quienes su único pecado fue entregar su copia de elector, CURP y comprobante de domicilio. Hoy, son señalados de ser los artífices de un millonario fraude en el DIF de Veracruz.
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