Una gran controversia y preocupación causó este fin de semana la intentona golpista del ala más radical del lopezobradorismo para echar abajo el proceso de integración de las quintetas de las cuales habrán de escogerse a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Uno de los personajes más nefastos de la autodenominada “cuarta transformación”, John Ackerman, azuzó al “Bronx” lopezobradorista –comandado por otros impresentables como la bejaranista Dolores Padierna y el petista Gerardo Fernández Noroña- para echar abajo el proceso de auscultación llevado a cabo por el Comité Técnico de Evaluación de aspirantes al INE, ya que el también esposo de la secretaria de la Función Pública Irma Sandoval no logró “colar” en las cuatro quintetas finalistas a una incondicional de su grupo político.
Esa conducta de “si pierdo, arrebato” no es nueva ni causa extrañeza viniendo de quien viene. El lopezobradorismo radical nunca ha aceptado un “no” por respuesta ni concedido derrotas cuando se le han infringido, como fue el propio caso de Ackerman en el Comité Técnico de Evaluación, donde los demás integrantes no respaldaron a una propuesta que, como él mismo, no ofrecía garantía alguna de imparcialidad, condición mínima que debería cumplir cualquiera que aspire a ocupar un asiento en el Consejo General del árbitro electoral.
Una de las principales diatribas de quienes hace dos años arribaron al poder con el aval del organismo que hoy defenestran con rabia es que “siempre” ha estado copado por el PRI y el PAN, partidos que, según ellos, “siempre” han impuesto a los integrantes del máximo órgano electoral del país.
Eso, para quien conozca un poco de la historia reciente del país, es completamente falso. La izquierda partidista siempre ha tenido representación en los órganos electorales, en mayor o menor medida dependiendo de la fuerza política con la que ha contado en diferentes épocas, en algunas de las cuales ha sido sin duda real que otros partidos que contaban con más votos en las cámaras terminaban eligiendo a consejeros más o menos afines a sus intereses. Así funciona la democracia de mayorías.
Por ello la reacción de los lopezobradoristas radicales no podía ser calificada más que de golpista –como lo señaló el propio diputado federal de Morena Porfirio Muñoz Ledo-, pues pretendían desconocer un proceso sin tacha a partir de las falacias pseudo-legaloides esgrimidas por Ackerman –quien cada vez despeja más las dudas sobre su ausencia de credenciales académicas como jurista- y lo que es peor, de una avanzada legislativa para pasar por encima de la legalidad, lo que habría provocado una crisis institucional y política de grandes proporciones.
Al parecer –porque todavía habrá que estar atentos a la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados- en el círculo más alto del poder en el país midieron las consecuencias y concluyeron que no tendrían manera de salir bien librados de este lance, por lo que disciplinaron a los rijosos y en su lugar, decidieron negociar perfiles que le brinden cierta pluralidad al organismo que tendrá en sus manos organizar las elecciones del año entrante, en las que sin temor a exagerar está en juego el futuro inmediato y a largo plazo del país.
Permitir que el INE sea reducido a una oficina de organización de simulaciones electorales al servicio del gobierno y no de los ciudadanos, como en los tiempos en que lo encabezó Manuel Bartlett, sería una traición a los mexicanos y al país. Ojalá al menos eso puedan tener claro.
“Anticorrupción”
Tras la vergonzosa protección que se les buscó brindar en la Fiscalía Anticorrupción del estado de Veracruz por órdenes de la titular Clementina Salazar, finalmente en la Fiscalía General del Estado no les quedó de otra y abrieron la carpeta de investigación FGE/AC/1754/2020 en contra de los secretarios de Finanzas y Planeación José Luis Lima Franco, y de Infraestructura y Obras Públicas Elio Hernández Gutiérrez, a partir de la denuncia presentada por el dirigente de la Unión General Obrero, Campesina y Popular (UGOCP) Héctor Montes Parra por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y tráfico de influencias, todos derivados del pago por una obra pública que no fue concluida en el municipio de Córdoba y que ocasionó un accidente en el que murió una menor de edad hace más de dos meses, sin que hasta la fecha nadie haya sido llamado a cuentas.
Lo bueno es que lo de hoy es “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
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