“Los sentidos no engañan, engaña el juicio.” – Johann Wolfang von Goethe.
En medio de la peor crisis sanitaria de los últimos cien años la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPS) del Gobierno de Veracruz a cargo de Diana Estela Aristegui Carballo actúa de manera irresponsable obligando a sus empleados en oficinas centrales y en las Juntas de Conciliación acudir a trabajar presencialmente.
El reclamo permanente se ha dado desde el inicio de la crisis sanitaria, cuando todo mundo debió acatar las medidas de sana distancia y se confinó al “home office”.
Así en la Junta Número 10 ubicada en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río las cosas han tenido que ser expuestas a través de redes sociales, por temor a represalias.
La serie de mensajes intimidatorios de las autoridades de la Secretaría a través de diversos chats han sido constantes, mismos de los que este reportero cuenta con copia.
Reclamos de que deben estar en sus puestos de trabajo con la amenaza velada de tomar medidas para despedir al personal que ose llevar la contraria, son tan solo algunas de las joyas espetadas por tan brillantes autoridades.
El nivel ya de desconcierto está forzando a los empleados de la dependencia a tomar medidas más severas, pues ya se comienzan a orquestar acciones de presión para exponer las irregularidades al mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Estos reclamos incluso han sido señalados por empleados en Xalapa a través del trabajo periodístico de la reportera Yhadira Paredes quien ha confirmado que de manera anónima trabajadores STPS denunciaron dichas acciones.
Lo más grave señalado de todo esto, es que se afirma se esconden los casos de contagiados por Covid-19 al interior de la dependencia poniendo en riesgo al resto de los empleados.
La acción de presión ha llegado al grado de que la misma titular amenaza con acudir personalmente a verificar que la gente esté en las juntas especiales de conciliación y arbitraje aun cuando Veracruz se ubica en semáforo rojo.
“Es de risa pensar que como Secretaría del Trabajo no pueda garantizar los derechos laborales de sus propios trabajadores, siendo la única dependencia que permite que su personal asista cuando el repunte de los casos en la entidad continúa en aumento” acusa la reportera.
En el caso de la Junta Número 10 con sede en Boca del Río, su presidente Fernando Garces Arellano ha sido acusado directamente de lacerar los derechos laborales de los trabajadores, aun cuando sobre el pesan señalamientos muy graves de actos de corrupción.
Acusado de que los servicios de la Junta son gratuitos el sujeto ha hecho de su estancia en la dependencia una mina de oro, cobrando y exigiendo dadivas a empresas y trabajadores por igual.
Los empleados ya no lo toleran, pues el abuso ha sido extremo, sin que hasta el momento las autoridades hagan algo por remediarlo.
Aunado a ello, la preocupación de muchos de los trabajadores se basa en el hecho de que algunos son personas ya adultas mayores y con enfermedades crónico degenerativas son sometidas a largas jornadas laborales, mismas que los obligan a salir a altas horas de la noche, elevando con ello el riesgo de contagio al Covid-19.
En medio de esta crítica situación, sumado al hecho de que en el Poder Judicial se pelea una batalla por el control de los nuevos espacios en las magistraturas que directamente pudiera impactar en materia laboral, los empleados de la STPS se debaten en el dilema de actuar o ser corridos.
Ojalá el gobernador García Jiménez tome cartas en el asunto, porque es evidente que donde interviene su segundo de abordo Eric Patrocinio Cisneros Burgos se provocan crisis, muchas de ellas innecesarias y que mucho desdoran el actuar de la presente administración estatal.
Al tiempo.
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