- Manuel Bartlett, el artífice de las nuevas reglas en CFE
- Contratos legados y el gran fraude a los mexicanos
Cuando el presidente López Obrador cambió las reglas del negocio de particulares en la generación de energía eléctrica, prácticamente dio una estocada a muerte a la Reforma Energética de Peña Nieto. Pero más allá de cualquier interés político, el presidente intenta salvar de la ruina a la CFE y de paso “nacionalizar” la industria eléctrica.
El presidente sorprendió a todos al detener las pruebas preoperativas de decenas de plantas fotovoltaicas y eólicas en proceso de operación comercial, mediante un acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, publicado el 29 de abril. Pero sus razones fueron un asunto de interés público y casi de seguridad nacional.
Fue el director de CFE, Manuel Bartlett, quien documentó el lado oscuro de la Reforma Energética y las argucias legales que contiene para que los productores externos obtuvieran alta rentabilidad a costa de la quiebra financiera y técnica de Comisión Federal de Electricidad.
CFE Generación V tiene a su cargo la administración de 32 contratos celebrados entre la CFE y los Productores Externos de Energía. Precisamente son los llamados “contratos legados” el instrumento que permite a los particulares vender energía cara a CFE cuando las plantas no cumplen con los requerimientos.
Estos contratos fueron tramposos, porque el gobierno de Peña Nieto puso a competir a las plantas obsoletas y contaminantes de CFE, contra las centrales de generación de alta eficiencia de los particulares. En estas condiciones, la empresa del estado no está recuperando costos de producción y encima está comprando energía a los externos para compensar su déficit de generación.
En su informe del 2018, Manuel Bartlett explicó que “al no poder ejecutarse los planes de inversión y mantenimiento al ritmo adecuado, las empresas de generación tuvieron que comprar energía a precios de mercado (más altos) para cubrir la energía que no lograron suministrar comprometida en los instrumentos del Contrato Legado, lo que los llevó a desembolsos que gravitaron contra sus finanzas”.
De continuar este esquema, en pocos años más del 80 % de la electricidad en México sería producida por particulares, con precios variables y caros para el consumidor final.
El 9 de diciembre de 2019, Manuel Bartlett apareció en la mañanera y adelantó solo una parte de lo que sería el plan de rescate de CFE. Ese día, el director de la Comisión Federal advirtió que “La CFE debe seguir generando 54% de la energía eléctrica para tener un equilibrio entre generación pública y privada”.
También dio a conocer la construcción de nueva plantas convencionales y proyectos hidroeléctricos, como parte del programa de recuperación de la capacidad. Como estrategia para aprovechar los bajos precios de los combustibles, las nuevas centrales de CFE usarán gas, diésel y combustóleo.
El presidente López Obrador se encargó de la segunda etapa del plan, que básicamente fue el ordenar la aplicación de nuevos instrumentos legales para eliminar las condiciones ventajosas que les otorgó la Reforma Energética y, al mismo tiempo, fijó reglas para una incorporación más gradual de la nueva capacidad de generación proveniente de energías limpias.
AMLO y Bartlett pretenden ganar tiempo para fortalecer la capacidad de CFE y mantener La participación mayoritaria en el mercado. De no ser así, los productores externos tendrán el control total del mercado mexicano y ellos marcarán la pauta de los precios.
En estos momentos la CFE enfrenta la peor crisis de su historia y no tan solo por estos contratos amañados, sino también por la pérdida de energía por fallas técnicas y por el robo de energía.
En 2017, las pérdidas técnicas en Distribución fueron de 13,444 GWh, lo que equivale al 5.9% del total de la energía recibida, con un valor de 16.2 mil millones de pesos. Las pérdidas no técnicas fueron 18,268 GWh, lo que equivale al 7.6% del total de la energía recibida. El valor económico de estas pérdidas asciende a 30,325 millones de pesos.
Las empresas extranjeras y nacionales que operan parques eólicos y fotovoltaicos se han defendido mediante amparos, pero más allá de cualquier resolución legal, la principal negociación la tendrán sus directivos con el presidente López Obrador, como ya ocurrió con el tema de los gasoductos, con TransCanada y Carlos Slim.
También esta semana la Suprema Corte de Justicia admitió la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica para que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Al presidente no le preocupan los recursos legales que se han interpuesto, ni las campañas mediáticas en su contra de la española Iberdrola, por el proyecto de la Termoeléctrica Tuxpan que, dicho sea de paso, nunca fue cancelado y sigue en marcha.
AMLO tiene a su favor el hecho de que las actividades de la industria eléctrica son de interés público y que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son áreas estratégicas bajo la tutela del estado mexicano.
Queda claro que AMLO ya impuso nuevas reglas para que las empresas privadas operen en condiciones de mercado más justas y apegadas a la realidad. Podría decirse que la Contrarreforma Energética ya está en marcha.
