Desesperado por sacar dinero de donde sea para financiar sus programas clientelares y sus caprichosos proyectos faraónicos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado sus tenazas hacia diversos sectores que no son de su interés electoral para sangrar sus recursos.
El decreto presidencial que determinó un recorte presupuestario general de 75 por ciento a todas las áreas de la administración pública federal y la extinción de diferentes fideicomisos puso en peligro la operación, entre otras entidades, de los institutos de investigación científica y de educación superior, contra los cuales el aparato propagandístico del régimen arremetió acusándolos de improductivos y de procurar únicamente el “inmoral” lucro, con tal de justificar lo que en los hechos implicaba un acto de la más neoliberal barbarie.
Pero la feroz andanada oficial en redes sociales en contra de instituciones afectadas por esta pretensión, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), fue superada por la avalancha de críticas hacia lo que a todas luces representaba un atentado contra la educación superior de calidad, lo que obligó al gobierno a recular.
Y lo hizo no porque reconsiderase su pobre visión sobre la función y utilidad de estos organismos, sino porque no está dispuesto a regatear un solo centavo a sus obras insignia, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el “aeropuerto” de Santa Lucía, proyectos sin futuro que tendrán un enorme costo –en todos los sentidos- para el país, y que bien podrían sufrir también los mismos recortes que se aplican a otros rubros con el pretexto de atender la emergencia sanitaria por la covid-19.
Así que el gobierno de la mal llamada “cuarta transformación” ha decidido seguir adelante con su política “austericida” en otras áreas que no le resultan prioritarias, como las de la atención a la violencia contra las mujeres y las víctimas de delitos y las de protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
De acuerdo con un reporte publicado en Animal Político, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya se anunciaron despidos masivos de personal ante los recortes de recursos que dejan a este organismo en un estado de franca inoperatividad, al grado que no hay con qué pagar siquiera la renta de sus instalaciones. Mucho menos, para dar atención a las miles de víctimas que día con día se acumulan a lo largo del territorio nacional.
Algo similar sucede con la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República para extinguir el Fideicomiso 10232 para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a través del cual se financia la operación del Mecanismo que para tal fin fue creado y sectorizado en la Secretaría de Gobernación desde 2012.
A través de un pronunciamiento público, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresó su “total rechazo” a la iniciativa presentada por los legisladores de Morena el pasado 20 de mayo, ya que “extinguir, reducir o reorientar los fondos del Fideicomiso significaría a su vez poner en riesgo a quienes diariamente se enfrentan a un contexto de alta violencia, y cuyo trabajo resulta fundamental para la consolidación y el perfeccionamiento de cualquier sistema democrático”, pues no habría manera de garantizar la aplicación de las medidas de seguridad que por su naturaleza misma, implican un sentido de urgencia.
Empero, no hay que olvidar que al actual gobierno le importa un comino la seguridad y la integridad de los defensores de derechos humanos y en particular la de los periodistas que no son afines –o sea, aduladores- del régimen. Contra ellos, se lanzan sistemáticas campañas de linchamiento cibernético mientras sus amanuenses juran que existe libertad de expresión “como nunca antes”.
No por nada, el presidente que agrede todos los días a los periodistas que lo critican llamó este miércoles en su cuenta de Twitter a “definirse” o no en favor de SU “transformación”, pues según él, quien no lo hace se “refugia” en una “supuesta objetividad o independencia para no comprometerse”, al tiempo de celebrar la “libertad” de un actor… para doblar la cerviz ante él.
López Obrador no entiende ni entenderá nada. No quiere medios ni ciudadanos libres. Exige sometimiento o asfixia. Como cualquier vulgar tiranozuelo.
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