A pesar de que el combate a la corrupción es la principal bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI mostró que los costos totales a consecuencia de los actos de corrupción que pagaron las víctimas sumaron 12 mil 770 millones de pesos, un 64 por ciento más que en 2017.
El promedio por persona fue de 3 mil 822 pesos, un 56 por ciento más, esto es, uno de cada seis habitantes en el país que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o en el contacto con algún servidor público experimentó actos de corrupción en 2019 y esta cifra se elevó en los últimos dos años, al igual que los costos de esas actividades.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi mostró que los costos totales a consecuencia de los actos de corrupción que pagaron las víctimas sumaron 12 mil 770 millones de pesos, un 64 por ciento más que en 2017. El promedio por persona fue de 3 mil 822 pesos, un 56 por ciento más.
De manera desglosada, los trámites que presentaron un mayor costo a consecuencia de la corrupción fueron en Educación Pública, con dos mil 75 pesos en promedio por persona afectada, seguido del contacto con autoridades de seguridad pública, al ubicarse en los mil 294 pesos por persona. Los más bajos fueron el pago de tenencia o impuesto vehicular, con 688 pesos, y trámites vehiculares con 766 pesos.
De 2017 a 2019 aumentó en 7.5 por ciento el número de personas por cada 100 mil habitantes que fueron víctimas directas de un acto de corrupción.
De acuerdo con la encuesta, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019, el 15.7 por ciento del total.
La tasa de incidencia de actos corruptivos pasó de 25 mil 541 por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019, según el informe del Inegi.
El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.2 por ciento de los casos.
Seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25 por ciento.