El llamado de la Mesa Directiva del Senado para debatir sobre la Ley de Amnistía, que había quedado pendiente entre las tareas de los legisladores, fue cuestionado desde su convocatoria.
La oposición, como un solo hombre decidió que el tema no era prioritario, ya que se trataba de proteger a las personas que sus regímenes habían encarcelado, muchas de ellas sin culpabilidad, y la gran mayoría sin juicio.
Es por ello que los legisladores de Morena aseguraron que se trataba de una buena oportunidad para la reivindicación de las injusticias cometidas en el pasado.
Donde el sistema de justicia no sólo formaba parte del Ejecutivo, sino que había una legalidad ilícita que lo mismo fabricaba culpables que otorgaba impunidad a los verdaderos culpables.
De eso están llenas las cárceles del país, y la aprobación de esta ley servirá para evitar contagios de Covid-19 al interior de los reclusorios. En México hay personas que llevan años recluidos por haber robado para comer.
Los panistas, acostumbrados a exagerar todo lo que no conocen, aseguraron, desde que dicha ley fue una propuesta de campaña del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se intentaba liberar a narcotraficantes. Esta vez Damián Zepeda Vidales, lo gritó a voz en cuello y mostró su rechazo a la propuesta, a la cual calificó como un “capricho de Morena”. Además, lamentó que la sesión no se convocará para aprobar un plan de rescate económico emergente y de apoyo a la salud de los mexicanos.
Porque es sabido que a los panistas lo único que les interesa es poner salvo los intereses de los empresarios, de los cuales hay varios en sus filas.
A pesar del ruido que la oposición intentó introducir en la discusión, la Ley de Amnistía fue aprobada con 68 a favor, 14 en contra y dos abstenciones. Morena y los partidos Verde Ecologista de México,
del Trabajo y Encuentro Social aprobaron en lo general.
Los 14 votos en contra fueron del PAN y del senador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez Icaza, muy cercano al PAN en esta y otras muchas decisiones.
Las dos abstenciones fueron del PRD. En tanto, el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, excepto Patricia Mercado, quien votó a favor, abandonaron la sesión a la hora de la votación.
Estos dos partidos, muy próximos a perder su registro ante el INE, muestran -desde ahora- división en su interior, aunque no dejan de hacer daño hasta su último respiro.
Así, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que expide la Ley de Amnistía, a efecto de descongestionar los centros penitenciarios y aminorar el contagio de Covid-19, al interior de los reclusorios.
El dictamen parte del reconocimiento de que muchas de las conductas que mantienen privadas de su libertad a aquellos que las cometieron, no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni pone en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir.
Subraya que, de adquirir fuerza de ley, se reconocería que, en ciertos casos, el Estado no garantizó plenamente el derecho a un debido proceso de los indiciados o sentenciados.
Es decir, esta ley implica también una revisión de los casos de quienes se verán beneficiados, que serán, en primera instancia, primodelincuentes de delitos no graves.
Uno de los objetivos principales de este proyecto de decreto es reinsertar al tejido social a diversos grupos que sufren de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, así como por su situación de pobreza, como es el caso de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron una defensa adecuada.
Es una ley humanitaria, en medio de una crisis de sanidad; sin embargo, las voces de quienes tienen sus propias prioridades que con el tiempo se convirtieron en vicios, reprueban no sólo el resultado de la aprobación sino el llamado mismo a su debate.
El proyecto decreta amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza.
Se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.
Se decretará amnistía a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que, durante su proceso, por cualquier delito, no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haberles sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Respecto al robo simple y sin violencia, se implementará el ordenamiento cuando no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.
Podrían beneficiarse a más de dos mil 600 personas con la Ley de Amnistía.
Los partidos de oposición condicionaron su asistencia a la sesión del pleno, a que se discutieran otros temas adicionales a la Ley de Amnistía, como apoyos a las Pymes, una ley de Emergencia Económica y un Ingreso Básico Universal para quienes perdieron sus empleos por la pandemia del Covid-19. Es decir, la urgencia de que el gobierno contrate deudas es que los empresarios no padezcan descalabro alguno y que justifiquen despidos y reducciones de precios a sus empleados.
Desde luego que en un país con tantos intereses hay diferentes prioridades, nadie está obligado a adoptar las prioridades de otro, pero en política se cede para también ganar algo. Condición negociadora de la cúpula de Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos Walther, eterno crítico del actual gobierno.
Compartiendo créditos con el PAN, Coparmex explica que la Ley de Amnistía no es una prioridad en estos momentos para la nación, sin embargo, aseguran que dicha ley fue una orden del Presidente de la República, de ahí su rechazo a ultranza.
Muy al estilo de Jair Bolsonaro, los miembros de la cúpula de Coparmex aseguran que el empleo y los salarios son parte de la pandemia como si se tratara de una consecuencia natural de la enfermedad y no una consecuencia de los excesos de las acciones de los gobiernos anteriores y la imposición de los intereses de las minorías.
Porque debe reconocerse que el déficit de espacios en hospitales y la carencia de medicamentos es resultado de la poca o nula atención al sistema de salud de México y el mundo, cuya responsabilidad es de los gobiernos y los empresarios de esta rama de la economía.
PEGA Y CORRE. – México tiene el primer lugar en el mundo de fake news. Sus impulsores vienen de un sector muy definido de la población y en su afán por desacreditar al régimen político de Morena, ponen en riego la vida de muchos mexicanos… Esta columna publica los lunes, miércoles y viernes
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