Las cifras que en la mayoría de los estudios de opinión indican una caída sistemática en la aprobación ciudadana del presidente Andrés Manuel López Obrador y el desplome en las preferencias hacia su partido, Morena, han provocado el endurecimiento de las reacciones del régimen, de por sí tendiente al autoritarismo.
Las críticas que personajes de la farándula han hecho a las decisiones gubernamentales durante la contingencia sanitaria –sin siquiera estar dirigidas directamente a él- han sacado de quicio a López Obrador. Más incluso que las que le han llovido por parte de medios de comunicación extranjeros, calificadoras de riesgo y organismos internacionales, que tendrían mucho mayor fundamento, peso y sobre todo, consecuencias.
Pero como la empequeñecida figura presidencial no puede mirar más allá de sus muy limitados horizontes clientelares, el régimen arremete contra esos personajes que por su popularidad cree que podrían estarle haciendo mella con sus opiniones y lanza a su jauría de bots, trolls y textoservidores a atacar, denigrar y acusarlos de armar “complots” para derrocarlo, con la misma “conspiranoia” que el lopezobradorismo siempre ha usado como táctica para evadir sus propias corruptelas y falacias.
Sin embargo, no conformes con ello ahora amagan con la creación de “listas negras” de los críticos de la mal llamada “cuarta transformación”, como la que López Obrador informó le fue entregada por el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, el responsable de todas las campañas de linchamiento en redes sociales promovidas por el gobierno federal.
Algo similar a los amagos que días antes el mismo presidente hizo a los empresarios que expresaron su desacuerdo y acres críticas a su pobrísimo plan de “rescate” de la economía ante la pandemia. López Obrador afirmó haber enviado a las cámaras empresariales una lista con los deudores de impuestos a la Hacienda federal, lo cual, de ser cierto, implicaría una violación flagrante a la ley y a la protección de datos.
La mira, empero, está puesta especialmente en los medios de comunicación y los periodistas que, con razón o sin ella, considera como sus “adversarios”, llegando al grado de amenazar con aplicar sanciones por difundir “fake news”, como en el caso de dos periódicos del norte del país que publicaron notas falsas sobre supuestos muertos por coronavirus apilados en la calle. Lo cual -dicho sea de paso- es absolutamente deleznable.
Pero en lugar de exhibir la irresponsabilidad de dichos diarios y dejar a las audiencias la decisión de dejar de consumirlos, la reacción inicial e inmediata del gobierno fue la de imponer castigos, lo que de inmediato provocó una condena de organismos como Artículo 19 por los riesgos que para la libertad de expresión eso conllevaría. Al final, y seguramente por esa razón, recularon.
Pero la semilla de la intolerancia está sembrada. De eso a la represión hay una muy delgada línea.
¡Ponchados!
Con gran “orgullo”, este miércoles la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal anunció la conclusión de las obras de construcción del estadio de béisbol de San Luis Río Colorado, Sonora, que ahora es “un espacio deportivo de primer nivel, digno de las grandes ligas del rey de los deportes”. En este capricho presidencial, levantado en un tiempo récord de seis meses, se gastaron la friolera de casi 58 millones de pesos.
¿Quién necesita hospitales y equipamiento médico para enfrentar la emergencia por el Covid-19 –que el propio gobierno estima ya habría infectado a más de 55 mil mexicanos-, si tenemos estadio de “beis” nue-ve-ci-to?
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