Este miércoles 15 de abril se vence el plazo para que sean concentrados en la Tesorería de la Federación los recursos que forman parte de los fideicomisos públicos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, determinó extinguir de manera unilateral, aprovechando para ello la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y el periodo de asueto oficial por la Semana Santa.
Hacia el final de 2019, dichos fideicomisos contaban con un total de 740 mil 527.7 millones de pesos. Pero fueron exceptuados de la extinción aquellos que tienen como objeto el pago de pensiones, prestaciones laborales, fondos de estabilización, emergencias de salud y los que están dando cumplimento a alguna ley vigente. Por lo cual, el gobierno dispondría aproximadamente de la cuarta parte del dinero, equivalente a 181 mil 440.3 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La decisión de desaparecer los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos públicos y análogos, formalizada a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación la noche del pasado 2 de abril, se tomó con el objetivo de retirar todos los recursos existentes en esos instrumentos y concentrarlos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el pretexto de que funcionaban bajo esquemas de corrupción. Lo cual era cierto en algunos casos, más no en todos.
Pero si un área fue afectada con especial rudeza con este decreto –y por este gobierno desde que asumió el poder- es la de la educación, la investigación científica y la cultura. Ello, a pesar de que en esos rubros particulares la gran mayoría de los fondos provienen de la autogestión de las instituciones que los operan y que sin esos recursos, simple y llanamente no podrán sobrevivir.
Por ejemplo, los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) cuentan con un total de 22 mil 630.6 millones de pesos, recursos con los que además de financiar los centros y proyectos de investigación científica y académica, se sostienen las becas de los estudiantes. Al quitárselos, será imposible mantenerlos y quedarían al garete.
Pero según expresan integrantes de entidades académicas como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y del propio Conacyt, los recursos con que operan fideicomisos como el de Ciencia y Tecnología no provienen de la Hacienda pública, sino que se obtienen de organismos externos como la Fundación Ford, la Universidad de Harvard, Open Society, por citar algunos, ante los cuales los proyectos se concursan y luego se recibe el financiamiento.
En este caso, el fideicomiso es únicamente un medio de pago, desde donde también se financian los gastos generales de las entidades académicas, proyectos internos y se paga a becarios y asistentes de investigación, así como un fondo de permanencia de los investigadores y, muy importante, el pago de pasivos laborales. Sin ese dinero -que no proveyó el gobierno-, no habrá manera de que estas instituciones puedan enfrentar esos compromisos y se les llevaría a colapsar.
Asimismo, hay fideicomisos que financian infraestructura o proyectos de mediano y largo plazo, razón por la cual se invierten en fondos que dan mayor tasa de interés por el monto acumulado y el plazo para su uso. Y que precisamente por ello no pueden entregar el dinero de buenas a primeras, pues está invertido a uno, tres o diez años. Incumplir con esos compromisos supondría pagar penalizaciones enormes, multimillonarias, lo cual, dicho sea de paso, al gobierno de la mal llamada “cuarta transformación” nunca le ha preocupado. Para muestra, el desastre de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Lo que subyace es la arbitrariedad del gobierno lopezobradorista, que en medio de la pandemia se niega a detener las faraónicas y anacrónicas obras “insignia” del sexenio como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, y que con una carga ideologizante demencial y como forajido, se abalanza sobre todo el dinero que puede sin rendir cuentas de nada.
Eso, mientras el país se desangra económica y sanitariamente.
La UNAM se deslinda de la Guía Bioética
Revelador resulta el deslinde la Universidad Nacional Autónoma de México respecto de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica emitido este fin de semana por el Consejo de Salubridad General, en el que se establece la prioridad en la atención de los pacientes jóvenes y sanos por sobre los adultos mayores y los pacientes de enfermedades crónicas cuando llegue la etapa más dura de contagios por Covid-19.
Esto porque la máxima casa de estudios del país fue excluida de su análisis, discusión y aprobación, a pesar de por ley corresponderle hacerlo.
Los modos característicos de la “4t”.
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