A partir del momento que se hizo del conocimiento de la opinión pública que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), estaba investigando al Coordinador General de los Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, Gabriel García Hernández, las informaciones sobre este importante tema comenzaron estar en las primeras planas de los medios de comunicación impresos, así como también a ser comentado en noticiarios de radio, televisión e internet.
Asunto delicado que también le fue expuesto en una de las conferencias de prensa -mañaneras- que de lunes a viernes da a los medios de comunicación Andrés Manuel López Obrador, en la mayoría de los días, desde el Palacio Nacional. A lo que el Jefe del Ejecutivo Federal respondió, sin darle importancia al asunto, en forma institucional, diciendo que la instancia correspondiente investigaría la situación y como lo ha expresado en otras ocasiones, que quién resulte culpable, tendrá que responder por sus actos.
La investigación que se le hace al Coordinador de los Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, hasta donde se tiene información es por dar un uso político a los programas, usando la base de datos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y los Servidores de la Nación para promover el voto partidista. Acción que no es difícil que creer, pues cuando formo parte de la directiva de MORENA, fue Secretario de Organización, así como también, estuvo a cargo del tan discutido y manoseado Padrón de Militantes.
Acciones que seguramente fueron denunciadas ante la instancia electoral correspondiente, lo que provoco que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitiera sanciones en contra de algunos encargados de estos programas en las entidades federativas del país, por uso de estos bienes nacionales en promoción personal y que ahora tiene como consecuencia que los coordinadores estatales que hayan sido sancionados se inconformaran.
Son 24 coordinadores de los 32 que hay en el territorio nacional, los que a la fecha ya interpusieron 39 impugnaciones ante la Sala Superior del TEPJF, que en este país es la máxima autoridad en materia electoral.
Impugnaciones que por el momento no se tiene conocimiento como resolverá la autoridad electoral, pero seguramente no será fácil llegar al veredicto, pues la línea que hay entre lo que puede entenderse como “promoción personal” y “el trabajo” que estos servidores públicos están desempeñando es muy delgada. Como ejemplo podemos citar, cuando se anuncia el inició de alguno de estos programas en cualquier parte del país, los que tienen que hacer ese anunció son precisamente quienes tienen bajo su responsabilidad los programas y esa actividad, que es trabajo, no puede considerarse como “promoción personal” o “promoción del voto”. Aunque el servidor público que lo haga, haya emanado del partido que gobierna actualmente. Sin que esto sea una defensa, es simplemente que está cumpliendo con su función.
Claro, si el servidor público en cuestión hace alusión al partido que lo cobija o que él gestionó el apoyo, entonces sí, estaríamos en una clara violación no solamente de tipo electoral (aunque por el momento no está en operación ningún proceso electoral) sino también de alguna otra legislación.
Pero lo que será más difícil de resolver para las autoridades electorales del país, está apenas por venir. Qué pasará con las conferencias “mañaneras” de Andrés Manuel López Obrador, cuando inicie formalmente el proceso electoral 2020-2021. ¿Continuarán o no? Conociendo la personalidad del Presidente de México, ¿Qué pasará? Usted qué OPINA, estimado lector. Hasta el viernes. [email protected] (Fech. Púb. Miér. 26-febrero-20)
