* No pudo justificar 142 millones * 2017, una cuenta pública explosiva * Va por él la Auditoría Superior * Inculpar a Bustamante * A la fiscal gandalla se le van los detenidos * El Chapito quiere ser oposición * Por Amor a Coatza, que Carranza renuncie * Agua Dulce: regidoras con un pie en Morena * Coatza: el que falsifica la firma del alcalde
MUSSIO CARDENAS ARELLANO
Publicada en mussiocardenas.com
18 de febrero de 2020
Botarata, uña fina, Joaquín Caballero hizo de 2017 el año del festín, el dispendio, obras en que no se alivió la pobreza, inversión sin observar la ley. Y dos años después, la cuenta pública no termina de cuadrar.
Oficialmente son 142 millones 277 mil 111.62 pesos de daño patrimonial, no solventados en los plazos legales, no justificados ni por el ex alcalde de Coatzacoalcos ni por su sucesor, el morenista Víctor Manuel Carranza, con quien lo une un lazo familiar, bisnietos ambos de don Nicasio Rosaldo aunque de bisabuelas distintas, doña Eduviges Sánchez y doña Artemia Cruz.
Año de jauja, año de Hidalgo, 2017 no le significó a Joaquín Caballero el tiempo en que hay recoger los triques y limpiar la casa, enderezar las cuentas y rellenar los boquetes financieros.
Su cuenta pública es un dilema no sólo para él sino una amenaza de cárcel por lo menos para una decena de funcionarios, amigos y cómplices en las áreas de Tesorería, Obras Públicas, Obra Social y Contraloría.
A la fecha, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz mantiene sin dictamen final el ejercicio 2017 del ayuntamiento de Coatzacoalcos y ni uno de los alegatos de Joaquín Caballero han servido para atenuar el monto observado.
De los 800 millones detectados con irregularidades en los casi 212 municipios de Veracruz, el mayor fue el que ejercicio el priista Joaquín Caballero.
Un primer informe del órgano de fiscalización, emitido el 1 de marzo de 2019, determinó inconsistencias en las finanzas de Coatzacoalcos por los más de 142 millones de pesos. Un segundo informe, de fecha 5 de septiembre de 2019, reflejó que no se había solventado nada.
Únicamente en observaciones de tipo financiero sumó 61 millones 738 mil 576.61 pesos. Por lo que hace a observaciones de carácter técnico, el monto fue de 80 millones 538 mil 535.01 pesos. El daño patrimonial alcanzó los 142 millones 277 mil 111.62 pesos.
Un rubro, el del manejo del combustible y asfalto donado por Petróleos Mexicanos, establecen el mayor daño financiero. Suma 25 millones 525 mil 662 pesos y corresponde a 300 mil litros de gasolina magna, 600 mil litros de diesel y 400 toneladas de AC-20.
Fueron donativos de orden federal que “carecen del soporte documental de su aplicación” y en los que se advierte “incumpliendo los servidores públicos”.
¿Quién huachicoleó ahí?
El segundo monto más observado fue el de compras, arrendamientos diversos, entre ellos el de oficinas, conservación de maquinaria y otras minucias que alcanzan la cifra de 24 millones 466 mil 935.60 pesos.
La observación número 20 advierte un daño patrimonial del orden de 8 millones 995 mil 235.38 pesos por anticipos pagados a empresas contratistas sin que se hubiera explicado cómo se amortizó la erogación. Incluye dos obra de construcción de aulas y el resto corresponde a pavimentación con concreto hidráulico.
Otras irregularidades del gobierno municipal de Joaquín Caballero Rosiñol corresponden a pagos que se reflejan en las declaraciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pero que en la contabilidad de la Tesorería se registran con “cancelado”. Es el caso de un pago a la empresa Contractor MART S.A. de C.V. por 4 millones 931 mil 144.49 pesos.
Orfis determinó que el ayuntamiento joaquinista retuvo impuestos a trabajadores pero no los entregó al SAT, lo que presume delito fiscal.
Eso en lo financiero. De las observaciones de carácter técnico, se distingue la introducción de 600 metros de drenaje en el circuito vial primera etapa, entre General Anaya y 5 de Febrero, Colonia Santa Rosa.
Orfis catalogó la obra con “falta de operación de obra concluida”, careciendo de validación Poor parte de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, sin acta de entrega recepción a la empresa que la habría de operar.
Una más, la construcción de drenaje sanitario y pluvial de la calle Abraham Zabludovsky entre Eduardo Soto Innes y General Anaya, colonia. Santa Isabel, con un costo 4 millones 249 mil 999,99 pesos, con posible daño patrimonial y otros “incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma”.
La mayoría de los montos observados corresponden a pavimentaciones y mantenimiento de colectores en diversos sectores de Coatzacoalcos pero transgreden la normatividad y no cumplen con el fin de las partidas presupuestales de origen. Por lo menos en seis obras, señala Orfis, “no beneficiarios a sectores de la sociedad en condiciones de rezago social y extrema pobreza”.
Otras más fueron observadas por “falta de documentación comprobatoria de las erogaciones. por lo menos cinco tienen señalamiento de “pagos improcedentes”.
En la observación 28, Orfis señala que la pavimentación de la Avenida Abraham Zabludovsky, entre el Teatro de la Ciudad y la avenida General Anaya, por la que estableció un presupuesto de 9 millones 982 mil 777 pesos, de los que se “ejercieron” 2 millones 994 mil 831 pesos pero los trabajos no habían iniciado.
En suma, Orfis halló probable daño patrimonial por 142 millones de pesos. Lo reveló en septiembre de 2018. Días después, Joaquín Caballero se ufanaba de poder solventar todas las observaciones. Pero en diciembre el Congreso de Veracruz instó al Orfis a proceder contra el ex alcalde de Coatzacoalcos y contra 110 ediles más. En esa relación el ex edil ocupaba el lugar 29.
Confiado, soberbio, Caballero se paseaba por Coatzacoalcos con la sonrisa a flor de piel. Visitaba restaurantes y saludaba a todo el que se topaba con él.
Confiaba en un pacto de impunidad. Su padrino, Marcelo Montiel Montiel, había trabado acuerdos con el yunismo azul que en 2018 contendió bajo las siglas del Partido Acción Nacional por la gubernatura de Veracruz.
Simultáneamente, Caballero tenía su propio acuerdo con Morena para impulsar a Víctor Manuel Carranza Rosaldo a la alcaldía de Coatzacoalcos. De ahí la traición al candidato del PRI, su partido, Carlos Vasconcelos Guevara.
Dos años después, a Caballero se le agotó el tiempo para solventar los 142 millones de pesos. Y si no devuelve los recursos enfrentará un proceso penal.
Dos años van del gobierno de Carranza y no ha procedido contra su antecesor y primo, y tampoco ha limpiado las huellas de la corrupción. Se halla en el umbral de la complicidad.
Un día Javier Duarte lo convocó a Torre Pelícano, el remanso del ex gobernador. Un rato lo mandó enfriar. “Vayan por el pingüino”, dijo después. Amoratado, gélido, Caballero compareció ante el verdugo de Veracruz.
“Supe lo que robaste desde el primer día —le escupió Duarte—. Lo supe y te dejé robar. Harás ahora lo que te ordene sin chistar”.
Y Caballero, observado por el secretario Bermúdez, se doblegó.
No reclamó las participaciones federales robadas por el ladrón de palacio, ni rehuyó el pago a las células morenistas en Tatahuicapan, que ejercían el chantaje con el cierre de la presa Yuribia que surte de agua a Coatzacoalcos.
El dilema es cómo cubrir los 142 millones o a quién responsabilizar. Hay conclave a menudo en las instalaciones de lo que fue la empresa de materiales Morales Gordillo. Asisten Caballero, su ex secretario de Obras Públicas, Fernando Ramos; el ex director jurídico, Carlos de la Rosa; el ex secretario de Gobierno, hoy regidor priista-morenista, Oliver Damas de los Santos, el personal del área financiera y de Contraloría; el ex director de Infraestructura y beneficiario de obras, socio del ex alcalde en la compañía Perconsa, Guillermo Ibarra Macías, y el ex tesorero, Alfonso Morales Bustamante, hoy en grave estado de salud. Sobre éste se intenta recaer loa mayor responsabilidad.
Presume Caballero que hasta la Auditoría Superior de la Federación se ha dado por satisfecha en sus observaciones. No es así. La ASF y la Secretaría de la Función Pública no tardan en proceder.
A dos años, el expediente de corrupción sigue abierto.
Lo de Orfis es grave. Hay otros informes que van a escandalizar.
Y Caballero en la mira.
Archivo muerto
Fiscal fallida, fiscal espuria, a Verónica Hernández Giadáns se le siguen yendo de las manos los malosos, o a los que les imputa delitos que aún se verá si en los juzgados los puede demostrar. Ridiculizada, Verito, la prima de “La Jefa, Guadalupe Hernández Hervis, lideresa zeta, tardó más en lograr la aprehensión de cuatro acusados de secuestros y asesinatos, entre ellos el del ex alcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, que en ser liberados una vez que la jueza Dulce María Mendoza Rosas determinó que con el argumento presentado por la Fiscalía de Veracruz no se acreditaba su probable responsabilidad. Ahí chilló. Arguye que la misma jueza que libró la orden de aprehensión porque consideraba que Bonifacio “N”, Getsemaní “N”, Blas “N” y José Luis “N”, dos de ellos policías, eran probables responsables, es la misma que los deja en libertad. Pues no es así. Si la carpeta de investigación está mal documentada, a los imputados no se les vincula a proceso. Como ese caso hay muchos más. Apenas fiscalita carnala, fiscalita gandalla, ignorante de lo elemental en derecho, sólo le sirve al gober Cuitláhuac García para exhibir el paupérrimo nivel político de los cuartoteros que por accidente llegó al poder… Al Chapito de Tantoyuca ya le dio por ser oposición real. Patrocinado por Cuitláhuac García y el primer círculo del gobernador, Joaquín Guzmán Avilés pudo cooptar a un panismo que rompió con el yunismo azul, que le sirvió y se sirvió de él, que se trepó en Miguel Ángel Yunes Linares para llegar al gobierno de Veracruz en el contexto del huracán Fidel y su mozo a modo, Javier Duarte, autores del saqueo y el abuso de poder. Apenas concluido el gobierno yunista, llegó la confrontación. Al Chapito de Tantoyuca le allanó el camino Morena. Cuitláhuac le acercó priistas, perredistas, duartistas y hasta al abogado Nicanor para atizar el conflicto electoral panista, siendo convertido en magistrado trinquetes con su toga de trapo y su birrete de oropel. Hoy, Joaquín Guzmán vuelve a la senda de la oposición, o lo simula. Reclama las supercherías de la Cuarta Transformación, la violencia incesante, el ataque de la Fuerza Civil a pobladores que protestaban en Ciudad Isla. Y se cierra a toda posibilidad de hacer alianza con el PRI. O sea, el PAN, partido en dos, pasará a ser tercera fuerza política en la elección de 2021… “Por Amor a Coatza”, el alcalde Víctor Carranza baila y baila mientras la violencia sacude a la sociedad. “Por amor a Coatza”, no mueve un dedo ante el desplome de la economía, el cierre de comercios, el desempleo que crece. Al son de la Iguana, el alcalde se tira al piso, se contonea, se pone de pie, zapatea, sonríe, goza escuchando al respetable aplaudir y festinar. Así el desgobierno del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, surgido de la ocurrencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sin una sola acción digna de mencionar, impasible ante el embate del crimen organizado, el robo a casa habitación, el robo de autos, el asalto a mano armada, la prostitución sobre el malecón del río, la extorsión por todo lugar y hasta el robo de un cajero bancario en los bajos del palacio municipal. Y su Policía Municipal enfrascada en pleitos internos y acusaciones de extorsión. “Por Amor a Coatza”, Carranza no debió llevar a la nómina municipal malosos de poca monta, secuestradores y narcomenudistas, y otros de alcances mayores, incluso ediles afectos al vicio, al perico y al alcohol. “Por Amor a Coatza”, Carranza contrata empresas boletinadas por el SAT y desvía recursos a la Universidad (Patito) Politécnica de Coatzacoalcos y al ayuntamiento de Tatahuicapan a espaldas del cabildo. Si tuviera un ápice de vergüenza, “Por Amor a Coatza” Carranza se habría ido… Dos nuevas reclutas se alistan en Morena: una, Alma Esther Santaellla, proviene del PAN, y la otra, Guadalupe Martínez, tiene origen en el PRI. Ambas, regidoras de “oposición”, han sido por 25 meses y medio la comparsa ideal del alcalde Sergio Guzmán Ricárdez en Agua Dulce, un comprador de lealtades cómplices. A ojos cerrados, la mano extendida, le aprueban omisiones legales y excesos de poder, estados financieros con tufo a corrupción y obras de ínfima calidad. Alma y Guadalupe, que llegaron al cabildo por el PAN y el PRI, han sido más morenistas que la militancia del partido de López Obrador, serviles al alcalde que opera para Morena con la misma alevosía que en sus tiempos de jefe policíaco al que le llovían señalamientos por arbitrariedad, represión y tortura. Tenerlas de comparsa de Sergio Guzmán le ha resultado oneroso a los hidrómilos. Su salario lo paga el pueblo; sus privilegios también. Y cuando el alcalde concluya su desastrosa administración, ¿cuál será su futuro? Ninguno. En Morena serán dos reclutas más. Y ni pensar en el regreso; en el PAN y en el PRI ya huelen a muerto… ¿Quién es ese funcionario de alto nivel, proclive a falsificar firmas, incluida la del alcalde, disponiendo así de cheques y “apoyos” con los que sufraga gastos y gustos, para el viaje y con la vieja, provocando un boquete financiero que ni el ORFIS puede justificar? Dos pistas: 1, si presidente municipal se va, el ayuntamiento es suyo, y 2, le encanta lavar y pintar…
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