La intolerancia y el autoritarismo cada vez menos disimulado por los regímenes surgidos de la mal llamada “cuarta transformación” se asomó con fuerza en Veracruz.
Por la mañana de este martes, un grupo de trabajadores adheridos al Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz que protestaban a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fueron desalojados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes además detuvieron arbitrariamente al secretario general de esta organización gremial, Acdmer Antonio Galicia, mientras repelían con violencia a quienes intentaron impedir lo que a todas luces fue un abuso de autoridad.
¿Por qué protestaban desde el lunes los trabajadores? Por el incumplimiento de acuerdos signados con el propio titular de Finanzas, José Luis Lima Franco, luego de un fallo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para la entrega de bases laborales a 171 empleados con más de 20 años de servicio en el gobierno estatal.
La respuesta del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez –que se asume de izquierda y de origen popular- a estas demandas laborales, fundadas en la determinación de un tribunal, fue detener al dirigente sindical sin siquiera notificarle qué delito se le imputa y a través de un aparatoso operativo, digno de la captura de un peligroso delincuente.
Ello también quedó claro durante los hechos violentos acontecidos en Ciudad isla, en la zona de la cuenca del Papaloapan, la misma mañana del martes, cuando una protesta de habitantes de aquella localidad devino en el ataque a una base de la Policía Federal y la Fuerza Civil, hecho que era cubierto por periodistas de aquella región.
Los reporteros fueron agredidos físicamente por los policías, que además los encañonaron. Uno de los comunicadores, José Alberto Carmona Contreras, del Piñero de la Cuenca y quien transmitía los hechos, fue golpeado junto con su equipo por los uniformados, constituyéndose en otro abuso de autoridad que mereció incluso la condena de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, que calificó como reprobable que “otros elementos policíacos se hayan sumado a las agresiones en contra del comunicador y a la intimidación de otros que estaban presentes en el momento del operativo, exponiendo su integridad física y reprimiendo sus derechos de libre expresión e información”.
Ni en el caso de la represión a los burócratas ni la agresión a periodistas hubo pronunciamiento alguno del gobierno estatal. Para las autoridades, fue más destacable informar sobre la jubilación de un perro policía a cuya “ceremonia de retiro” asistieron el mismo gobernador y los responsables de la gobernabilidad, la prevención y la procuración de justicia en el estado. Aunque sin duda, la hoja de servicios del agente canino demuestra que es mucho más eficiente que todos ellos juntos.
Con virulencia, el gobierno de Veracruz pretende acallar las protestas ciudadanas y silenciar a los medios de comunicación, incluida la coacción de periodistas a través del acoso laboral de sus familiares y hasta de sus amigos.
La falsedad del supuesto respeto a los derechos humanos y laborales, al disenso y a la libertad de expresión de un régimen obtuso, mentiroso y arbitrario es cada día más soez y cínica. El garrote fue el mensaje para quien se atreva a contrariar a los nuevos dueños del poder.
Nada de abrazos. Para la “4T” todo se resuelve a madrazos.
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