Los periodistas en México se han vuelto vulnerables. Pero no todos. Las víctimas de amenazas, de tortura, de secuestro, de homicidio, suelen ser trabajadores de medios que no son los hegemónicos. Estos han demostrado hasta el cansancio ser partícipes de la idea de que nada cambie.
Los responsables de estas agresiones pertenecen al grupo de los que no quieren perder sus privilegios, quienes se encontraban muy a gusto con las cosas como estaban. Sin denuncias, pero con mucha impunidad.
Los comunicadores amenazados de muerte, o desgraciadamente muertos, forman parte de medios digitales, por lo regular del interior del país, como si la elaboración de noticias se resistiera a que haya competencia de menor calado, pero con mayor efectividad, cobertura y penetración.
Esta característica obliga a empezar a ubicar a los victimarios. Sobre todo, que los mexicanos puedan advertir sobre sus intenciones y los objetivos que intentan avanzar si son exterminados quienes denuncian los excesos de los que se consideran vulnerables ante la verdad.
En esos grupos pueden encontrarse a algunos cómplices de las anteriores autoridades en todos sus niveles. Pero también los practicantes de viejos vicios como los talamontes, los depredadores, los traficantes de especies animales, de órganos, de drogas, de armas etc.
Aunque en realidad la mejor pista siempre la representa el historial de las notas publicadas de las víctimas. La protección de los periodistas es una asignatura pendiente en esta administración. Una de las principales causas es el hecho de que en las instancias donde debe protegerse a los periodistas hay personas del sexenio anterior.
Así, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pocos resultados puede arrojar, y no porque ellos sean culpables, sino que están acostumbrados a realizar, día tras día, una inercia burocrática destinada a no resolver nada. Esta forma de trabajo, propia de los regímenes anteriores descalifica, por sí misma, toda intención de protección a los periodistas. Todo el país conoce la manera que tenían de pasar las horas los burócratas responsables de resolver los graves problemas de México.
Ahora, el pasado ha abierto un nuevo frente de guerra que consiste en la demanda por daño moral. Aberración surgida de quienes en algún momento se sintieron aludidos por las denuncias o las sospechas de culpabilidad.
El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, amigo de la maestra Elba Esther y permanentemente bajo sospecha de algunos desaciertos, se ofendió porque el catedrático Sergio Aguayo dijo que alrededor del priista había cierto olor a corrupción. Acudió a un juez a modo, como los muchos que prohijó el viejo sistema priista, y este lo condenó a pagar 10 millones de pesos por considerarlo culpable. Para el juez no hay más culpable que el editorialista, que, si bien no es de profesión periodista, realiza análisis políticos en un diario de cobertura nacional.
Ante esta situación los periodistas de la Ciudad de México se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exigir que se deseche la sentencia.
Los manifestantes reunieron firmas y entregaron un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al titular de la Corte, Arturo Zaldívar, en el cual piden que cese lo que consideraron el hostigamiento judicial contra Aguayo.
“Nos hemos reunido para protestar por la injusta, desproporcionada y muy probablemente corrupta sentencia contra el compañero Sergio Aguayo (…) Esto nos afecta a todos los que ejercemos la libertad de expresión, a la sociedad mexicana porque se le priva de la verdad y la realidad que mostramos con nuestro trabajo”, expuso Humberto Musacchio.
Más allá de las injusticias y las corruptelas, la situación de los periodistas nos habla de una clasificación criminal de los comunicadores por parte de sus acusadores, porque los periodistas del interior del país, los defensores de la naturaleza, los que cuidan la tierra pueden ser asesinados; en cambio, los de las ciudades, deben ser demandados y sancionados con multas no sólo injustas sino impagables e insultantes. No se muestra un acto de justicia, sino un acto de venganza. Recordemos que el exgobernador de Coahuila pagaba de renta en un departamento de Madrid, España, más de 50 mil pesos al mes. Fue capturado en esa ciudad a principios de 2016, y liberado por otro juez de dudosa honestidad.
A pesar de eso demandó y ganó. El analista escribió su columna y perdió. La acusación era un supuesto y no una acusación contundente; sin embargo, dicha expresión fue tomada por el juez casi como una amenaza o un delito.
La amenaza a los periodistas proviene de ciertas personas del pasado por ciertos intereses, con muy definidas características y con una clasificación que muestra no sólo discriminación sino un gran desprecio por la gente de provincia, por los medios de información que no son hegemónicos, por la verdad.
Es en esta diferencia, en esta gran desventaja creada por tradición en la política nacional, en la que se coloca la vulnerabilidad de los periodistas mexicanos. Esto es lo más grave y peligroso. La segregación de los periodistas y, por lo tanto, de los mexicanos. Una marginación que no es nueva ni debe sorprendernos, aunque no deje de indignarnos. PEGA Y CORRE. – La ya habitual intención separatista de los panistas tuvo su más reciente expresión en las palabras del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien fue de los que se negaron desde un principio a aceptar el nuevo sistema de salud pública para su entidad. Pero no sólo eso, trató de crear todo un movimiento en contra del Instituto de Salud Para el Bienestar, y ahora considera que estar fuera de ese proyecto federal le hará tener el mejor sistema de salud del país. A grado tal que se atrevió a decir “Pacientes que no sean de Aguascalientes a la chingada, yo no puedo atender a otros estados porque eso me lleva un costo aproximadamente del 25 por ciento”. Es decir, Aguascalientes es otro país para el monarca de esa entidad… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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