Desde el 2011 se realizaron modificaciones a los Códigos Civil y Penal para que los padres que dejen de pagar la pensión alimenticia por más de 90 días sean inscritos, orden judicial de por medio, en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) que maneja el Registro Civil.
Son aterradoras las estadísticas sobre los hijos que sobreviven sin el apoyo paterno que debería ser obligatorio. Según el INEGI, el 68% de madres solteras no reciben una pensión alimenticia. Y, en 2015, 25% de la población inició un trámite de pensión alimenticia, porcentaje que representó el doble respecto del año anterior.
El Registro Civil tiene la facultad de notificar al Registro Público de la Propiedad, al Servicio de Administración Tributaria y otras dependencias la condición de deudor alimentario moroso con la finalidad de obtener información sobre la condición económica real del deudor.
Lo anterior no ha obstado para que los padres irresponsables acudan a cuanta triquiñuela pueden con tal de dejar de pagar aquello que garantice una vida digna a los hijos que engendró. En nuestras familias, círculos de amigos o conocidos todos sabemos de casos en los que esos deudores prefieren renunciar a un trabajo para evitar pagar. Se pueden salir con la suya porque los demandantes de pensión alimenticia deben hacer gestiones en un tribunal a fin de que se le inscriba en el REDAM y para obtener la información sobre sus ingresos.
Muchas mujeres se rinden ante el laberinto jurídico que supone hacer cumplir al deudor, quien muchas veces ayudado por amigos, familiares o la nueva pareja logra evadir la obligación legal de ayudar a sus propios hijos. Este afán por escapar de su responsabilidad esconde en muchos de los casos una forma de violencia de género en su modalidad económica porque utilizan la negativa a sostener a los hijos como una forma de castigo hacia la madre (pues el caso más común es el de deudores alimentarios varones).
Si bien la existencia del REDAM es un avance legal, el partido Morena acaba de promover un uso que pone un cerco a un tipo especial de deudores, pero por algo se empieza. El Comité Ejecutivo Nacional de ese partido aprobó un acuerdo para que en las elecciones de Hidalgo y Coahuila que tendrán lugar el próximo 7 de junio, los deudores alimentarios no puedan acceder a una candidatura.
En Coahuila se elegirán 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, mientras que en Hidalgo se renovarán las 84 alcaldías. Se puede pensar que 109 candidaturas no son numéricamente significativas, pero si Morena toma este acuerdo podrá usarlo como bandera de campaña y lo menos que podrían hacer los otros partidos es imitarlo.
También se puede pensar que quienes van tras una candidatura probablemente no tengan problemas económicos como para ser deudores alimentarios, pero nos sorprendería la cantidad de personas que rehúyen sus obligaciones por razones diversas, generalmente por ejercer algún tipo de violencia contra las exparejas.
Conozco el caso de un candidato a una gubernatura que tenía un departamento muy decoroso en la colonia Condesa de la Ciudad de México; debía tanto de cuotas de mantenimiento que propuso a sus vecinos hacer arreglos al edificio como instalar una reja con abrepuertas eléctrico para compensar sus reiteradas omisiones de pago, cuando en realidad lo que buscaba era evitar una filtración que lo hiciera quedar mal cuando fuese candidato.
Todavía recordamos el caso vergonzoso del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, nada menos que el dirigente del máximo tribunal del país, quien utilizó su poder e influencia para hacer encarcelar a la madre de sus hijos, supuestamente acusada de fraude y maniobró para que la juez redujera el monto de la pensión alimenticia alegando el “estatus social medio-bajo de sus hijos”.
Al igual que el candidato a gobernador arrepentido con sus vecinos, los morosos alimentarios pueden ponerse al corriente y salir del REDAM. Será importante entonces definir con precisión cuál sería la consecuencia de reincidir como moroso, para evitar que sólo sean “bien portados” para obtener la candidatura y durante la campaña.
Lo más importante, sin embargo, será que se dé difusión a esta información. Muy pocos medios recogieron la nota del acuerdo de Morena, lo cual es todavía más relevante que el efecto práctico de dejar sin candidaturas a los morosos porque habla de una sociedad que desde los partidos, el poder judicial, el poder ejecutivo (a través del Registro Civil, entre otros) y el poder legislativo está convocando a las mujeres a denunciar y luchar por los derechos propios y de sus hijos.
Bienvenido el “si no te ocupas de tus hijos, no puedes representar o gobernar”.
