No fue ni siquiera oculta la operación en favor de los candidatos de Morena que varios priistas realizaron durante los comicios de 2018, tanto a nivel federal como estatal.
Incluso, desde 2016 en Veracruz, en la agonía del gobierno de Javier Duarte, la consigna para los operadores distritales priistas era apoyar a los candidatos a las diputaciones locales y dejar solo al abanderado a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, con quien el duartismo tenía una pésima relación. Lo mismo sucedió dos años después con José Yunes Zorrilla.
La apuesta en ambos periodos electorales era, ante la certeza de la inevitable derrota priista, evitar que el PAN regresara a la Presidencia y que se mantuviera en la gubernatura de Veracruz tras haberla ganado en 2016. Y para ello, la opción del PRI era Morena.
Fue de hecho muy evidente que desde la Presidencia de la República, todavía encabezada por Enrique Peña Nieto, se utilizó al aparato judicial del Estado mexicano para beneficiar al lopezobradorismo, haciendo públicos los detalles de una acusación en contra del abanderado panista Ricardo Anaya con el fin de hacer propaganda en su contra, ya que las imputaciones nunca procedieron.
Desde entonces se habló de un presunto “pacto” entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para que, una vez que el segundo arribara a la Presidencia, aquel gozara de cabal impunidad. Lo cual, por supuesto, se negó con contundencia.
Sin embargo, un año después del arribo de Morena al poder, el mexiquense vive la vida loca con su nueva pareja, paseando por el mundo sin que en México sea molestado ni con el pétalo de una insinuación de que será investigado por sus múltiples y bien conocidas corruptelas. Son los hechos, más allá de las especulaciones.
Y lo que también es un hecho es que el PRI ha decido buscar el cobijo del régimen de la autodenominada “cuarta transformación” apoyando, velada o abiertamente, sus decisiones.
Eso quedó claro cuando, escudados en una supuesta “propuesta alterna”, los senadores del PRI fueron omisos en la votación para reponer el ilegal proceso de designación de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con ello, convalidar tácitamente la llegada de Rosario Piedra para desmantelar ese organismo y ponerlo a los pies del régimen.
Asimismo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha sido criticado por su tibieza a la hora de señalar los despropósitos de la “4T” y ni de chiste osa tocar al Presidente de la República. No vaya a ser la de malas y al siguiente día amanezcan congeladas sus cuentas bancarias y abierta una carpeta de investigación en su contra.
La más reciente maroma de los gobernadores priistas fue la manifestación unánime de apoyo y adhesión de sus respectivos gobiernos al hasta ahora ineficaz Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), luego de una comida con el propio López Obrador en Palacio Nacional.
A su vez, el presidente le ha devuelto la cortesía a los mandatarios priistas visitando sus entidades hasta para inaugurar obras paupérrimas con tal de manifestarles cercanía, como es el caso con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a quien López Obrador le tiene especiales consideraciones, al grado que le sugirió a su homólogo de Veracruz, Cuitláhuac García, que vaya al estado vecino para que aprenda a hacer carreteras.
Camaleónico, pragmático y acomodaticio como pocos partidos en la historia, el PRI (antes PNR y PRM) vive su cuarta transformación con el gobierno de Morena. Que no le extrañe ver a la familia reunida en los comicios de 2021.
Solidaridad con Sergio Aguayo
El embargo de sus propiedades decretado por un impresentable juez de la Ciudad de México al académico Sergio Aguayo por criticar al muy corrupto ex gobernador priista de Coahuila, el gordillista Humberto Moreira, es una prueba más del enorme peligro que corre la libertad de expresión en México en estos momentos.
Solidaridad plena con Sergio Aguayo y repudio absoluto a estas regresiones, propias de un país bananero.
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