La nueva crisis migrante en el sur de México ha llevado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a caer a uno de sus niveles más bajos de servilismo a los Estados Unidos, ante el pavor que le provoca que el presidente de ese país, Donald Trump, la tome en su contra.
La actuación de la Guardia Nacional –que hasta ahora para lo único que parece servir es para cazar a los migrantes centroamericanos que intentan cruzar la frontera entre Guatemala y Chiapas- este lunes a la altura del río Suchiate fue vergonzosa, violatoria de los derechos humanos y de la propia tradición mexicana en su relación con el fenómeno de la inmigración de personas.
Porque lo que sucedió no fue un día de campo ni una invitación a respetar las leyes migratorias del país. Las fuerzas de seguridad persiguieron y sometieron con violencia, usando incluso gases lacrimógenos, a los numerosos migrantes que se internaron en estampida en territorio mexicano con la intención de llegar a la frontera con los Estados Unidos.
Ni en los años de los gobiernos más autoritarios en México había sido una política oficial detener el flujo de personas con toda la fuerza del Estado. Tuvo que llegar un régimen de supuesta “izquierda” a realizar lo que eufemísticamente sus aduladores y defensores oficiosos llaman “contención” de los migrantes, para trasladarlos a estaciones desde donde serán deportados. Exactamente de la misma manera que lo hace la Patrulla Fronteriza estadounidense, a la cual la Guardia Nacional ahora le hace el trabajo sucio.
Incluso, el ex presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y legislador federal por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, calificó la actuación de la Guardia Nacional como una “salvaje agresión” que violenta el artículo 11 de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, en contradicción con los dichos del propio presidente, quien jura que no hubo violación alguna de derechos humanos. Las imágenes lo desmienten.
Qué rápido se le olvidó al hoy presidente López Obrador cuando desde la oposición, hace apenas un lustro, le exigía al gobierno no hostigar y en cambio garantizar la libertad de tránsito de los migrantes centroamericanos por el país. Como muchas otras de las bravuconerías que se ha tenido que tragar.
Y mientras la Guardia Nacional, ese cuerpo militarizado de seguridad con el que el gobierno federal dizque iba a devolver la paz al país se ocupa de corretear y sojuzgar centroamericanos famélicos, en todo México la violencia sigue desbordada. Solo este fin de semana un pueblo en Chihuahua fue quemado entero por un comando de 150 sicarios, mientras que en Guerrero un grupo de diez músicos fueron asesinados y sus cuerpos calcinados por criminales de la zona.
Pero el gobierno lopezobradorista prefiere jugar el triste papel de cancerbero de Trump que atender lo verdaderamente importante. Por cierto, ¿alguien sabe si todavía vive en México un sacerdote de nombre Alejandro Solalinde, que en el pasado defendía a los migrantes de los abusos del gobierno?
La fiscal, insostenible
Verónica Hernández Giadáns quedó completamente insostenible como encargada de la Fiscalía General del Estado luego de la aceptación que este martes hizo, durante su comparecencia ante diputados del Congreso local, de su cercano parentesco con una integrante de un grupo del narcotráfico que opera en el sur de Veracruz.
Porque aun cuando en efecto la familia no se elige, como pretendió justificar, no solo cae en un conflicto de interés monumental –si su prima hermana no es detenida, ¿quién les creerá que no la protegen?-, sino que la misma presencia de Hernández Giadáns al frente de este organismo se convierte en un problema de seguridad pública y hasta para su propia persona, por las mismas razones.
No debe permanecer en el puesto. Nunca debió llegar.
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