En los últimos días y con la más absoluta impunidad, grupos ultraconservadores de corte y auspicio religioso han ventilado de manera grotesca y pública su cara más oscura: la de la más violenta intolerancia.
Primero en Acayucan y Cosamaloapan y luego con mucho mayor virulencia en las ciudades de Orizaba y Coatzacoalcos, un grupo de personas asociadas a organismos –éstos sí- ultraderechistas como el Frente Nacional por la Familia y la Red Pro-Vida irrumpieron en los encuentros “Por la Igualdad y la No Discriminación”, foros convocados por la diputada de Morena Mónica Robles Barajas para analizar propuestas de reforma al Código Civil del Estado de Veracruz e incorporarlas a la iniciativa correspondiente.
Plagados de prejuicios y consignas y a su vez desprovistos del mínimo argumento, esta suerte de inquisidores contemporáneos se presentaron a esos foros con un único objetivo: reventarlos e impedir que siquiera se pudieran plantear los objetivos y alcances de las reformas que se pretenden.
Actuando perfectamente organizados y coordinados como grupo de choque, estas personas –varias de las cuales se trasladaron a todos los foros, lo que hace cuestionar quién las financió- fueron azuzadas y aleccionadas a través de redes sociales por personajes como Brenda Lourdes del Río, coordinadora de la asociación ultraconservadora “Que Viva México”, ex candidata a diputada local por el Partido Encuentro Social en el estado de Jalisco y relacionada abiertamente con grupos de derecha religiosa radical sudamericanos, antiabortistas y anti derechos de la comunidad gay.
Del Río –quien presume ser descendiente de cristeros y sobrina nieta de un beato- subió la tarde del pasado domingo en su cuenta de Facebook un video en el que anunciaba que “en Coatza también se va a poner muy feo”, tal como sucedió: el foro tuvo que cancelarse ante la imposibilidad de establecer diálogo alguno. Simplemente, porque no tenían –ni tendrán- intención de intercambiar puntos de vista. Ellos van a imponer su visión fanatizada del mundo.
¿Y a qué se oponen estos grupos? ¿Qué se pretende reformar en el Código Civil de Veracruz? Cuando se les preguntaba, como sucedió en Orizaba, contestaban que están en contra del aborto y en defensa de lo que llaman la “familia natural”. Pero en las propuestas de reforma que se buscaban explicar no está contemplada la interrupción legal del embarazo, lo que evidencia que muchos de los reventadores no sabían ni a lo que iban.
Lo que sí se pretende es formalizar en el Código Civil la unión legal entre personas del mismo sexo, los llamados matrimonios igualitarios sobre los que ya existe jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde mediados de la pasada década declaró inconstitucionales las leyes que limiten el matrimonio civil a una unión entre un hombre y una mujer y que consideren que su finalidad es solamente la procreación.
Además, en el estado de Veracruz ya se celebran matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, precisamente gracias a esa jurisprudencia de la Corte. En los últimos tres años se han promovido cerca de 50 amparos y se han llevado a cabo por lo menos cinco uniones igualitarias. Por más que vociferen, es una realidad que no pueden desaparecer ni detener.
Porque a fin de cuentas, el matrimonio civil no es más que un contrato social para otorgarle derechos y certeza jurídica a las parejas que deciden unir sus vidas por esta vía. Nadie está planteando que las confesiones religiosas sean obligadas a casar a personas del mismo sexo. Como de igual manera ninguna asociación con pretensiones místicas tiene derecho a imponer que se violenten los derechos de los demás a ser tratados con igualdad ante la ley.
Pero estos grupos fanatizados –solo basta observar sus redes sociales- que dicen defender la familia, son los mismos que mantuvieron un silencio cómplice ante los cientos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos contra niños a los que les desgraciaron la vida, y por los que ninguno ha sido juzgado por autoridades que, como las de Veracruz, prefieren ser omisas ante las agresiones de estos individuos contra la libertad de expresión y elección, con tal de no molestar a la jerarquía eclesiástica.
Sin duda, los grupos ultraconservadores tienen derecho a no estar de acuerdo con una política pública y a expresarlo abiertamente. A lo que no tienen derecho es a acallar a quienes no piensan como ellos y a incitar a la violencia. Menos en un estado como Veracruz, que el año pasado registró 32 crímenes de odio y que en 2020 ya lleva uno.
Los predicadores del odio –que comen santos y cagan diablos- no tienen autoridad moral para juzgar nadie.
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