Por lo menos en los términos en los que está planteada en el borrador que se filtró la semana pasada, la propuesta de reforma penal que pretende llevar a cabo el gobierno de la autodenominada “cuarta transformación” representa un retroceso brutal en todos los órdenes, empezando por el de los derechos humanos.
En varios de los puntos que se dieron a conocer de la propuesta -y que incluyen, entre otros, la generalización de la figura del arraigo para la investigación de cualquier delito, la intervención de comunicaciones privadas para averiguaciones sobre temas electorales y fiscales, y hasta la validez de la obtención de pruebas a través de la violación de derechos humanos-, lo que se percibe es un endurecimiento autoritario en la aplicación de la ley por parte del régimen, que en los hechos significaría una regresión muy grave para el país.
Uno de los temas controversiales es la creación de un Código Nacional Penal, ya que varios analistas consideran que con ello se vulneraría la soberanía de las entidades federativas, al conculcárseles su potestad para legislar sobre sus propias leyes y quedar sometidas en cambio a las decisiones centrales, vía la mayoría en el Congreso de la Unión.
Asimismo, se pretende crear la figura de un nuevo tribunal cuya función sea juzgar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, responsabilidad que actualmente recae en el Consejo de la Judicatura. Pero la diferencia aquí es que los integrantes de dicho órgano serían nombrados por el Senado de la República, excluyendo a jueces, magistrados y ministros, lo cual claramente representa una transgresión de la división de poderes que implicaría además la intromisión abierta de la politiquería partidista en la impartición de justicia.
A ese indudable talante autoritario y regresivo de las propuestas que se dieron a conocer la semana pasada hay que agregar la intención de revivir delitos que atentan contra la libertad de expresión y de prensa.
La organización civil Artículo 19 denunció que en la propuesta de Código Nacional Penal se incluyen delitos como la injuria, la calumnia, la difamación y, en particular, uno que apunta directamente a la actividad y la crítica periodística: la “ofensa a las instituciones”.
“Constituye un ataque al orden o a la paz pública: toda manifestación o exposición dolosa hecha públicamente que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país; a las personas físicas o morales; a la Nación Mexicana; o a las Entidades Políticas”, dice literalmente uno de los artículos propuestos para dicho Código. Además de que se sustituye el principio de presunción de inocencia por el de “presunción de responsabilidad”.
El tufo totalitario de estos planteamientos recuerda al de aquel delito de “disolución social” con el que en su época de mayor poder el viejo régimen priista controlaba y reprimía la crítica, el antagonismo político y la inconformidad social, y pondría en serio riesgo –aún más- al ejercicio periodístico libre que tanto detestan los más “ínclitos” líderes de la “4T”.
Las críticas a este bodrio que implicaría reformas a la Constitución General de la República y a leyes como la de Amparo –se busca impedir que esta figura sea aplicable a proyectos de gobierno- provocaron que su presentación se pospusiera hasta inicios de febrero. Habrá que ver con qué saldrán entonces.
Sin embargo, cada vez es más evidente a qué se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando afirma que para fines de 2020 estarán asentadas las “bases de la cuarta transformación”: las de la intolerancia, el control absoluto y el uso de la ley como arma política. Una involución inaceptable.
¿Pero qué tal los memes de la rifa del avión?
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