Como muchos otros casos, resulta inexplicable que no se haya convertido en un escándalo nacional el asesinato a mansalva de una niña menor de edad y su abuelo en una localidad del municipio de Atzalan, a manos de elementos de corporaciones de seguridad.
La madrugada del jueves de la semana pasada, efectivos de Seguridad Pública estatal y la Fuerza Civil realizaron un operativo en la comunidad de Tepetzintla, en el municipio de Atzalan, cercano a Martínez de la Torre, del que los primeros reportes informaban sobre un ataque y una emboscada que habría sido repelida por los uniformados.
El informe oficial de la Secretaría de Seguridad Pública –que encabeza Hugo Gutiérrez Maldonado- reportó un saldo de dos personas muertas (un hombre y una mujer, reza el comunicado) y cuatro elementos policiacos heridos. Pero omitió deliberadamente un dato fundamental: que la “mujer” ejecutada era una niña de once años de edad, de nombre María Magdalena, así como su abuelo, Bellarmino Cardeña.
De acuerdo con reportes de medios de la región –porque tras el informe inicial, ni el gobierno estatal ni la Fiscalía General del Estado han proporcionado dato adicional alguno, como es costumbre- los elementos policiacos buscaban a un grupo de presuntos secuestradores e irrumpieron en varias viviendas. Entre éstas, la casa de Bellarmino Cardeña, quien creyó que se trataba de un hecho delictivo e intentó defenderse, siendo asesinado ahí mismo junto con su nieta.
Se trataría pues de una ejecución extrajudicial, producto de una operación policiaca deficiente y por la que tendrían que fincarse responsabilidades penales de inmediato, pues los supuestos encargados de mantener el orden y garantizar la seguridad de la población, nuevamente se convirtieron en asesinos de personas inocentes.
Incluso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz abrió una queja de oficio en contra de los policías involucrados en estos deplorables hechos que segaron la vida de una menor de edad y la de un gestor y ex autoridad de esa comunidad, donde hoy acusan al gobierno estatal de haber ordenado un operativo pésimamente ejecutado y por ende, fallido.
Pero eso no parece quitarles el sueño en la administración estatal, donde están más preocupados por responder chismes y grillas y por preparar represalias contra sus críticos. Son incapaces siquiera de admitir lo que habría sido, en el escenario menos grave, un trágico error y en cambio, con su silencio solapan un crimen.
Con tal de intentar ocultar su monumental ineptitud, son capaces de proteger a delincuentes con uniforme. Así la “moral” de la “4T”.
Amparados
Todavía no está dicho todo para los ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte que, por obra u omisión, convalidaron el saqueo a Veracruz perpetrado en ese infame sexenio.
El último secretario de Finanzas del duartismo, Antonio Gómez Pelegrín, ha tenido que solicitar un amparo para evitar ser detenido, luego de la orden de aprehensión que fue girada en su contra por su involucramiento en la red de empresas “fantasma” tan socorrida en ese periodo.
Aunque cabe destacar que Gómez Pelegrín no es el único responsable del robo descarado que se cometió en Finanzas. El verdadero autor intelectual de las transas, Juan Manuel del Castillo, está tan tranquilo que nos dicen que se pasea por la India tan campante.
Su “amparo” debe ser de otro tipo.
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