En medio de la opacidad con la que generalmente se ha manejado el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cifras dadas a conocer este lunes sobre el número de personas desaparecidas en México, reconocidas oficialmente, deja ver la verdadera dimensión del problema de la violencia que ni de cerca se ha enfrentado eficazmente en los últimos años.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de la República, Alejandro Encinas Rodríguez –si acaso, uno de los funcionarios más rescatables que hay en esta administración federal-, informó que se tiene registro de un total de 61 mil 637 personas no localizadas en territorio nacional.
Solo para tener un marco de referencia, según un reporte de la extinta Procuraduría General de la República, en el periodo conocido como la “Guerra Sucia”, en el que el aparato del Estado mexicano reprimió y exterminó extralegalmente a grupos subversivos y adversarios políticos entre 1969 y 1999, la cifra de desaparecidos fue de 480 personas.
La diferencia con los números de la actualidad es abismal y, en consecuencia, la tragedia que se padece en estos tiempos es de proporciones realmente dantescas. No se ha exagerado nunca al afirmar que se trata de una crisis humanitaria que por alguna extraña razón no ha ocasionado un escándalo –con su consabida condena- mundial.
La situación actual se encuadra dentro de un fenómeno que se registra como práctica criminal recurrente por lo menos desde hace prácticamente tres lustros, desde finales del sexenio de Vicente Fox, y que se convirtió en una estrategia de horror durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón. Con Enrique Peña Nieto simplemente se mantuvo en las mismas circunstancias. Y éstas tampoco han variado con el lopezobradorismo gobernante.
De acuerdo con Alejandro Encinas, entre el inicio de diciembre de 2018 y el final de 2019, se presentaron en total nueve mil 164 denuncias por desaparición forzada de personas en México, de las cuales, hasta el momento, cinco mil 184 permanecen en calidad de no localizadas. Solo en el primer año del actual gobierno federal.
De igual manera, en el mismo periodo de tiempo fueron exhumados de fosas clandestinas un total de mil 124 cadáveres, cuyos sepulcros ilegales se concentraron en su mayoría en los estados de Sinaloa, Colima, Guerrero, Jalisco y, como era de esperarse, Veracruz, en donde estas prácticas están lejos de haberse erradicado, contra lo que dicen las nuevas cifras alegres –y brutalmente maquilladas- del gobierno estatal, en donde creen que con cerrar los ojos se solucionan los problemas.
Es de destacarse que el gobierno federal por lo menos reconozca la magnitud de una tragedia que ha destrozado a miles de familias mexicanas y que no se oculten –o por lo menos, eso se esperaría- las víctimas que por temporalidad le competen a la actual administración.
Pero más allá de eso, se requiere una respuesta y una estrategia institucional real, congruente y eficaz que termine o por lo menos contenga la violencia desmesurada que no dejó de escalar en el primer año del presente sexenio. Cerca de 40 mil homicidios dolosos durante 2019 así lo confirman.
Y ya quedó más que demostrado que con los abrazos no basta para detener los balazos.
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