De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a más tardar el próximo 15 de enero, esto es, dentro de un mes, el Gobierno del Estado deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales etiquetados que no haya ejercido hasta el último día de diciembre, es decir, en los próximos 15 días.
Así está contemplado en el Artículo 17 del Capítulo I del Título Segundo del mencionado ordenamiento.
El viernes pasado, por primera vez el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, aceptó tal probabilidad, ya que su dependencia solo logró ejercer 61% de 438 millones de pesos que se le asignaron, quedando pendientes 198 millones de pesos, aproximadamente (agencia AVC Noticias, 13/12/2019).
De acuerdo a una nota de la agencia, Fernández Sánchez “Reconoció que una parte quedará para el año 2020, y se tendrá que gastar antes del primer trimestre del año, de lo contrario el dinero tendrá que ser reingresado a la tesorería Federal”. Ignora que los recursos no son transferibles de un año para otro.
En lo que se puede interpretar como un acto desesperado, confirmó lo que empleados de su oficina comentaban sotto voce: que solicitó a la Federación una autorización para ampliar el plazo a fin de poder ejercer la totalidad de los recursos de este año.
Dejan en entredicho al Gobernador
Con ello, de paso dejó en entredicho al propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien en su comparecencia ante el pleno de diputados el pasado 10 de diciembre aseguró que no había subejercicio de recursos federales en la entidad.
En esa fecha aludió la Ley de Disciplina Financiera aunque la interpretó mal por desconocimiento o a su conveniencia: dijo que para la adjudicación de recursos tenían hasta el último día de este año y que para ejercerlos hasta el próximo 31 de marzo.
En lo primero estuvo correcto, a medias. La ley dice que al día último de este mes deberán estar devengados o comprometidos todos los recursos, pero no expresa que podrán ser ejercidos todavía en el próximo trimestre del año entrante.
En el caso de la Sedesol, se entiende que no fueron devengados 198 millones de pesos (que no se hizo obra y está concluida) y que tampoco les dio tiempo de comprometerlos (para hacerla) en el periodo fijado por ley, por lo que tendrán que ser devueltos y, por lo tanto, se habrán perdido.
Muy complicado que les amplíen plazo
Ciertamente, queda abierta la posibilidad de que pudieran ampliarle el plazo legal, pero no es nada fácil y sí muy complicado. Primero tendría que explicar a la Legislatura local por qué no se ejercieron y convencer a sus integrantes que avalen su petición, para entonces presentarla ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque por la forma en que lo hizo, en forma directa, se habría saltado el primer requisito.
Pero si aquí podría salvar la aduana porque su partido tiene mayoría en el Congreso, en la SHCP no se ve viable: si le autorizan a Veracruz el recurso, entonces todos los demás estados del país que estén en las mismas circunstancias reclamarían el mismo trato y tendrían que hacerles la concesión, por lo que se relajaría toda la disciplina financiera.
Lo que también dice el Artículo 17 es que los recursos etiquetados que ya se comprometieron (mediante contrato) o que ya fueron devengados (obra concluida) hasta el 31 de diciembre y no se han pagado, deberán cubrirse, eso sí, a más tardar en los próximos tres meses, pero no dice que lo que no se ejerció podrá hacerse todavía en 2020.
Con algo más: si no se ejecuta la obra contratada o no se entrega en la fecha fijada en el contrato, entonces el dinero que quede (remanente) deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los siguientes 15 días naturales, pero con los respectivos intereses que se hayan generado. Así de simple.
El de la SIOP, caso grave de subejercicio
Hay un caso mas grave de subejercicio: el de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
En su comparecencia también ante la diputación local, su titular Elio Hernández Gutiérrez, hace apenas 19 días, el 27 de noviembre, aceptó que su dependencia había ejercido solo 50% del total de su presupuesto de 2 mil 165 millones de pesos.
Reveló que de 208 contratos celebrados, 129 habían sido adjudicados en forma directa, más de la mitad, un recurso desesperado no exento de actos de corrupción, para tratar de comprometer el 100% de los recursos asignados, algo que, según anunció, tendría listo el próximo viernes 20 de diciembre. En realidad, los contratos debieron haberse entregado mediante licitación luego del concurso de varias empresas.
En esa ocasión varios diputados denunciaron que varias licitaciones fueron declaradas “desiertas” para luego adjudicar en forma directa las obras a empresarios de Guanajuato, Puebla, Querétaro, Pachuca, Guadalajara y Ciudad de México.
Uno de ellos, Gonzalo Guízar Valladares, calificó como un acto de cinismo que se les dijera a los constructores locales que no cumplían los requisitos y que a algunos de plano les espetaran: “no vas tú, va un poblano”.
Aseguró que de las empresas beneficiadas de manera directa, muchas carecen de domicilios fiscales confiables, tienen historiales de fraudes en otros estados y no gozan de buena reputación en el ramo. La respuesta de Hernández Gutiérrez fue: “todos somos mexicanos”.
Pero aun así, el tiempo les ha ganado. Los contratos no se pueden entregar como si fueran volantes porque se tienen que revisar los aspectos técnicos y legales, por lo que no se ve cómo podrán comprometer el total de los recursos.
SESVER ¡apenas va a licitar lo de 2019!
Otro caso más es el de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), a cargo del doctor Roberto Ramos Alor. Apenas el viernes pasado la dependencia se ufanó de habilitar el actual periodo vacacional y mantener sus actividades para “el desahogo de procesos de licitaciones”.
Como gran novedad y sacrificio se anunció que: “En SESVER se habrán de desahogar, con plena validez, las distintas etapas de los procedimientos de licitación (Convocatoria, Junta de Aclaraciones, Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, Emisión del Dictamen Técnico, Notificación de Fallo y Contrato, entre otros)”.
¡Eso cuando ya solo falta una quincena para el cierre del ejercicio fiscal 2019! Apenas van a licitar (o seguramente a tratar de adjudicar en forma directa) contratos que debieron haberse comprometido a más tardar en marzo pasado y cuyas obras o servicios debieran estar siendo entregados en este mes, salvo excepciones que verdaderamente justificaran que no se hubieran concluido.
Así, todo indica que serán muchos los millones de pesos que no podrán ya ejercerse y tendrán que ser devueltos a la Federación, en un acto de irresponsabilidad por inexperiencia o incompetencia y desconocimiento de la ley, o por las tres cosas juntas, recursos con los que pudieron haberse creado fuentes de trabajo y reactivado las economías regionales.
Pero eso no es todo. De acuerdo a lo que devuelvan, en esa misma proporción la Federación castigará a Veracruz para el próximo año, esto es: solo entregarán para ejercer en 2020 la cantidad que ejercieron en este 2019, en el entendido de que lo que reintegren es porque no lo necesitan. Así son las reglas de Hacienda.
No entienden o no quieren entender que en el primer minuto del próximo 1 de enero, dentro de 15 días, deberán estar ejerciendo ya los recursos pero del presupuesto 2020.