A imagen y semejanza de lo que sucede a nivel federal, en Veracruz está en marcha la colonización de organismos y poderes a los que de autónomos solo les quedará el estatus legal.
Este lunes se concretó lo que estaba cantado desde el viernes de la semana pasada: el nombramiento de Sofía Martínez Huerta como magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE).
Su nombramiento generó descontento al interior del Poder Judicial estatal por varias razones. La principal, que Martínez Huerta fue designada como magistrada hace apenas mes y medio.
El pasado 14 de octubre y tras varios meses en el limbo jurídico, a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez fueron designados por el Congreso del Estado 13 nuevos magistrados del TSJE, que entraron a ocupar las vacantes que dejaron igual número de togados que durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares fueron “invitados” a jubilarse.
Entre esos nuevos magistrados se encuentra Sofía Martínez Huerta, que si bien tiene una trayectoria de más de dos décadas en el ámbito judicial, ésta transcurrió en cargos menores: fue secretaria de juzgado, jueza municipal y secretaria de la Sala Civil del propio TSJE.
Y como ya se está volviendo costumbre en tiempos de la autodenominada “cuarta transformación”, lo que pesó a la hora de su nombramiento por el Pleno del Poder Judicial del Estado no fue ni de cerca el perfil, ni la experiencia ni la trayectoria, sino la “recomendación” proveniente desde otro Poder. En este caso, del Ejecutivo estatal.
Ha sido práctica recurrente en los últimos meses imponer incondicionales del régimen en espacios clave, tanto en el ámbito federal como en la entidad. Sucedió en la Fiscalía General del Estado y en el Órgano de Fiscalización Superior, en donde ahora despachan una operadora de la Secretaría de Gobierno y una ex representante de Morena ante organismos electorales, respectivamente.
Además, para lavarse un poco la cara por los feminicidios que asuelan Veracruz, el régimen ha procurado que estos nombramientos recaigan en mujeres, para dar una imagen de supuesta inclusión y paridad de género, que queda desvirtuada cuando lo que en realidad se busca es colocar incondicionales que les permitan a otros, hombres, tener el control institucional del estado sin contrapeso alguno.
Dirán que eso también pasaba antes. Que cada gobernador colocaba en el Poder Judicial a un presidente a modo, así como a titulares de organismos supuestamente autónomos sometidos por los intereses políticos. Y no hay duda de que eso es verdad.
Pero como en función de lo ocurrido en un año de “4T” la cantaleta de que “se suponía que eran diferentes” está completamente desgastada, lo único que resta decir es lo evidente: son iguales a ésos a los que antes criticaron y combatieron. Lo único que buscaban era el poder. Aunque hasta ahora no han demostrado que sepan hacer algo con él, que no sea medrar.
Cinismo desbordado
Y hablando de ser “diferentes”, el acarreo descarado operado por el gobierno de Veracruz para obligar a los burócratas estatales a asistir a la faraónica concentración en el zócalo de la Ciudad de México por el primer año de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, constituye por lo menos una coacción que merecería una investigación y castigo.
Pero el cinismo está desbordado.
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