No, no sé qué pensar de los funcionarios que por ahora comparecen –y de los que faltan– ante los diputados locales con motivo del Primer Informe de Gobierno, quienes sin ningún rubor aceptan y comentan, como si nada, su irregular actuación al frente de las dependencias a su cargo.
Cito los casos de los secretarios de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, y de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, por los montos que manejan, quienes no tuvieron ningún empacho en aceptar que –aunque nunca citaron el término– han caído en el subejercicio de recursos, esto es, que teniéndolos no los han ocupado para lo que se les entregó.
En sus comparecencias, el primero de ellos aceptó que tienen un subejercicio de 31 por ciento, de un presupuesto de 2,165 millones de pesos, mientras que el segundo confirmó que de un presupuesto de 589 millones faltan todavía por ejercer 189 millones 241 mil pesos, o sea, también han caído en el subejercicio.
Sin duda exhiben falta de planeación o mala planeación, lo que podría atribuirse a su inexperiencia, a negligencia por no decir que a irresponsabilidad de su parte, aunque resulta sorprendente que la Contraloría General del Estado no haya vigilado su desempeño y el oportuno ejercicio de los recursos (su titular ha salido a justificar en cambio el nepotismo alegando que no es un delito).
Por ningún motivo se justifica que a menos de cuarenta días para que termine el año y el ejercicio fiscal no hayan ejercido la totalidad de sus presupuestos y que apenas estén en la contratación –que no licitación– de las obras, que conforme a los lineamientos legales debieran estarse concluyendo ya para ser entregadas a partir de la próxima semana.
Y ante las prisas que les han agarrado, dado que ya no tienen tiempo para licitar, han optado por la asignación directa de los contratos, lo que no deja de ser una tentación para favorecer empresas constructoras de familiares, amigos, socios o cómplices, o a otros a cambio de moches.
Comparecieron y no fueron capaces de precisar para cuándo se tendrán las obras, aunque una fecha extraordinaria límite les marca el mes de marzo del próximo año, pero es impensable que no van a realizar en noventa días lo que no pudieron hacer en todo un año.
En sus respectivas comparecencias, ambos debieron haber estado comentando ya los presupuestos que ejercerán en 2020 y las obras programadas, pero todavía ni siquiera empiezan a ejercer parte del ejercicio de 2019, a punto de concluir.
Todo el dinero que han tenido guardado (se supone) lo debieron haber empleado con oportunidad, desde inicios de año, con lo que hubieran reactivado las economías regionales del Estado además de que hubieran propiciado la creación de empleos.
Pero, además, ese dinero no lo han tenido bajo el colchón de sus camas, se supone que lo tienen en bancos y, por lo tanto, están generando intereses. Como comúnmente se dice, entonces han estado jineteando, sudando el dinero que es todos los veracruzanos, y la pregunta obligada es a dónde ha ido a parar el monto de esos intereses.
Dentro de treinta y cuatro días, a partir del primer minuto del 1 de enero próximo, se deberán estar ejerciendo ya los presupuestos de 2020, por lo que lo que no se haya utilizado del actual tendrá que ser devuelto, incluso porque al día último de marzo próximo no se hayan concluido las obras.
Yo me resisto a creer la versión de que el subejercicio es a propósito, para que precisamente no se ejerza todo el dinero y se devuelva al gobierno federal para que lo destinen al Tren Maya, no lo creo pero tampoco lo descarto.
Pero me temo que, ¡ay!, pudiera estarnos ocurriendo lo mismo que con los miles de muertos por la violencia e inseguridad, que hemos terminado por acostumbrarnos a ambos fenómenos al grado que lo vemos con toda normalidad y ya nada nos inquieta ni nos conmueve porque nos invade la indiferencia.
Resulta que –se supone– se planeó un presupuesto, se obtuvo el recurso, se tiene pero no se ha ejercido en su totalidad –y el que se ejerció no se acaba de concretar en obras públicas–, el Estado sufre de muchas carencias y necesidades, pero se tiene el dinero “calentando” y se ha caído en un subejercicio que muchos no dudan en considerar como un acto de corrupción.
Y resulta que hay una autoridad fiscalizadora que se ha hecho de la vista gorda, que no ha exhibido el cumplimiento de los plazos y las metas y que ni siquiera ha intentado una sanción administrativa así sea con el pétalo de una rosa.
Algo como sociedad nos está pasando cuando ya nada nos sorprende y no reaccionamos para exigir explicaciones, el cumplimiento cabal del ejercicio de recursos públicos, de nuestro dinero que pagamos en impuestos, y que se sancione a los responsables.
A confesión de parte relevo de pruebas. Pero, como decía Javier Duarte, ahora sí, aquí no pasa nada. Qué duda cabe, tenemos el gobierno que merecemos.