La burda imposición de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le está saliendo demasiado cara al régimen lopezobradorista. Es un absoluto desastre institucional.
Si algún dato faltaba para desfondar lo que le pudiese haber quedado de autoridad moral, fue el documento difundido este lunes en el que queda en evidencia plena que la hija de Rosario Ibarra de Piedra les mintió a los senadores y junto con ellos, a los mexicanos, acerca de su situación política.
El pasado 9 de octubre, al inscribirse para buscar la titularidad de la CNDH, Piedra Ibarra entregó a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República un oficio firmado en el que, bajo protesta de decir verdad, aseguró “no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”.
Como es público desde la semana pasada, Rosario Piedra aparece en el padrón de Morena como integrante de su Consejo Nacional por lo menos hasta hace unos pocos días, lo que en automático la vuelve inelegible para el cargo pues se trata de uno de los máximos órganos de dirección de ese partido. Por ese solo hecho es, dicho con absoluta puntualidad, una presidenta espuria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Si a eso se agrega la más que desaseada manera como se llevó a cabo la votación para su designación, lo que resulta de ello es una ombudsperson sin legitimidad alguna que no solo estará a las órdenes del Ejecutivo federal, que es a quien en realidad le debe el puesto, sino que no podrá cumplir ni medianamente con la responsabilidad que pretende asumir, la cual en el violento México de la actualidad no es poca cosa.
No solo fue desconocida ya como ombudsperson por el gobernador de Querétaro y por la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) -todos ellos de filiación panista-. Los presidentes de 28 comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción –incluido el de Veracruz, Emilio Cárdenas Escobosa- criticaron el ilegal nombramiento de Piedra Ibarra pese a su inelegibilidad y solicitaron a “los Poderes del Estado Mexicano llevar a cabo nombramientos en donde se funde y motive la idoneidad de los candidatos que compiten de forma pública, abierta y transparente por los puestos de las distintas instituciones”.
En cualquier otro país con una mediana normalidad democrática, Rosario Piedra Ibarra no hubiera llegado siquiera a la terna que luego se votó fraudulentamente en el Senado. Y tras exhibirse su falta de cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo, cualquier otra persona con un gramo de dignidad y vergüenza ya habría renunciado al mismo.
Sin embargo, una de las reglas no escritas pero de inflexible aplicación en el México de la autodenominada “cuarta transformación” es que al presidente no se le cuestiona ni se le dice que no a sus decisiones. Mucho menos se da marcha atrás, a menos que sea él mismo quien así lo decida con base en el cálculo político y a través de algún pretexto. Reconocer que se equivocó, ¡jamás! Eso no está en el léxico del lopezobradorismo.
El legado de lucha de Rosario Ibarra de Piedra en favor de las víctimas de abusos de poder en México no se merece esa mancha. Ni los derechos humanos pagar el costo de la obstinación.
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