El anuncio de que Morena y sus aliados impulsarán una reforma constitucional para recortar el financiamiento que reciben los partidos para poder reasignarlo al presupuesto 2020 no caerá nada bien entre los institutos políticos, sus aliados e incluso muchos analistas que justifican el costo público de la democracia representativa.
Si bien la Reforma Política de 1977 impulsada por Jesús Reyes Heroles marcó un hito al reconocer constitucionalmente a los partidos políticos como “entidades de interés público” y otros cambios para abrir la puerta a una competencia más igualitaria como el registro condicionado a nuevos partidos y las fórmulas de integración de la Cámara de Diputados, el contexto político y social que se vivía era uno enteramente diferente.
La mayor virtud de Reyes Heroles fue ver con claridad que el monopolio del PRI era uno de los ingredientes más importantes para exacerbar o promover conflictos de distinta naturaleza, como las guerrillas urbana y rural; los movimientos sindicales como los de los electricistas, ferrocarrileros, trabajadores textiles, universitarios y de Pemex; las organizaciones vecinales en colonias populares para exigir la regularización de terrenos; conflictos agrarios y varios otros.
Los recursos públicos destinados a los partidos eran en ese ambiente una inversión para lograr la estabilidad política porque la mayoría de los movimientos eran portadores de un reclamo común: la democratización.
Con todo lo imperfecta que puede ser nuestra democracia no podemos negar que hubo avances, pero tampoco que la norma se ve rebasada por la naturaleza humana.
Al mismo tiempo que se hizo el anuncio de Morena, el Instituto Nacional Electoral informó que alista multas a partidos por 714 millones de pesos por recibir recursos fuera del sistema bancario, por ocultar movimientos financieros, por gastos no comprobados y otras irregularidades en sus ingresos y egresos. Pese a los múltiples candados que la ley electoral tiene para supervisar el uso de los recursos y la cantidad que los partidos reciben, se demuestra que nunca es suficiente y que la ambición por el poder es un incentivo mucho más grande, pues siempre se cae en la tentación de transgredir la norma con tal de obtener ventaja sobre los contrincantes.
Como si eso no fuera suficiente ya hay una gran corriente de opinión que rechaza las exorbitantes cantidades de dinero que reciben los partidos, mientras es notable que existen áreas descobijadas como la seguridad, salud, educación, ciencia y cultura, sólo por mencionar actividades que justificarían plenamente la canalización de más recursos. Un sector cada vez más amplio de la ciudadanía se cuestiona si vale la pena darles tantos recursos a los partidos si de todos modos harán trampa para obtener más o para que la burocracia partidista disfrute de privilegios que el ciudadano común y corriente ni se imagina, pues la cantidad de gastos que pueden endosar a sus organizaciones las cúpulas partidistas llegan a ser insultantes para un ciudadano de ingresos medios a altos.
Por otro lado, el contexto político es muy diferente. Ahora ciudadanía y gobierno de las siglas que sean tienen un enemigo común que es el crimen organizado y enfrentarlo cuesta, y mucho, porque se trata de un enemigo sumamente poderoso. Esto sólo como uno de los problemas destacables porque persisten otros no menos importantes como la pobreza, la cobertura de servicios de salud y la infraestructura que se requiere para impulsar la economía.
Y ya que se habla de los dineros, sería una decisión muy loable que a la par de quitarle recursos a los partidos, a cada político que se le compruebe desvío de recursos o que no sepa cómo explicar su riqueza, el primer castigo sea devolver lo que tomó indebidamente, como el caso de Javier Duarte y su esposa Karime Macías, y eso sólo por mencionar esos nombres que lastiman de manera especial a los veracruzanos pero que deben indignar al país entero. No sólo ellos, también a los que creen que ya se salvaron, es cuestión de investigarlos y las pesquisas deberían ser, por lo menos, de director de área para arriba. La de casos que tendrían las autoridades; a los ciudadanos no nos causará sorpresa, pero qué reconfortante sería algo de justicia.
