Mientras el fallido operativo del Gobierno Federal en Culiacán sigue acaparando titulares y análisis, la situación que priva en el resto del país en materia de seguridad no es mejor que en el estado de Sinaloa.
En la anterior entrega de la Rúbrica, se mencionó el dato del número de homicidios cometidos en México desde que asumió el poder el actual gobierno: casi 30 mil, de acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común con corte al 30 de septiembre de este año, presentado este domingo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Y entre las entidades federativas que más destacan, pero por sus malos resultados en materia de seguridad y combate a la violencia está, para no variar, el estado de Veracruz, cuyo gobierno fue de los primeros que presurosamente salió a “solidarizarse” con la Federación por su fracaso en Culiacán la semana pasada.
Por ejemplo, Veracruz ocupa el deshonroso primer lugar nacional en secuestros, con 246 casos denunciados hasta fines de septiembre –porque no hay que olvidar que estas cifras se integran a partir de las denuncias presentadas ante las fiscalías-, por encima del Estado de México que tiene 151, la Ciudad de México con 147, Puebla con 62 y Morelos con 46.
Por lo que toca a los feminicidios, Veracruz también registra el mayor número de casos en el país, con 140 mujeres asesinadas hasta el mismo corte del 30 de septiembre, por encima del Estado de México con 81, Nuevo León con 53, Puebla con 45 y Ciudad de México con 40.
La incidencia de estos delitos en el caso particular de Veracruz es sintomática de un problema que la autoridad ha sido incapaz de atender. Pero a diferencia de lo que estuvo haciendo todo el año, ahora ya no tiene en quién descargar culpas y responsabilidades.
Los datos evidencian que tanto en los secuestros como en los asesinatos de mujeres se registró un aumento en el número de casos entre los meses de agosto y septiembre. Y no hay que perder de vista que desde el 3 de septiembre pasado despacha en la Fiscalía General del Estado Verónica Hernández Giadáns, impuesta en el cargo por el régimen tras la “suspensión” aún no resuelta jurídicamente de Jorge Winckler Ortiz, a quien el gobierno de Cuitláhuac García acusó de “inflar” las cifras de la incidencia delictiva para afectar su imagen.
Pues bien, ni con una “fiscal” a modo ha podido esconderse la realidad de violencia y criminalidad incontenible en Veracruz, que este mismo fin de semana se volvió a expresar en su forma más sangrienta con el ataque a balazos a un bar en el municipio sureño de Catemaco, que dejó como saldo dos personas muertas y nueve heridas, entre las cuales se encontraban tres menores de edad.
El enorme problema es que, tanto a nivel federal como estatal, quienes tomaron el poder el 1 de diciembre de 2018 siguen sin asumir que desde ese momento la responsabilidad pública y política de lo que pase en el territorio que gobiernan es suya, y prefieren evadirla culpando a los gobiernos del pasado, discurso que cada vez es menos efectivo ante la contundencia de los hechos de violencia que les explotan en las manos cada vez con mayor frecuencia.
Para dimensionar la magnitud de lo que está pasando, mientras el reporte del SESNSP señala que en el violento Sinaloa de los “chapitos” se registraron un total de 17 mil 275 delitos, en Veracruz la cifra asciende a 37 mil 934 hechos criminales cometidos entre enero y septiembre de este año, con dos masacres –Coatzacoalcos y Minatitlán- impunes.
La realidad mata la retórica.
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