En este país tan lastimado por la violencia, la corrupción, la desigualdad, los feminicidios y la pobreza no basta con que se diga que se imparte justicia, la justicia debe tener credibilidad. Un fallo, lo hemos aprendido por las malas, puede significar el término de una disputa, pero no siempre significará que se hizo justicia.
Si sometemos a un rígido escrutinio a nuestros órganos de impartición de justicia es posible que no aprueben la evaluación. Existen cosas que simplemente asumimos “porque así ha sido siempre” o “lleva tantos años que es difícil cambiar”. Señalo aquí una que siempre me ha parecido una incógnita: la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué once miembros? En once seres humanos recae la responsabilidad nada menos que de resguardar la Constitución. Considero que es una lápida muy pesada para once espaldas, diez por ahora, porque al final se trata de seres humanos que, con muchas cartas académicas y de trayectoria, interpretan la ley no sólo según sus saberes sino sus creencias y valores..
Sus decisiones, no obstante, pueden definir el destino no sólo de algún individuo sino de grupos de población considerables o de toda la nación. Pero así son las cosas por ahora. De la falibilidad de las personas elegidas para el cargo hay varios ejemplos, no sólo el más reciente del exministro Medina Mora, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyos datos deben ser bastante comprometedores como para orillar al exministro a presentar su renuncia a un cargo en el que todavía le quedaban once años. ¡Once años en uno de los cargos más soñados del país! El salario no se lo puede imaginar la mayoría de la población y las prestaciones menos. ¡Y lo deja! Eso no lo hace nadie, a menos que…
Pero no es el único, en 1990 el mismísimo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunció a su cargo “por motivos de salud”, como se estilaba argumentar en esa época, pero en realidad envuelto en una serie de escándalos de corrupción, entre los cuales había acusaciones directas contra él de otros jueces por favorecer a narcotraficantes; en 2012 afloraron diferencias importantes entre Felipe Calderón y la SCJN, el ejecutivo también utilizó a la PGR para descalificar al ministro Sergio Valls aunque no logró que renunciara; en 2013 una de las caras más lastimosas de la condición humana la dio el exministro Genaro Góngora Pimentel cuando se dio a conocer su resistencia a otorgar pensión alimenticia a sus dos hijos, a cuya madre había encarcelado, lo que dejaba en indefensión y sin los cuidados necesarios a los dos niños que padecían autismo, además de su negativa a aceptar entregar el 35 por ciento de su salario de jubilación –que era demencialmente espléndido (más de 350 mil pesos)- alegando que no se había tomado en cuenta el “estatus social medio bajo de ambos” y prácticamente ordenó a una juez lo que debía estipular como pensión (12,818 pesos por cada niño) argumentando que se debían eliminar los gastos de diversión ya que por su condición “se veían imposibilitados para divertirse”.
Así, es sobre seres humanos con emociones, tentaciones y posibilidad de equivocarse en quienes recae la impartición de justicia en el más alto nivel, con un poder de determinación prácticamente irrefutable, pues no existe autoridad o ley que pueda estar por encima de las resoluciones de la SCJN.
A esto le podemos agregar la composición de género del pleno. Con la salida de Medina Mora, quedan diez ministros y en ese grupo sólo hay dos mujeres, las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Yasmín Esquivel Mossa ¿Cómo puede esperarse una justicia con perspectiva de género cuando la mayoría de los ministros son varones?
Este ha sido precisamente el sentido de las cuotas de género en las normas electorales, no sólo abrir el acceso a las mujeres a los cargos de representación sino que sean portadoras, en la elaboración de leyes o en la ejecución de cargos de autoridad, de la perspectiva de género.
En un estudio realizado por María Antonia Rodríguez y Antonio Garrido (“La doble brecha de género”) sobre la composición de cuatro congresos nacionales (México, Argentina, Chile y Uruguay entre 1994 y 2012) se puede ver que la introducción de las cuotas de género repercutieron en la presentación de un mayor número de iniciativas a favor de las mujeres, cuanto mayor número de ellas integraba las cámaras o asambleas.
Esta vacante que deja Medina Mora es una oportunidad para ir zanjando la desigualdad de representación de género que existe en la SCJN. Los ministros duran en el cargo quince años y sólo a uno de ellos le restan dos años para concluir la duración de su nombramiento, el resto todavía tiene entre cinco y once años por delante, a menos que alguno de ellos se haya portado mal y tenga que irse antes. De no ser así, y de no proponer ahora a una mujer para ministra (Yasmín Esquivel fue propuesta en esta administración) la igualdad en esta institución quedará a la zaga. Es posible que la justicia con igualdad para las mujeres también.
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