Conforme avanza el gobierno de la autollamada “cuarta transformación” en México, aparecen más signos que debieran causar gran alerta sobre el debilitamiento de las instituciones y de la división de poderes en el país.
Este martes se concretó la salida de Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia sin que se cumplieran los requisitos constitucionales para tal efecto, que establecen que la renuncia de un ministro debe darse por causas graves (mismas que nunca fueron explicitadas ni hechas públicas), y que ésta debe ser aceptada por el titular del Ejecutivo (de quien solo se informó que así lo había hecho, sin mayor evidencia).
El ex ministro en retiro José Ramón Cossío –que hace unos días fue infamado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en una “mañanera”, en la que lo acusó sin pruebas de asesorar legalmente a los colectivos que presentan demandas de amparo en contra de los proyectos de infraestructura de su gobierno- describió de esta manera en su cuenta de Twitter lo que sucedió en todo el caso Medina Mora.
“Constitucional y legalmente, el proceso de renuncia ha sido un desastre. El que debía aceptar, estuvo ausente. Los que debían aprobar, también. No se enteraron de nada. Se lastimó al orden jurídico. No algo en abstracto. Simplemente, nuestras más mínimas reglas de convivencia”, publicó Cossío, a quien le cayó una lluvia de bots y trolls en su cuenta.
Las formas y el orden jurídico es algo que a la “4T” pareciera importarle un soberano pepino. Este mismo martes, y tras “nuevas reflexiones jurídicas”, el mismo juez que había concedido la suspensión definitiva de la obra de construcción del aeropuerto de Santa Lucía por no contar con estudios en materia de seguridad aérea y factibilidad aeronáutica, entre otros, se echó para atrás y revocó su decisión original, al aceptar como válido el argumento oficioso de que se afectaba la “seguridad nacional” al detener la edificación de lo que se pretende sea una terminal aérea de tipo comercial. La presión presidencial también ahí surtió efecto.
Y por si no bastase el circo en el que se está convirtiendo el Poder Judicial de la Federación, por la noche del mismo martes ni más ni menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se presentó en un programa de televisión de corte ultraoficialista y propagandístico en el Canal Once –medio público convertido ominosamente en vocero del gobierno-, conducido por John Ackerman, uno de los golpeadores preferidos del lopezobradorismo y esposo de la secretaria de la Función Pública Irma Sandoval –la que invitó a su suegra a dar una conferencia “magistral” sobre “combate a la corrupción” en la sede de la dependencia que encabeza este 10 de octubre-. En política, no hay coincidencias. Y sí muy claros mensajes cuando éstas “aparecen”.
El desprecio por la legalidad demostrado por los regímenes emanados de Morena a nivel federal y de los estados está perfectamente reflejado en el Índice de Estado de Derecho 2019 de World Justice Project, organización que establece puntos de referencia para evaluar el cumplimiento de los países a partir de estos factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Criminal. Las calificaciones van del 0 al 1, donde 1 es la mayor adherencia al Estado de Derecho.
México –el país donde el gobierno estableció el fin de la corrupción por decreto- ocupa el lugar 99 de un total de 126 países evaluados, y su puntaje es de 0.45. O sea, su calificación ni siquiera llega a la mitad y en términos escolares sería reprobatoria. Estamos por debajo de naciones como El Salvador, Belice, Zambia, Guatemala, Liberia y Sierra Leona, y en el mismo nivel que Togo, Kenia e Irán. A nivel regional, México ocupa el lugar 26 de 30 países.
Estos resultados corresponden a lo analizado en este año por World Justice Project, por lo que este gobierno no tiene cómo echar la culpa a sus antecesores de la pobreza de los mismos.
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