La intempestiva renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta al debate sobre el papel que debe jugar el Poder Judicial en el entramado institucional del país.
Para nadie es un secreto que el nombramiento mismo de Medina Mora como ministro durante el sexenio pasado fue un hecho irregular, ética y políticamente condenable, dados sus nexos con el entonces presidente Enrique Peña Nieto e incluso con sus antecesores, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, en cuyos gobiernos ocupó altos cargos, lo que de suyo ponía en tela de juicio su independencia de criterio y su autonomía para tomar decisiones que pudiesen afectar los intereses de sus ex jefes.
Medina Mora sale de la Corte en medio de una denuncia en su contra por presunto lavado de dinero interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que descubrió transferencias millonarias a sus cuentas bancarias. Impresentable por donde se le viese, nunca debió ser ministro del máximo órgano encargado de impartir justicia en México.
Sin embargo, la manera como se procesa su salida, junto con las malas prácticas demostradas por el actual régimen, tampoco augura buenos tiempos para la independencia judicial y la división de poderes en México. La vacante dejada por Medina Mora podría ser la llave que necesita el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para tomar el control político del órgano garante de la constitucionalidad y con ello, eliminar el último contrapeso real que queda a su poder cuasi omnímodo.
Los antecedentes recientes así lo indican. En marzo de este año, el Senado de la República designó a Yasmín Esquivel Mossa como ministra de la Corte a pesar del evidente conflicto de interés que representa el hecho de que es esposa del empresario José María Riobóo, muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es público además que el actual Presidente de México ha tenido varios desencuentros con el Poder Judicial a causa de resoluciones como los amparos en los casos del fallido aeropuerto de Texcoco y la base aérea de Santa Lucía, o sobre las percepciones salariales de los propios integrantes de la Judicatura.
López Obrador ha arremetido contra jueces, magistrados y ministros cuando sus decisiones no favorecen las suyas, lo que provocó alerta respecto de una posible asonada contra el Poder Judicial alentada por afines a su gobierno, como el senador Félix Salgado Macedonio, quien sin ambages ha amenazado con destituir a los ministros que se opongan a los designios de la autodenominada “cuarta transformación”. Grave desde cualquier óptica. Más aún, tratándose de un integrante del Poder Legislativo, donde Morena ya tiene la mayoría.
Habrá que estar atentos a la manera como se lleve a cabo el procedimiento para la sustitución de Eduardo Medina Mora y al perfil de la terna de candidatos que presente el titular del Ejecutivo federal para ocupar esa vacante, la tercera que le toca en lo que va de este sexenio.
Sin embargo, lo que se aprecia es una tendencia a colonizar los poderes y los organismos autónomos con incondicionales. Un ejemplo es lo que sucede en Veracruz, donde la discusión en torno del nombramiento de 13 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado gira sobre la llegada a esas posiciones de afines y recomendados del régimen morenista en la entidad.
Esta situación incluso provocó la publicación este domingo de una carta de 20 jueces locales dirigida a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en la que exigen que se tome en cuenta la trayectoria y los perfiles de quienes llevan años de carrera judicial, ya que “los partidos políticos en compañía de los integrantes de la Diputación Permanente, pretenden repartirse las magistraturas”, por lo cual “se está privilegiando la posición política, el amiguismo y los compromisos de grupos”.
Por lo visto, a la “4T” le gusta más la justicia a modo.
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