Este jueves 12 de septiembre concluye el periodo de entrevistas que los diputados locales realizan a los 54 aspirantes a ocupar el cargo de auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) que pasaron a la segunda fase del proceso largamente dilatado por la Comisión de Vigilancia, que encabeza el morenista Eric Domínguez.
Y sigue privando la sospecha sobre la manera como se está conduciendo ese proceso. No solo por haberle permitido inscribirse al actual titular, Lorenzo Portilla, a pesar de muy claramente violar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado, que prohíbe expresamente la reelección, por más que digan que fue designado bajo otra normatividad. Precisamente por eso es que no puede desempeñar el cargo nuevamente, ya que el actual proceso se rige por una ley totalmente diferente a la de 2012.
Además, la convocatoria expedida por el propio Congreso local el pasado 19 de agosto también señala entre los requisitos por cumplir “no haber sido, durante el año previo al de su nombramiento, titular de dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, Magistrado, Presidente Municipal o Gobernador del Estado”. Portilla es en este momento, como se sabe, titular de un organismo del Estado, lo que además lo vuelve juez y parte y le da una inequitativa ventaja sobre los demás aspirantes.
Ni hablar de su calidad moral y reputación, cuando como auditor general dejó pasar todos los brutales desvíos de recursos cometidos durante el sexenio de Javier Duarte, además de que ha mentido abiertamente al negar su militancia partidista en el PRI y al armar un teatro en la Fiscalía General de la República para simular públicamente que presentaba denuncias por presuntas irregularidades del gobierno yunista, cuando no tiene facultades legales para hacerlo personalmente.
Sin embargo, Portilla no es el único de los aspirantes que no cumple a cabalidad los requisitos legales para llegar al Orfis. Una de las postulantes, a la que se especula que se impulsa desde el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y sería su “carta escondida”, tampoco cubre el perfil requerido.
Se trata de Delia González Cobos, que en la actualidad también es titular de una dependencia del Ejecutivo del Estado: trabaja como procuradora fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Asimismo, la convocatoria referida establece claramente como uno de los requisitos para participar en el proceso de selección “contar al momento de su designación con una experiencia de, al menos, cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”.
El currículum de González Cobos publicado en la página de la Secretaría de Finanzas y Planeación no deja lugar a la duda: su experiencia más cercana a las tareas de fiscalización fue en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fungió como asesora en materia fiscal de la Comisión de Gobierno; en la Procuraduría Fiscal de la Federación como directora de Legislación; y como subadministradora de Asuntos Especiales en la Administración Local Jurídica del Oriente del SAT. Ninguno vinculado directa y específicamente con la fiscalización.
Sus demás cargos han sido en la “grilla” partidista, mismos que son los que en verdad estarían siendo considerados para impulsarla a un puesto que requiere un perfil que supere por mucho el de las asesorías legales menores, pues ni siquiera es contadora pública, sino licenciada en Derecho.
Pero con eso que para la llamada “cuarta transformación” solo hace falta un uno por ciento de preparación y “99 por ciento de honestidad” para ser servidor público –en este gobierno, por supuesto-, amén que lo que digan las leyes para la designación de funcionarios las pisotean con singular alegría, pues que no nos extrañe nada.
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