Más allá de la inconstitucionalidad de la remoción “temporal” de Jorge Winckler como fiscal general de Veracruz, otro hecho de suma gravedad para la procuración de justicia en la entidad es el nombramiento de su “sucesora”, Verónica Hernández Giadáns.
Como se señaló en la anterior entrega de esta columna, el artículo 498 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) establece que en caso de que la titularidad de este organismo quede vacante por cualquier circunstancia, quien tomará el lugar como encargado será uno de los servidores públicos en el orden de prelación de su misma estructura, lo que en este caso le correspondería al Visitador General.
Valga recordar que el 28 de noviembre de 2016, Jorge Winckler Ortiz asumió el cargo de visitador general para dar paso a la renuncia del entonces titular de la FGE, Luis Ángel Bravo Contreras -que ya sabía lo que venía tras la derrota electoral del duartismo-, cuyo relevo tomó como encargado de despacho hasta que fue ratificado como fiscal general por el Congreso del Estado –en ese momento con mayoría de PAN y PRD- el 30 de diciembre de ese mismo año.
Así que lo que debió hacer el Congreso del Estado –además de cumplir con la Constitución y en todo caso someter la separación de Winckler como fiscal a votación del Pleno y no de la Diputación Permanente- era nombrar como sustituto o sustituta a quien ocupase el cargo de visitador general de la FGE.
Pero como de lo que se trataba era de tomar por asalto el organismo, los diputados se fueron de bruces y en lugar de hacer lo que ordena la ley, nombraron como encargada a una empleada de segundo nivel de la Secretaría de Gobierno, la directora jurídica Verónica Hernández Giadáns, lo que no solo reitera la vulneración de la autonomía de la FGE, ya que eso representa una flagrante intromisión del Poder Ejecutivo, sino que pone en un serio predicamento a la procuración de justicia en Veracruz.
Al ser totalmente irregular el nombramiento de Hernández Giadáns, todos los actos que lleve a cabo en la Fiscalía, como nombramientos, actuaciones ministeriales, integración de carpetas de investigación, etc., podrían adolecer de nulidad de pleno derecho, a grado tal que en litigios particulares, los querellantes aprovechen esos resquicios para impugnar las actuaciones de la Fiscalía y dejar sin efecto cualquiera de sus resoluciones.
Se trata de un asunto extremadamente delicado, porque significaría que los ciudadanos veracruzanos nos encontraríamos en este momento en absoluta indefensión jurídica, al no existir acreditación legal plena de la encargada de conducir al organismo de investigar los delitos del fuero común en el estado, poniendo en peligro el orden institucional mismo en la entidad.
A lo anterior todavía hay que agregar que el perfil profesional de Verónica Hernández Giadáns es inadecuado para el cargo, pues de acuerdo con su currículum, publicado en la página web de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, no solo no tiene experiencia en el ámbito de la procuración e impartición de justicia –su trayectoria laboral transcurre entre la burocracia municipal y la actividad notarial-, sino que ni siquiera cuenta con conocimientos en materia de derecho penal; sus áreas de “expertise”, según su síntesis curricular, son el derecho notarial, tributario, civil y administrativo.
¿Se imagina lo que pasará cuando se enfrente a los “tiburones” que defienden a delincuentes como los que salieron de prisión a principios del sexenio de Cuitláhuac García? ¿O como el que está a un paso de obtener su libertad en el Reclusorio Norte? ¿O como los integrantes del crimen organizado?
Y falta verificar si, como se mencionó desde la tarde de este miércoles en redes sociales, la encargada de la FGE tampoco cuenta con los controles de confianza del Sistema Nacional de Seguridad Pública, argumento con el cual los diputados justificaron la remoción de Winckler.
Aceptar un cargo para el que no se tiene capacidad de suyo ya representa un acto de corrupción. Hacerlo a sabiendas de que se pasa por encima de las leyes es de un cinismo bárbaro. Poner en peligro con ello la seguridad y la garantía de acceso a la justicia de los veracruzanos, con tal de sacar adelante un berrinche político, es criminal.
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