Estoy a la espera de que el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI informe el resultado de la convocatoria que lanzó el pasado 10 de julio para elaborar lo que decidieron llamar Acuerdo Veracruz para la Gobernabilidad y el Desarrollo.
Dos días antes, en conferencia de prensa, el presidente del CDE, Marlon Ramírez Marín, había dicho que habría un lapso de treinta días para conocer los planteamientos de la sociedad.
Por lo que expresó entonces, movía su iniciativa el hecho de que el gobierno escuchara pero (aclaró la diferencia) no atendiera a los ciudadanos, atención entendida como ofrecer resultados; pretendía que hubiera un canal oficial que cumpliera esa tarea.
En esa ocasión dio un dato que me llamó la atención: dijo que ya había recorrido 69 municipios de las diez regiones en que está dividida la entidad, que habían analizado el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y que no estaban incluidas muchas acciones que la sociedad demanda.
El martes pasado por la noche hablé con él y me actualizó la cifra de municipios visitados: lleva ya ochenta, número que aumentará este fin de semana, en una segunda vuelta por la Huasteca, porque visitará El Higo, Tempoal, Tampico Alto, Pueblo Viejo, Ozuluama, Cerro Azul y Zacualpan.
Si bien ahora como dirigente partidista y en tareas de contacto con la base de su partido, en realidad se anda actualizando porque a su paso por la administración pública, donde fue subsecretario de Gobierno, tuvo una radiografía completa del territorio estatal, de sus actores políticos y de los problemas de la entidad.
Atribuyo al hecho de que fue funcionario de la administración pública estatal el que se conduzca con mucha urbanidad política con el gobierno cuitlahuista pues se preocupó por aclarar que su iniciativa no busca llevar la contraria a las políticas de los gobiernos federal y estatal como tampoco representa intereses exclusivamente del tricolor.
Para él, lo que debe importar al gobierno del Estado es que los ciudadanos, que en su mayoría le otorgaron su confianza, tengan respuesta con resultados. “… entendemos que los recursos son finitos y las necesidades no lo son, pero eso no quiere decir que no haya un canal para poder dar la atención”.
Luego de reunirse con sectores como el empresarial, barras y colegios de abogados, campesinos y productores del campo, entre otros, ha dicho que le ha quedado clara la necesidad de escuchar la voz de la sociedad a través de lo que él llama una mesa de gobernabilidad donde se sumen voluntades para resolver problemas como el de la inseguridad.
Cuando anunció la elaboración del Acuerdo Veracruz, dijo que se proponía la realización de mesas de trabajo en las que se analizarían diez puntos: sobre seguridad, desarrollo económico, gobernabilidad, salud, desarrollo agropecuario, medio ambiente, educación y tecnología, infraestructura, turismo, cultura y tradiciones.
Expresó que los planteamientos que recibieran los iban hacer llegar al Congreso porque su partido no estaba en contra de la administración, sino para enriquecer la agenda del gobierno para poder dar resultados, en su caso a la gente que confía en el PRI.
“Lo que estamos buscando es hacer un acuerdo en donde todas las instancias y todos los actores sociales y políticos del Estado puedan plantear sus puntos de vista. Vemos que hay una visión obtusa sesgada de una parte de la administración”.
Seguramente no faltará quien lo critique por ofrecer su colaboración en lugar de criticar al gobierno, pero desde mi punto de vista me parece una oposición responsable que busca soluciones en lugar de sumarse a la guerra de declaraciones verbales y mediáticas que inunda a diario los medios y que solo causa ruido, distrae pero no resuelve; que sirve para ocultar los problemas de fondo.
La tarea de reunirse con los diversos sectores del Estado, de escucharlos y de buscar que los atiendan dándoles respuestas es algo que debiera estar realizando todos los días y en todo momento el secretario de Gobierno Eric Cisneros, pero ante su inactividad en ese sentido debiera aprovecharse el trabajo del dirigente priista.
El martes pasado por la noche me reuní con él para comentar sobre la situación interna de su partido y en general sobre la situación política del Estado. Me quedó claro, por ejemplo, su coordinación con la minibancada de su partido en el Congreso y de apoyar todo lo que sea de beneficio para Veracruz y los veracruzanos.
Por invitación suya lo visité en sus oficinas y pude encontrar caras conocidas, de militantes que se mantienen fieles a sus siglas y colores, quienes me comentaron que Marlon los ha llamado a trabajar pero además los escucha y los apoya, contrario a lo que hicieron otros dirigentes.
El dirigente partidista acepta que la tarea que tiene enfrente no es fácil, pero para nada da muestras de conformidad menos de derrota. Está optimista, se ve seguro y afirma que luego del desencanto que están teniendo muchos veracruzanos con la nueva administración, espera que sus militantes no bajen los brazos y sigan luchando por recuperar los espacios “que nos pertenecen”.
Caso Mixtla
El caso Mixtla de Altamirano está totalmente politizado, quién lo duda.
Por eso resulta interesante la detención del exsíndico Ricardo “N” presunto autor intelectual del asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea, crimen que desató una verdadera guerra de acusaciones entre altos funcionarios del gobierno del Estado y el fiscal general del Estado.
En los últimos días los espacios en los medios han estado llenos de declaraciones más con efectos políticos deseados que con aportaciones de pruebas que ayuden a clarificar los hechos y a castigar a quien o quienes resulten responsables.
Por el bien de Veracruz, del Estado de derecho, todos debieran apegarse en forma estricta a las pruebas que aporte la Fiscalía y a lo que determine el juez que conoce del caso, porque la guerra verbal solo sirve para distraer de los graves problemas que vive la entidad y que requieren solución, como la inseguridad, las carencias en los servicios de salud, el grave desempleo y la falta de empleos, la parálisis económica, etcétera.
Los veracruzanos en su mayoría se dan cuenta de que los protagonistas no buscan que se aplique la ley y que se resuelva conforme a derecho sino que el caso se utilice para dañar al enemigo político.
Veracruz no se merece que por culpa de sus pleitos se politicen los asuntos judiciales y las autoridades se distraigan y desatiendan lo verdaderamente importante y prioritario: lograr el bienestar de toda la población.