Cuando parecía que el perdón y el olvido eran parte del estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, llega la noticia de que la exjefa de Gobierno, Rosario Robles, está presa.
Para los mexicanos cualquier funcionario público de administraciones anteriores que sea sujeto de investigación representa la esperanza de un verdadero cambio en la impartición de justicia.
Para que la transformación cobre cuerpo y sustancia debe haber sacrificios humanos. La justicia en México dejó de funcionar por muchos años y lo poco que se hacía respecto a los funcionarios públicos en ese sentido era producto de venganzas personales o de la fabricación de delitos a inocentes.
Ahora, con muchos funcionarios públicos gozando de impunidad, se hace necesario que la mano de la ley ejerza su poder. Es hora de que no sólo Rosario Robles sino una serie interminable de exfuncionarios públicos de todos los niveles, no solamente sean investigados sino sentenciados, con castigos ejemplares para que quien quiera violar las leyes vea que ya no es posible o, por lo menos, le costará más trabajo y tendrá más probabilidades de ser castigado.
Falta una larga lista de hombres y mujeres que deben investigarse, mismos que fueron exhibidos por valientes comunicadores. No podemos esperar más cuando el deterioro de la sociedad comienza a suceder, sobre todo en el sentido de unidad alrededor de la figura presidencial.
Ya hubo una reacción positiva en la aceptación del Ejecutivo Federal con la propuesta de que los partidos políticos regresen su presupuesto, ahora con el encarcelamiento de una figura pública de primer nivel, su popularidad seguramente seguirá aumentando.
Lo cierto es que si metiera a un exfuncionario corrupto a la cárcel cada día no le alcanzaría el sexenio para hacer justicia. Tampoco habría espacio en las cárceles.
La práctica de la corrupción era una tarea habitual en muchos de los espacios de la administración pública. La burocracia en México era caracterizada por ser una de las más corruptas del mundo.
La dimensión de la corrupción en México es inmensa y no hubo nivel de gobierno que estuviera exento de cometer este tipo de anomalías. Es una realidad que no debe quedar impune tanto en el gobierno federal como en algunos estados. Ahí tenemos al gran amigo de Enrique Peña Nieto, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que está prófugo y no ha habido fuerza que lo meta a la cárcel.
Los cómplices que se quedaron haciendo guardia y cuidando las espaldas del otro Duarte en Veracruz, también deben ser llamados a cuentas. Claro, algunos serán intocables gracias a que pasarán de ser delincuentes de cuello blanco a soplones de alcurnia.
Las complicidades crean sólidas redes de delincuencia organizada dentro de la estructura de gobierno, de tal suerte que si es atacado un punto, con una investigación seria, habrá muchos otros conectados a ese delito. Así, ante la investigación contra Rosario Robles, seguramente habrá otros implicados. Ya se mencionan algunos nombres y, con toda certeza, tendrán que colocarse en el banquillo de los acusados. PEGA Y CORRE.- Ahora suenan dos nombres que pueden crear un precedente para juzgar a los delincuentes de cuello blanco: Meade y Peña Nieto. Si siguen buscando encontrarán muchos más y juntos, fiscales y delincuentes, harán historia en realidad… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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