Porque así es su estilo de romper las formas, de hacer lo que quiera cuando lo quiera (su capricho), el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió de hecho adelantar para este lunes su primer informe de gobierno.
Tiene un buen pretexto: se cumple un año de que en forma abrumadora los mexicanos lo eligieron presidente, aunque apenas lleva seis meses al frente de la administración pública federal.
En fecha tan especial le ha salido el priista que lleva dentro: hará de este lunes el día del presidente, que en el priismo se celebraba el 1 de diciembre de cada año cuando el titular del Ejecutivo rendía su informe de 12 meses de actividades a partir de que tomaba posesión.
En los hechos, AMLO empezó a decir, a tomar decisiones, a adelantar anuncios, a recorrer el país, a gobernar ante la ausencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, la misma noche de hace un año cuando se confirmó su triunfo en las urnas. Desde entonces no ha parado.
Con algunas diferencias de forma, recobra vida la presidencia imperial, como calificó Enrique Krauze a la de los gobiernos priistas, aunque ahora el ritual se sale del recinto de la Cámara de Diputados para tomar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas informó que asistirán familiares de López Obrador, representantes de los Poderes de la Unión, integrantes de su gabinete, del cuerpo diplomático acreditado en México, líderes de diversos sectores, aunque también se espera a los gobernadores y a las cúpulas militar y religiosa del país.
Lo único que hará la diferencia con los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo es que ahora no estará comentando en vivo los incidentes ni haciendo entrevistas, en cadena nacional, Jacobo Zabludovsky.
Ahora, en lugar de los acarreados priistas con los que llenaban las calles por donde iba a pasar el Tlatoani tricolor rumbo a San Lázaro, será con la masa chaira con la que llenen el Zócalo.
Tan les salió el priismo que llevan dentro que la Secretaría de Gobernación ya había decidido que el informe se transmitiera en cadena nacional a través de todas las televisoras y radiodifusoras del país.
Si bien una lluvia de críticas encabezadas por las de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón hizo que dieran marcha atrás, la disposición nos recordó el control del gobierno federal sobre esos poderosos medios de información y entretenimiento, y seguramente a los concesionarios que no se se les olvide que las licencias para que operen son propiedad del Estado.
AMLO dictará la línea que seguirán en Veracruz
Será interesante escuchar lo que diga López Obrador, el repaso y los anuncios que haga, porque estará dictando la línea a seguir a todos los gobiernos estatales y municipales morenistas, ya que él y solo él determina qué se hace y qué no, esto es, ningún gobierno estatal, incluyendo el de Cuitláhuac García Jiménez, puede actuar por iniciativa propia.
Por eso, creo yo, estaría por demás que acá organizaran otro “bailongo” como el que también habrá en el Zócalo porque Cuitláhuac no tendría otra cosa que anunciar más que repetir lo que dicte el tabasqueño, y porque es poco lo que se ha hecho y en cambio son muchos los problemas sin resolver.
En lo personal, aunque no vaya a hacer “bailongo”, sí me gustaría que Cuitláhuac nos dijera por propia voz qué podemos esperar para este segundo semestre del año, o si va a continuar más de lo mismo (en el caso de la publicidad oficial, determinaron que definitivamente este año no habrá nada para ningún medio y están programando que se otorgue a solo unos cuantos hasta para el primer trimestre del próximo año).
Confía auditor superior en que se aplicará la ley
Escuché con atención la entrevista que le hizo el jueves pasado Óscar Mario Beteta, del Grupo Fórmula, al auditor superior de Veracruz Antonio Portilla Vásquez.
El periodista le hizo una pregunta que, estoy seguro, interpreta la inquietud del pueblo veracruzano: “—¿Piensa usted que tarde o temprano serán llamados a presentarse ante la ley?”
Se refería a quienes en calidad de funcionarios del gobierno han caído en actos de corrupción al hacer mal uso de los recursos públicos cuyo manejo les fue confiado.
“Seguro estoy que así debe de ser, porque la sociedad exige que haya justicia y que se acaben los actos de impunidad”.
Beteta se centró en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. El auditor le respondió que han presentado en total 13 denuncias en contra de su administración, diez ante la Fiscalía General del Estado y tres ante la Fiscalía General de la República.
El entrevistador le preguntó si no veía como un problema que el fiscal general del Estado estuviera protegiendo a su exjefe. Portilla le respondió: “… creo que cada quien tenemos atribuciones que debemos cumplir y la ley señala que si no se cumple, estamos obligados a tener alguna responsabilidad”.
El jueves pasado comenté en “Prosa aprisa” que el fiscal Jorge Winckler está ante la gran oportunidad histórica de reivindicarse luego de haber servido a los intereses del ahora exgobernador, de ganarse plenamente la confianza de los veracruzanos y de dotar de plena autonomía a la Fiscalía, ajena a cualquier interés político, si procede con todo profesionalismo a investigar los señalamientos contra sus excompañeros de grupo.
Sigo pensando que ganaría credibilidad, que se fortalecería en el cargo y que quizás hasta lograría, por fin, que el morenismo en el poder lo aceptara si actúa.
Óscar Mario le preguntó al auditor: “—Oiga, ¿y se dará seguimiento (a las denuncias contra el gobierno de Yunes)? ¿Ustedes estarán muy pendientes para que no se archiven o se guarden en el cajón de los recuerdos?”
Fiscales, ante una gran oportunidad
“No, no Mario, de hecho, le comento, en días pasados le mandamos un oficio al Fiscal General del Estado diciéndole de las denuncias que habíamos presentado y en el caso de la FGR estamos a la espera de ratificarlas y presentar pruebas adicionales a las denuncias que presentamos”.
También lo cuestionó sobre si las denuncias son “con nombres, apellidos y números”. Le respondió que sí, “son denuncias de hechos” para que se determine a los presuntos responsables.
Creo que el fiscal no tendría problemas para no actuar porque el auditor superior declaró que a los presuntos responsables implicados en la Cuenta Pública 2017 se les dio la oportunidad de solventar las irregularidades presentando la documentación correspondiente, pero no lo hicieron, ante lo que también se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que depende de la Fiscalía General del Estado.
Caray. De hecho, Portilla Vásquez también le ha puesto a modo el balón al llamado fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, para que anote y demuestre que fue designado por su probidad profesional y no para proteger los intereses del grupo yunista, que es una de las cosas que le cuestionan.
El auditor del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz está cumpliendo con su tarea, procediendo en forma correcta y por las vías legales, pero ahora toca a los procuradores de justicia que esta se haga realidad y que se repare el daño que se causó al patrimonio de los veracruzanos.
Estas son las cosas de fondo que se deberían de atender y resolver, que luego se pierden o se olvidan ante tanto ruido mediático por asuntos que solo sirven de distractores.
En la entrevista, Portilla Vásquez le dijo a Beteta que en los últimos once años, de 2007 a 2018, el Orfis ha presentado 172 denuncias que implican un daño patrimonial por 34 mil 601 millones de pesos y que están implicados 107 ayuntamientos y 65 entes estatales. Impresionante en verdad, lo que ilustra el alto grado de corrupción que ha prevalecido en Veracruz, con su componente correspondiente: la impunidad. Ya habrá oportunidad de comentar con más amplitud el tema.